Durante el transcurso de la última semana, se conocieron algunos proyectos de ley que ingresaron a la Legislatura para comenzar su tratamiento en comisiones.
Desfibriladores en los móviles de la Metropolitana
La legisladora porteña Cristina García De Aurteneche (Confianza Pública)
presentó un proyecto de ley que obliga a la
Policía Metropolitana a adquirir desfibriladores automáticos para la totalidad
de los móviles de seguridad. El proyecto apunta a agilizar la atención ante casos de paros cardiorespiratorios que muchas veces son frecuentes en la vía pública.
"Se trata de
aparatos que son de fácil manejo, tienen un sistema de voz y escritura que te
va indicando los pasos a seguir tanto para disponer la descarga eléctrica como
para realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar", dijo García De
Aurteneche.
“El 50 % de
las personas que fallecen por infarto agudo de miocardio y el 60 % de las
muertes causadas por traumas ocurren antes de que el paciente ingrese a un
centro asistencial, es decir, en el domicilio o en la vía pública”, continúa la ley.
Proponen la transferencia de 27 delitos penales a la Justicia de la Ciudad
La legisladora porteña del Frente para la Victoria (FpV), María Rosa Muiños, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura acepte la transferencia de competencias penales con el objetivo de que el Poder Judicial local investigue y juzgue 27 delitos y contravenciones cometidos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los que se destacan la comercialización y el suministro de drogas, los actos de corrupción y de discriminación.
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| Tribunal Superior de Justicia de la CABA |
"Los 31 jueces y 40 fiscales que conforman la Justicia penal local investigarán, por ejemplo, a los inspectores que habilitan lugares que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas; o a los funcionarios imputados por malversación de caudales públicos que provocan la pérdida de recursos cuyo destino podría ser la construcción de viviendas, hospitales o escuelas. Es lógico que sean nuestros jueces y magistrados los que investiguen y juzguen estas conductas", sostuvo Muiños.
Y agregó "La Ciudad cuenta con una Justicia moderna, con códigos ágiles y con recursos humanos capacitados para investigar, juzgar y condenar a los funcionarios corruptos y a los distribuidores que venden drogas".
Sobre este último punto, la legisladora del FpV aclaró que "el Estado debe trabajar para combatir a los narcotraficantes, pero también garantizar la prevención de las adicciones a través de la inclusión social, con más trabajo y más educación; y controlar que en los lugares de atención se respeten los derechos humanos y se provea el correcto tratamiento a las personas que padecen este flagelo".
La legisladora kirchnerista informa que el traspaso se realizaría en tres etapas. En forma "inmediata se transferirán los delitos contra la administración pública ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad, cuando sean cometidos por sus funcionarios públicos, o contra ellos, y que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que se tramite ante los tribunales locales".
A esta primera etapa, se suman "la tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional; la violación de domicilio; la penalización de actos discriminatorios; los delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; e incendio y otros estragos siempre que el hecho sea cometido por un funcionario público o agente de la autoridad de la CABA", enumera Muiños.
Y en cuanto a las otras dos etapas, la diputada describe que "a los nueve meses de aprobada la norma, se realizará el traspaso de los delitos contra la fe pública, los delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; estafa procesal y estafa; y delitos contra la seguridad del tránsito y del transporte. Finalmente, a los dieciocho meses de entrada en vigencia de la ley, se transferirán delitos como lesiones, estupefacientes y suministro infiel de medicamentos".
La semana pasada ingresó a la comisión de asesores de Asuntos Constitucionales el proyecto de ley que establece porcentajes iguales entre hombres y mujeres para acceder a cargos representativos y órganos colegiados.
El mismo fue presentado por las diputadas Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico en FA-Unen) y María Rachid (FPV), y fue acompañado, junto a otra propuesta similar de la Defensoría del Pueblo, por organizaciones de la sociedad civil entre las que estuvieron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación para el Estudio de la Mujer (FEIM) y la Fundación Carolina Muzzilli.
El PRO tiene mayoría en la comisión en cuestión (8 miembros sobre un total de 15), y recientemente presentó un proyecto para crear el código electoral porteño.
“En el siglo XXI ya se habla de los derechos digitales -de cuarta generación- y aún estamos poniendo en debate si debe haber la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a cargos en los que se toman decisiones”, explicó la legisladora socialista Virginia González Gass.
“La creación de un nuevo Código Electoral es una oportunidad para democratizar las instituciones, cambiar una cultura sexista y promover la igualdad de oportunidades”, añadió la diputada socialista.
Paridad se busca: Igualdad de género para cargos políticos
La semana pasada ingresó a la comisión de asesores de Asuntos Constitucionales el proyecto de ley que establece porcentajes iguales entre hombres y mujeres para acceder a cargos representativos y órganos colegiados.
El mismo fue presentado por las diputadas Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico en FA-Unen) y María Rachid (FPV), y fue acompañado, junto a otra propuesta similar de la Defensoría del Pueblo, por organizaciones de la sociedad civil entre las que estuvieron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación para el Estudio de la Mujer (FEIM) y la Fundación Carolina Muzzilli.
El PRO tiene mayoría en la comisión en cuestión (8 miembros sobre un total de 15), y recientemente presentó un proyecto para crear el código electoral porteño.
“En el siglo XXI ya se habla de los derechos digitales -de cuarta generación- y aún estamos poniendo en debate si debe haber la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a cargos en los que se toman decisiones”, explicó la legisladora socialista Virginia González Gass.
“La creación de un nuevo Código Electoral es una oportunidad para democratizar las instituciones, cambiar una cultura sexista y promover la igualdad de oportunidades”, añadió la diputada socialista.
