Campaña en redes por la ley de paridad teatral en la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 19 de septiembre de 2018
in Andrea Conde, Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Cultura, Legislatura, Ley de Paridad Teatral, Popurrí informativo, proyecto de ley, redes sociales, Teatro

Bajo el lema #LeyDeParidadTeatralYA, se realizó una campaña en redes para promover la sanción de la Ley de Paridad Teatral en la Legislatura Porteña, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los géneros en todas las áreas de trabajo, incluyendo los roles de planta, programación, técnicos y creativos, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires (CTBA).

El CTBA es un organismo creado en el año 2000 que nuclea artística y administrativamente los 5 teatros públicos más importantes de la Ciudad: El Complejo General San Martín, Teatro De la Ribera, Teatro Alvear, Teatro Regio y Teatro Sarmiento.

Desde su creación estuvo abocado a la promoción de disciplinas como teatro, danza, música, títeres, cine y fotografía. Históricamente estas instituciones estuvieron dirigidas siempre por varones. El proyecto de ley hace mención a que, por ejemplo, en el Teatro San Martín “sólo en una oportunidad (entre mayo y noviembre de 1971) hubo una mujer como directora artística, la actriz Iris Marga, pero nunca en la historia una estuvo al frente de la dirección general”.

El proyecto de ley fue presentado por la diputada y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Andrea Conde, a partir de un estudio de género realizado por dicha Comisión.

En los resultados de ese estudio, se observó que las mujeres dirigieron apenas un 20% de las obras, y que solo un texto escrito por una mujer fue presentado en escena. Además, apenas sólo el 36% de las contrataciones artísticas teatrales se dirigieron a mujeres y no hubo lugar para personas trans o no binarias. En el caso de la iluminación, el porcentaje es abrumador: el 80% de las obras presentadas en el CTBA en 2017 fue iluminada por varones. Hay un solo rubro en el que las mujeres son mayoría y no sorprende: vestuario. Allí, el 81% de quienes trabajan son mujeres.

"La cultura, el arte, el teatro son espacios privilegiados en la reproducción del imaginario social. Son herramientas poderosas tanto para reproducir un determinado orden de las cosas como para cuestionarlo y plantar la semilla de la transformación. Y en la cultura, la mirada de las mujeres siempre ocupó un lugar invisibilizado. La historia es mayoritariamente contada por varones y el teatro no es la excepción. Por eso estamos impulsando esta Ley de Paridad Teatral, que busca plantar esa semilla de la transformación que nos permita dejar de reproducir en todos los ámbitos posibles una cultura patriarcal centrada en el valor de la mirada y la palabra de los varones, y así poder garantizar una real participación de las artistas y trabajadoras de espacios culturales mujeres, lesbianas, varones y mujeres trans y no binarias", manifestó Conde.

El proyecto de ley, que tiene doble giro a las Comisiones de Mujer y de Cultura, ya comenzó a ser tratado y se busca que avance. El proyecto ya tiene el apoyo de Actrices Argentinas, ARTEI (Asociación Argentina de Teatro Independiente), MUA (Mujeres Audiovisuales), AÚLLA Mujeres Artistas, FAAO (Frente de Artistas Ambulantes Organizados) y MECA (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos). Además, numerosas actrices ya firmaron su adhesión al proyecto: Cecilia Roth, Cristina Banegas, Gloria Carrá, Alejandra Flechner, Anabel Cherubito, Virginia "Bimbo" Godoy, Patricia Malanca, Mariela Asensio, Paola Barrientos, Maruja Bustamante, Andrea Servera, Noralih Gago, Mora Recalde, Lorena Vega, Erika Halvorsen, Noralih Gago y Stella Galazzi.

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Avanzan los cambios en el Código de Edificación

Diego Adrián Fernandez - 10 de septiembre de 2018
in Audiencias Públicas, Código de Edificación, Código Urbanístico, construcciones, Legislatura, Políticos en Acción, Popurrí informativo, proyecto de ley

La Legislatura de la Ciudad aprobó el pasado jueves el proyecto de ley para el nuevo Código de Edificación. El documento en cuestión tiene el objetivo básico de actualizar y regular los procedimientos de construcción por parte de privados o entes públicos en el ámbito de CABA.

El actual Código de Edificación, pese a haber recibido alguna modificación particular, es del año 1943 y perderá vigencia el día posterior a que la nueva ley sea publicada en el Boletín Oficial. De todos modos, este proyecto fue aprobado en primera lectura. Esto significa que deberá analizarse en Audiencia Pública y luego retornar al recinto para un nuevo debate y su potencial aprobación final.

La iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, recibió 34 votos a favor de Vamos Juntos, 20 en contra (UC, BP, PS, FIT, PTS, GEN) y 6 abstenciones (Evolución y Mejor Ciudad).

Se busca reducir también la cantidad de obras paralizadas acelerando los tiempos de resolución de trámites de las futuras construcciones, que además serán más sustentables.

Una Cláusula Transitoria del proyecto establece que los trámites de permisos y avisos de obra que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, serán tratados según lo normado en el Código de la Edificación vigente al momento de dicha presentación.

Como medidas sustentables, el nuevo Código promueve el uso de iluminación led, filtros solares, la incorporación de tanques de acopio, estacionamiento para bicicletas, entre otros, en los edificios. Introduce además la perspectiva de género y diversidad sexual planteando una arquitectura inclusiva en lugares públicos con la habilitación de los baños unisex, baños familiares, y los cambiadores de bebés en sanitarios masculinos y femeninos.

La diputada Victoria Roldán Méndez (VJ), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, explicó durante el debate que "este Código de Edificación busca reconocer estos nuevos modos de vida y redistribuye el espacio habitable para su optimización y eficiencia en nuestra diversidad, fomentando la equidad intergeneracional, la accesibilidad de las personas con discapacidad y la equidad de género y respeto por la diversidad sexual".

Además, la nueva normativa incorpora la implementación del diseño sustentable, estableciendo soluciones ambientales y requisitos mínimos que deberán ser respetados, como el control en el uso del agua, el uso eficiente de la energía, y la gestión de residuos en obra, entre otros.

El proyecto de ley, según manifiesta el Ejecutivo "permitirá una periódica revisión y actualización técnica, que acompañe junto con los avances tecnológicos el desarrollo físico y constructivo de la Ciudad, y atendiendo las necesidades sociales de sus habitantes".

Nuevo Código Urbanístico

En la misma sesión, y siguiendo la línea del debate por el código de edificación, se aprobó la herramienta de planificación urbana que se constituye en un marco clave para determinar como crecerá la ciudad en los próximos años.

El proyecto establece los nuevos lineamientos sobre cuánto y dónde se puede construir, algunos criterios y localización de actividades y usos. Su aprobación final - en caso de darse de esa manera - corresponderá luego de pasar por la instancia de Audiencia Pública.

La decisión legislativa modifica el Código de Planeamiento Urbano -CPU- vigente desde el año 1977, que tuvo cambios sustanciales en 1989 y en 2000, con la Ley 449, y dos actualizaciones en los años 2007 y 2013.

El nuevo código respeta, y a su vez dota de sustentabilidad a las áreas patrimoniales e identitarias conocidas como Áreas de Protección Histórica -APH, Áreas de Equipamientos Especiales -EE- y Urbanizaciones Determinadas -U:

- APH: Se conservarán las 40 existentes para cuidar el patrimonio histórico de la Ciudad. 

- EE: áreas de servicio para los vecinos, estarán ubicados en lugares tales como escuelas, universidades, hospitales, tiro federal, etc.

- U: Con características especiales, como calles largas y chicas, que se buscan conservar. Ej: Parque Chas, Villa Fraga, Rodrigo Bueno, etc. Todas las villas urbanizadas que obtienen su ley se encuadran en esta clasificación.

¿Qué se podrá construir?

Entre muchos otros conceptos que se incorporan y especifican en el documento, destaca el tema de la altura, una problemática que combatieron muchos vecinos en diversas zonas de la Ciudad.

- Alturas: Se establecen 6 alturas distintas según las zonas y el máximo permitido será de 38 metros. En cambio, en el CPU vigente hay 27 tipos de alturas.

- No habrá más torres sorpresa en los barrios. El vecino podrá consultar qué altura máxima de construcción hay en su manzana, lo que le da previsibilidad y transparencia. Sin embargo, se podrán construir torres en lugares que tienen normas específicas, por ejemplo: Puerto Madero. El concepto "torres" se refiere a las construcciones de elevadas alturas que cuentan con viviendas u oficinas.

- Con el Código Urbanístico el 70% de la Ciudad de Buenos Aires tendrá menos de cinco pisos.

La reacción de la oposición

Argumentaron desprolijidades en el proyecto cuyo texto final fue "presentado dos o tres días antes de la sesión".

Por otra parte se señalaron deficiencias para la habitabilidad y movilidad de los discapacitados y que "se delegan facultades a la autoridad de aplicación por lo que el Ejecutivo podrá habilitar soluciones no previstas en el Código".

Se aludió a "la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires por la que hay 146 mil hogares con déficit, 255 mil viviendas vacías, es decir el 24% son ociosas; y que 980 mil personas alquilan siendo que el alquiler afecta hoy el 41% del ingreso familiar". También "a que el 5% de la población, 126 mil personas, viven recluidas en hoteles viejos". Y se preguntó "¿A dónde van a vivir los pobres?".

Además, se adjudicó al proyecto una política de expulsión: "La ciudad tiene hoy la misma población que en el año 1946, ahora con más construcción y con la contradicción de que por primera vez más de la mitad de quienes trabajan diariamente en la ciudad viven en el Gran Buenos Aires". 

Tras cinco horas, la votación en general resultó de 34 votos afirmativos de Vamos Juntos, 20 negativos (UC, BP, PS, FIT, PTS, GEN) y 6 abstenciones (Evolución y Mejor Ciudad).

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El Fomento a la cultura independiente tiene su proyecto de ley

Diego Adrián Fernandez - 10 de diciembre de 2017
in Club Villa Malcolm, Cultura Independiente, Cultura Unida, Popurrí informativo, presupuesto, proyecto de ley

El lunes 27 de noviembre se presentó un proyecto de "Ley de Fomento a la Cultura Independiente" en el Club Villa Malcom.

El evento fue organizado por un conjunto de organizaciones agrupadas en el colectivo Cultura Unida que expusieron las líneas centrales de esta iniciativa conjunta que promueve un mínimo de 3,5% del Presupuesto General de Cultura al programa de Incentivo a la Producción Cultural.

Las leyes y programas de fomento resultan de vital importancia para garantizar el sostenimiento del acceso democrático y equitativo a la cultura, y requieren acompañamiento presupuestario para cumplir sus objetivos. Este proyecto garantizará el financiamiento de los Institutos Proteatro, BAMúsica, Prodanza, BAmilonga, Proescritores y el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia.

Cada año, la Ciudad de Buenos Aires alberga una infinidad de contenidos y proyectos culturales independientes. Esto sucede en buena medida gracias a una ciudadanía activamente comprometida en la generación de arte y cultura sobre la base de la pluralidad, diversidad e inclusión. En este marco se inscriben artistas, productores, espacios y organizaciones culturales que inciden directamente con sus plataformas de producción y reproducción de cultura e identidades locales en el ejercicio de nuestros derechos culturales.

Cultura Unida sostiene que “con ese 3,5% del presupuesto de cultura, nos multiplicamos. Más espacios culturales en la Ciudad, más artistas, más gestores y productores culturales podremos hacer más cultura, garantizando el acceso a más espectadores”.

El sector de la cultura independiente, continúa,  “pese al poco presupuesto destinado, a enfrentar un aumento generalizado de los costos fijos, una merma en los consumos culturales y sin trasladar los aumentos al precio de las entradas, hoy incluye a más de 500 espacios donde se producen anualmente 100.000 funciones en las que actúan 700.000 artistas con más de 5.000.000 de espectadores. La aprobación de esta Ley generaría miles de puestos de trabajo relacionados con el mundo de la cultura y de las artes”.

El proyecto fue presentado en la Legislatura como una iniciativa independiente, que busca conseguir el apoyo de todos los partidos políticos y a la que cualquier legislador/a puede adherir.

Ya han levantado el proyecto los siguientes diputados: Andrea Conde, Javier Andrade, Lorena Pokoik, Pablo Ferreyra, José Cruz Campagnoli (FPV); Maxi Ferraro (Coalición Cívica); María Rosa Muiños (Bloque Peronista), Adrián Rodolfo Camps (Socialista Auténtico),

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Lo destacado del proyecto

a) Ley de Fomento a la Cultura Independiente

El proyecto de Ley de Fomento a la Cultura Independiente propone que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires destine como mínimo un 3,5% de su presupuesto esto a los programas de “Incentivo a la Producción Cultural”.

b) Evolución Presupuestaria de los Programas de Incentivo

En los últimos años, la participación de los programas de fomento en el presupuesto de cultura no ha acompañado la evolución presupuestaria general. En los últimos 2 años, el Presupuesto de Cultura aumentó un total de $1634 millones (+62%). De ese dinero, apenas $7 millones se destinaron al “Programa de Incentivo a la Producción Cultural” * (0,42%).

2016 Presupuesto Cultura: $2631 millones

2017 Presupuesto Cultura: $3768 millones - (Aumento $1108 millones = +43.2%)

2018 Presupuesto Cultura: $4265 millones - (Aumento $497 millones = +13.2%)

2016 Programa 11*: $71.1 millones – Part. 2,7% del presupuesto total

2017 Programa 11*: $74.9 millones – Part. 2% – (Aumento $3,8 millones = +5,4%)

2018 Programa 11*: $78.1 millones – Part. 1,8% – (Aumento $3,1 millones = +4,2%)

Lo que se busca es garantizar que los programas de fomento puedan conseguir los fondos suficientes para mantener el apoyo a las artes y a la cultura independiente.

*El programa 11 es “Incentivo a la producción cultural”. Incluye Proteatro, Prodanza, Proescritores, Bamúsica, Bamilonga; el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia; y el Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo)

c) Se incorpora el Instituto de Fomento a la Milonga.

En 2016 se aprobó la creación del Instituto de Fomento a la Milonga (ley 5735), al que le corresponden por ley un mínimo de $9.000.000 (pesos). Este programa se incluyó en la ejecución prevista para 2018, pero no se le destinó una previsión presupuestaria (En 2018 el aumento total de al Programa 11 es de sólo $3,2 millones.)

d) Fomento a los Centros Culturales y demás actividades artísticas.

El Fondo Metropolitano es una herramienta fundamental para asistir a todas las actividades culturales independientes, especialmente a las que no cuentan con ley de concertación. Por ejemplo, luego de la sanción de la Ley de Centros Culturales, y a falta de una ley específica, el Fondo creó una línea específica para acompañar el desarrollo de este sector. Es por ello que resulta necesario garantizar que reciba presupuesto suficiente para cumplir su cometido.

e) Financiamiento de Proteatro, Bamúsica, Prodanza y Proescritores

Las leyes de concertación que crean los institutos de fomento tienen una cláusula de garantía para que no se desfinancien los programas. Estas garantías son montos mínimos expresados en Unidades Fijas, que corresponde actualizar anualmente. Cada programa tiene sus propias unidades fijas, y anualmente se tienen que actualizar por presupuesto. El problema ha sido que, mientras algunas U.F. se actualizan permanentemente, otras quedan el olvido.

f) Quién apoya esta iniciativa: Este proyecto de ley fue elaborado por Cultura Unida, y se presentó en la Legislatura como una iniciativa independiente. Buscamos conseguir el apoyo de todos partidos políticos.

Texto del Proyecto de Ley

Artículo 1.-La presente “Ley Marco de Fomento de la Cultura Independiente” tiene por objeto garantizar el financiamiento de los programas de Incentivo a la Producción Cultural, promoviendo una distribución más justa del presupuesto del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, se entiende por “Incentivo a la Producción Cultural”, aquellas líneas de fomento incluidas en el Programa 11 del Presupuesto del Ministerio de Cultura (Jurisdicción 50). Quedan comprendidos en la presente definición los Institutos de Promoción Cultural (Proteatro. Prodanza, Proescritores, Bamúsica, Bamilonga); el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia; y Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo); así como cualquier otra línea que en el futuro se incorpore para garantizar el fomento de aquellas actividades que no cuenten con una ley de concertación específica.

Artículo 3.- La previsión presupuestaria anual para el Ministerio de Cultura (Jurisdicciones 50.0.0 y 50.0.513) deberá asignar obligatoriamente a los programas de “Incentivo a la Producción Cultural” un mínimo del 3,5% de su presupuesto total, lo cual deberá verse reflejado anualmente la “Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Artículo 4.- El presupuesto asignado de acuerdo al artículo anterior deberá ser ejecutado en su totalidad para el fomento de las actividades de cultura independiente no oficial descriptas en el artículo 2°. En caso de existir un remanente, éste deberá ser distribuido entre las restantes líneas de “Incentivo a la Producción Cultural”.

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Se presentó proyecto de ley para concesionar Ecobici

Diego Adrián Fernandez - 28 de noviembre de 2017
in Andrea Conde, Bicicletas, Concesión, Ecobici, Gobierno de la Ciudad, Legislatura, Popurrí informativo, proyecto de ley

La semana pasada el Gobierno de la Ciudad presentó un proyecto en la Legislatura Porteña para concesionar el sistema de alquiler de bicicletas gratuito por los próximos 12 años. Naturalmente, esta iniciativa encendió las alarmas desde algunos sectores de la oposición sobre la posibilidad de que se privatice el servicio.

La diputada del bloque del Frente para la Victoria alertó que "hace tiempo que venimos denunciando que las concesiones que realiza el Gobierno de la Ciudad perjudican sistemáticamente a los porteños en favor de las empresas concesionarias"

"Si la concesión del sistema de ecobicis sigue el modus operandi que hoy tiene el Ejecutivo porteño para otorgar concesiones, las empresas podrían cobrar por el servicio a cambio de hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y el Gobierno de la Ciudad no tendría facultad para regular ese valor, como sucede actualmente con las concesiones de las playas de estacionamiento.", expresó la legisladora.

El pasado 13 de noviembre, en el marco de una reunión informativa convocada por las Comisiones de Tránsito y Transporte y la de Presupuesto en conjunto, funcionarios oficialistas respondieron consultas sobre el proyecto. Si bien en la reunión expresaron la intención por parte del Ejecutivo de mantener la gratuidad del servicio, no pueden asegurar que durante el lapso que dure la concesión esa condición se sostenga.

"El proyecto preocupa porque genera muchos interrogantes y porque ya sabemos lo mal que el Gobierno Porteño maneja las concesiones en la Ciudad. ¿Cuál sería el interés de una empresa privada en hacerse cargo de un servicio que no puede cobrar?", se preguntó la diputada. "Este proyecto parece destinado una vez más a darle un negocio redondo a empresas amigas", analizó Conde.

Si bien el cobro del servicio está habilitado en el texto normativo actualmente, éste se encuentra subsidiado por el Gobierno de la Ciudad. Este nuevo proyecto no contempla la gratuidad del servicio por lo que la empresa que se haga con la licitación se encuentra habilitada a comenzar a cobrarlo. En este sentido, tanto el texto normativo vigente como el nuevo proyecto indican que “los recursos para afrontar los gastos que demanda el Sistema de Transporte Público en Bicicleta pueden provenir de los generados por el propio sistema”.

En la actualidad, el sistema EcoBici cuenta con 200 estaciones en las 15 comunas de toda la capital con alrededor de 2500 bicicletas y se realizan más de 5 millones de viajes al año. 

El debate en el recinto también genera controversias. Mientras el PRO considera que con solo 31 votos (la mitad mas uno) le basta para aprobar el proyecto con 31 votos al considerar el sistema como un servicio, desde la oposición aclaran que debería requerir doble lectura como toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad.

Si bien la posibilidad del cobro del servicio ya está habilitada en el texto normativo que rige actualmente, éste se encuentra subsidiado por el Gobierno de la Ciudad y sólo está en manos privadas el sistema de software -que posibilita el retiro y devolución de los rodados-. El contrato con la empresa Serttel vence en 2018, lo que llevó a la Ciudad a acelerar el envío del proyecto a la Legislatura. 

En el nuevo proyecto no está contemplada de manera explícita la gratuidad del servicio por lo que la empresa que se haga con la licitación se encuentra habilitada a comenzar a cobrarlo. En este sentido, tanto el texto normativo vigente como el nuevo proyecto indican que "los recursos para afrontar los gastos que demanda el 'Sistema de Transporte Público en Bicicleta' pueden provenir de los generados por el propio sistema".

Como contrapartida, el nuevo proyecto plantea que los componentes del "Sistema de Transporte Público en Bicicleta" podrán poseer publicidad y/o sponsoreo con el objeto de "brindar información a los usuarios para que la utilización del sistema sea cada vez más fácil y seguro y en financiar su operatoria para brindar un sistema equiparable a las ciudades más desarrolladas a nivel mundial que incluya nuevas y mayores estaciones de distribución de calidad superior".

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Clubes de Barrio promueven el proyecto de ley de Deporte Social

Diego Adrián Fernandez - 29 de octubre de 2017
in Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social, Clubes de barrio, Deportes, Excursionistas, Legislatura, Popurrí informativo, proyecto de ley

Clubes de barrio agrupados en la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social visitaron la cancha de Excursionistas este sábado para pedir por la Ley de Deporte Social.

Representantes de clubes de barrio agrupados en la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social visitaron el sábado a la tarde la cancha de Excursionistas, en el barrio de Belgrano, luego de haber sido recibidos por el vicepresidente del club, Javier Méndez.

Previamente al partido recorrieron la cancha para visibilizar el pedido por la Ley de Clubes de Barrio y Deporte Social de la Ciudad, proyecto que fue presentado en la Legislatura porteña por la Asociación unas semanas atrás y que contó con la participación de Matías Lammens, presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

La organización, que agrupa a más de 40 clubes de barrio y espacios deportivos de la Ciudad, se conformó en 2016 en torno a la problemática del aumento de tarifas, que dificulta enormemente la posibilidad de sostener el funcionamiento de estos espacios. En muchas ocasiones, muchos clubes u asociaciones de Deporte Social no pueden competir por falta de recursos o de una estructura que pueda sostener su participación en una liga. 

La ley fue presentada en la Legislatura como “Iniciativa Particular”, es decir, la ley la fue presentada la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social, en conjunto con otros clubes, federaciones y dirigentes que la acompañan, y por no un legislador o bloque de legisladores en particular.

"Todos y todas concebimos al deporte como un derecho humano fundamental que mejora la calidad de vida desde un aspecto físico y vincular. Los clubes de barrio son instituciones sociales que cumplen un rol fundamental en la estructuración de nuestra sociedad, promoviendo el acceso al deporte, a la cultura, a la educación, al espacio público y al encuentro colectivo. En muchos casos, los Clubes de Barrio asumen funciones que el Estado no puede resolver.", manifestan desde la Asociación.

"El objetivo es visibilizar la necesidad que decenas de clubes tenemos en este momento de sancionar una ley como la de Deporte Social y lograr acompañamiento de toda la comunidad deportiva y de diferentes diputados y legisladores de los distintos bloques", expresaron.

La Asociación planea continuar su recorrida por diferentes canchas de la Ciudad para continuar sumando adhesiones y apoyos a la ley.

La Ley ya cuenta con el apoyo del Club Atlético Defensores de Belgrano, Club Atlético Nueva Chicago, Club Atlético All Boys, Club Atlético Independiente y ahora también el Club Atlético Excursionistas.

Qué propone la ley

La ley tiene cuatro grandes ejes de trabajo.

El primero propone una actualización de la definición de Clubes de Barrio, en la que se reconocen como tales a todas las asociaciones civiles deportivas independientemente de la cantidad de socios y la facturación. Además, promueve una serie de herramientas en manos de la Subsecretaría de Deportes a fin de fortalecer su capacidad de desarrollar políticas públicas.

El segundo eje propone una actualización del Fondo del Deporte, a fin de dotarlo de mayores recursos, al mismo tiempo que establece criterios para su asignación según diversas líneas de trabajo. También se establece una distinción entre los diversos clubes para que aquéllos que tienen menor volumen de facturación y socios, tengan mayor acceso a recursos y herramientas por parte del Estado.

El tercer eje promueve la perspectiva de género y diversidad y la inclusión de las mujeres e identidades de género autopercibidas en el deporte y sus instituciones a partir de tres herramientas: crea un "Consejo Asesor para la igualdad de géneros en el deporte"; establece el Premio Eva Perón a las buenas prácticas para la inclusión de las mujeres e identidades de género autopercibidas en el deporte; y se define el “Monto Estímulo para la promoción del deporte con igualdad de género”, que será entregado a todas las instituciones deportivas que promuevan la perspectiva de género y diversidad.

Por último, se aborda la perspectiva de inclusión social a través de la creación del “Programa de Inclusión Social y Deportiva”, que prevé una transferencia directa mensual de $300 a aquellas familias vulnerables que paguen la cuota social de algún Club de Barrio para que sus hijos hagan deporte allí.

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Consorcio participativo: la no-participación del inquilino

Diego Adrián Fernandez - 14 de septiembre de 2017
in Consorcio, Consorcio Participativo, defensa del consumidor, Expensas, Gobierno de la Ciudad, inquilino, Popurrí informativo, proyecto de ley

Comunicado de Inquilinos Agrupados

Inquilinos Agrupados emitió un comunicado oficial donde remarca la gran falla de la nueva plataforma digital que presentó el Gobierno de la Ciudad para controlar los gastos y movimientos de los administradores de consorcios de edificios.

De cada seis departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, 3 están habitados por propietarios, 2 por inquilinos y uno está vacío. Sin embargo, para participar activamente en la aplicación que presentó el Gobierno de la Ciudad para controlar a las administraciones de consorcio es necesario ser propietario.

Con la presentación de la aplicación “Consorcio Participativo”, el Gobierno de la Ciudad está ignorando al sector más desprotegido del consorcio y reduciendo toda problemática de expensas y consorcios a la transparencia y la participación de los copropietarios.

Desde hace algún tiempo, para los inquilinos, las expensas representan entre el 30 y el 50% del valor del alquiler. Esto sucede por varios motivos. El más evidente es el aumento en las tarifas de agua, luz y gas y el aumento generalizado de precios que afecta a cada gasto del consorcio. Sin embargo, existen causas más complejas.

Las administraciones de consorcios ya no discriminan las expensas entre ordinarias y extraordinarias. Los inquilinos, entonces, se hacen cargo de cualquier gasto del edificio, más allá de que por contrato le corresponda pagar únicamente las expensas ordinarias. Es decir, los gastos que hacen al día a día del edificio (salario del encargado, servicios, seguros, desinfección, etc.) La falta de control de las administraciones de consorcios es lo que permite esta situación. Actualmente, Defensa del Consumidor recibe cientos de denuncias por mes. Sin embargo, casi ninguna prospera. Informes de la Auditoría General de la Ciudad dan cuenta de esta situación.

Otro motivo es la falta de tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad en Senadores y que está paralizada en Diputados (por decisión del diputado Lipovetzky). El proyecto establece que el propietario de la vivienda debe pagar las expensas extraordinarias, ya que ponen en valor su propiedad.

Además, la legislación actual no indica claramente cuál es el límite entre las expensas ordinarias y extraordinarias, dejando a las administraciones de consorcio el camino libre para liquidar las expensas siempre a favor de los propietarios, que son quienes los votan y los contratan.

Todo esto se suma a que el inquilino no tiene voz ni voto en las asambleas del consorcio, por lo cual, la información le llega cuando las decisiones están tomadas y no tiene más opción que pagar expensas que incluyen reemplazar los ascensores, equipar el edificio con matafuegos o pintar la fachada.

Si se pretende generar políticas que regularicen el funcionamiento de los consorcios, es indispensable generar un sistema de control y de sanción de las administraciones y también, avanzar en legislaciones que tengan en cuenta las necesidades de los inquilinos, que destinan un porcentaje de su salario importantísimo al pago del alquiler y de las expensas.

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Polémica por negocio inmobiliario con tierras públicas en La Boca

Diego Adrián Fernandez - 22 de agosto de 2017
in Catalinas Sur 2, Horacio Rodríguez Larreta, La Boca, Legislatura, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Popurrí informativo, proyecto de ley, Tierras Públicas

El Observatorio del Derecho a la Ciudad compartió un comunicado oficial donde da a conocer un nuevo negociado inmobiliario que el oficialismo porteño avanzó en las últimas semanas.

El proyecto de ley en cuestión fue enviado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el día 7 de Agosto (Una semana antes de las PASO). En este documento se habilita la construcción de un emprendimiento inmobiliario en los terrenos que se conocen como "Catalinas Sur 2".

Estos predios se encuentran ubicados en el barrio de La Boca entre las calles Brasil, Caboto, Gualeguay, Arnarldo D'Espósito y la Av. Pedro de Mendoza.

En el comunicado, el Observatorio informa que el jueves 17 de Agosto se trató  el proyecto de ley en reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. No asistió ningún funcionario del Poder Ejecutivo a informar y defender el proyecto. A pesar que dijeron que tendría tratamiento en varias reuniones se anunció el mismo día que este martes 22 de agosto el proyecto será tratado en reunión de diputados[1] de la Comisión de Planeamiento a fin de ser votado por el cuerpo legislativo la semana próxima.

El nuevo Interbloque Vamos Juntos (PRO, Coalición Cívica y Confianza Pública), aprovechando que alcanzan por sí mismos la mayoría absoluta en la Legislatura más el apoyo de la sociedad porteña dada en las últimas elecciones, decidió acelerar el tratamiento legislativo del proyecto para que el negocio inmobiliario esté definitivamente aprobado a fin de año.

El comunicado marca algunos puntos que consideran fundamentales para entender la magnitud, el impacto y los perjuicios de este proyecto.

• Son dos parcelas que actualmente tienen Zonificación Urbanización Futura (UF) y serán rezonificadas con una normativa urbanística especial "Catalinas Sur 2".
• Ambas parcelas pertenecen a la Administración de Bienes del Estado.
• La Fracción A tiene aproximadamente 15.824 m². La Fracción B tiene aproximadamente 11.507 m². Un total aproximado de 27 mil m² (2.7 ha).

• Este negocio inmobiliario nace de un convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el GCBA.
• La AABE se obliga a vender los predios en un plazo máximo de 24 meses. El GCBA se obliga a autorizar la capacidad constructiva para la realización del proyecto inmobiliario.
• El convenio tiene como condición suspensiva la autorización por Decreto Presidencial de la venta de los inmuebles. No se establece la obligatoriedad de la aprobación de la venta de los terrenos por el Congreso Nacional como lo establece la Constitución de la Nación. Esto es una violación constitucional grave.
• El 35% de los predios será destinado a la nueva urbanización y el 65% restante a espacio público preferentemente parquizado.
• En Catalinas Sur existen en once manzanas cerca de 10 mil personas (28 edificios y cinco complejos dúplex). Aquí en una superficie urbanizable menor a 2 ha quieren incrementar la densidad población en 5.000 personas.
• Este proyecto debería haber surgido del Plan elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio La Boca de acuerdo a la  Ley 2.240. Esta ley no fue cumplida en toda la gestión del PRO.
• El Barrio de la Boca necesita más espacios verdes. La zona de Catalinas Sur 2 se ha densificado en las últimas décadas sin que se hayan realizando mejora en la infraestructura de servicios públicos ni de equipamiento urbano.
• Este proyecto es parte de la venta sistemática de tierras públicas únicamente con el objetivo de favorecer los intereses de las constructoras y grandes desarrolladoras inmobiliarias.
• Este proyecto forma parte de la intención del GCBA de extender Puerto Madero hacia la ribera del Riachuelo. Conjuntamente se debe analizar el proyecto con la determinación del nuevo Polo de Desarrollo Urbano en la Isla Demarchi, el nuevo Código Urbanístico, el Distrito de las Artes, el Paseo del Bajo, etc.

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Comenzó el tratamiento del proyecto para inquilinos de la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 11 de agosto de 2017
in Alquileres, Cámara Inmobiliaria Argentina, Comisión de Legislación General, inmobiliarias, inquilino, Inquilinos Agrupados, Popurrí informativo, proyecto de ley

Comunicado oficial Inquilinos Agrupados

El miércoles por la tarde en reunión de asesores de la Comisión de Legislación General de la Legislatura porteña se dio el primer debate del proyecto de ley para que la comisión la pague el dueño. Se espera que la semana próxima se vote en comisión y la siguiente en el recinto de diputados.

Expusieron los asesores de los legisladores que integran la comisión, representantes del Colegio Profesional Inmobiliario, la Cámara Inmobiliaria Argentina y nosotros en representación de los inquilinos. 

Hubo amplio consenso de los distintos bloques políticos de avanzar en este proyecto de ley que, como informamos anteriormente, lo ingresó el Ejecutivo porteño en base a una serie de propuestas que llevamos y discutimos durante este año. Los bloques de la oposición también apoyaron la iniciativa y algunos, como el Bloque Peronista, plantearon la necesidad de agregar un artículo para modificar el Código de Faltas de la Ciudad para poder multar y sancionar a las inmobiliarias que sigan cobrando la comisión o los informes a los inquilinos. 

Por parte del mercado inmobiliario se escuchó el mismo discurso de siempre. Amenazas dirigidas a los inquilinos y a nuestra organización: que van a aumentar el precio del alquiler, que van a retirar la oferta del mercado, que la culpa es de los inquilinos que no pagan (incluso llegaron a plantear un registro de inquilinos morosos) y que el mercado inmobiliario se autoregula por oferta y demanda, que plantear regulaciones solo perjudicará a los inquilinos. 

Lo que no dice el mercado inmobiliario es que se oponen a este proyecto de ley porque quieren seguir cobrándole la comisión a la parte débil. A los que no pueden negociar y tienen que aceptar cualquier requisito. Quieren seguir cobrándole a los inquilinos porque les pueden cobrar por encima de los límites legales, le pueden cobrar IVA y no darle una factura, le pueden cobrar $4.000 un informe que vale $420.

Saben, en cambio, que los propietarios tienen más opciones. Los propietarios pueden reclamar que se cumplan todos sus derechos desde la tranquilidad de no tener en juego la vivienda familiar. Pueden, incluso, prescindir de los servicios de una inmobiliaria e irse a otra o alquilarle directamente al inquilino.

La semana próxima será la reunión de comisión de legisladores, en la cual se dará dictamen al proyecto y se espera que la iniciativa sea tratada por el conjunto de los legisladores en la sesión ordinaria del 24 de agosto. 

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Vecinos de San Telmo presentan proyecto de recuperación del Ex Padelai

Diego Adrián Fernandez - 26 de julio de 2017
in Cesac, Claudia Moyano, Ministerio de Cultura, Padelai, Popurrí informativo, proyecto de ley, San Telmo

El mediodía del miércoles vecinos de San Telmo agrupados en la Mesa Comunitaria de Salud y Educación de la Comuna 1, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña para pedir que en el predio del Ex PADELAI se construyan una Escuela infantil (niños de 45 días a 6 años) y la ampliación del CESAC 15 (Centro de Salud y Acción Comunitaria) que solo cuenta con un edificio y tiene su capacidad colmada.

Ante la noticia de que el Gobierno de la Ciudad planea trasladar oficialmente el Ministerio de Cultura al ex Patronato de la Infancia, los vecinos agrupados expresaron su inquietud y comenzaron a trabajar en el proyecto que finalmente presentaron hoy en la casa Legislativa local. Gracias al esfuerzo en conjunto, lograron reunir más de 6000 firmas de apoyo. Ahora la esperanza esta puesta en que el documento sea tratado por los diputados locales y, sobre todo, que sea escuchado por el Poder Ejecutivo Porteño.

El PaDeLaI fue una institución fundada en 1892, con el objetivo de dar contención a niños en situación vulnerable y/o de abandono.

Tenía su sede central en el conjunto edilicio ubicado en la calle Balcarce al 1100, entre las calles Humberto Iº y la Avenida San Juan.

En 1978 fue expropiado por el Gobierno de facto (La institución se mudó a su ubicación actual, Mansilla 2588) y 6 años después comenzaron las ocupaciones. Nunca se le dio un uso efectivo ni se lo intentó recuperar. Hasta la actualidad.

A comienzos de este año se sucedió un virulento desalojo ordenado por la Justicia Porteña, para vaciar el edificio, que según fuentes oficiales del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad, culminó con ofrecimiento de créditos del IVC o subsidios de hasta $48.000 para las 35 familias que allí estaban viviendo.

Claudia Moyano, delegada de las cooperadoras escolares de la Comuna 1 y miembro de la Mesa Comunitaria, declaró: “Estamos muy contentos porque luego de meses de trabajo hemos podido presentar este proyecto al que adjuntamos 6060 firmas de vecinos en apoyo a la iniciativa”.

"Sabemos que el gobierno dice que en el predio irían oficinas del Ministerio de Cultura, pero nosotros queremos que revea esa iniciativa y responda a las verdaderas necesidades del barrio. En San Telmo necesitamos más escuelas infantiles y todos sabemos que el nivel inicial es quien más sufre la falta de vacantes. Además necesitamos fortalecer la inmensa tarea que lleva adelante el CESAC 15 para toda nuestra comunidad”, agregó.

Finalmente dijo: “Queremos que este edificio histórico, que tanto tuvo que ver con la educación y la salud de los niños, vuelva a ocupar ese importante rol para el barrio. Estamos abiertos al dialogo y esperamos que el Gobierno de la Ciudad nos escuche”.

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El nuevo salario mínimo equivale a un alquiler mensual promedio en la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 6 de julio de 2017
in Alquileres, Gervasio Muñoz, inmobiliarias, Inquilinos Agrupados, Popurrí informativo, proyecto de ley, Salario Mínimo Vital y Móvil

Comunicado de Inquilinos Agrupados

Desde este mes, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $8.660 y llegará a $10.000 recién en julio de 2018, es decir, tendrá un aumento anual del 15%. Mientras, un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de $8503 con aumentos semestrales de 15%, sin mencionar expensas, servicios ni impuestos.

Un trabajador que cobra el salario mínimo no tiene posibilidades reales de alquilar formalmente en la Ciudad. Más allá de que su salario se destinaría exclusivamente al pago del alquiler, tampoco tendría capacidad de ahorro para pagar 4 o 5 alquileres juntos al inicio del contrato, ni podría demostrar ingresos que dupliquen o tripliquen el monto del alquiler. La única opción que queda para los trabajadores del salario mínimo son las habitaciones derruidas de hoteles familiares, pensiones o conventillos, destinando el 50% o más de su salario en el alquiler.

Para el resto de los trabajadores de la Ciudad, que cobran en promedio $16.000 –según datos del Gobierno porteño- las opciones se amplían moderadamente. Son los trabajadores que pueden acceder a un contrato de alquiler formal, siempre y cuando puedan cumplir algunos requisitos excluyentes: tener ahorrado entre $30.000 y $40.000 para los gastos iniciales, tener un familiar o amigo que sea dueño de una propiedad en la Ciudad y pedirle que sea garante de su contrato y poder presentar otro recibo de sueldo, el de su pareja o de algún familiar.

Una vez que el inquilino ingresó en el departamento tiene que pagar el 53% de su salario en el alquiler ($8503). Y aunque su salario aumenta una vez por año, supongamos un 20%, el alquiler aumenta 15% semestral.

1° semestre: Sueldo $16.000 Alquiler $8.503 Destina el 53% de su sueldo.

2° semestre: Sueldo $16.000 Alquiler $9.778 Destina el 61% de su sueldo.

3° semestre: Sueldo $19.200 Alquiler $11.244 Destina el 58% de su sueldo.

4° semestre: Sueldo $19.200 Alquiler $12.930 Destina el 67% de su sueldo.

A esto debe sumarse el valor de las expensas, los impuestos (ABL) y los servicios (agua, luz y gas), que aumentaron descontroladamente en el último tiempo y ya representan otro 15 o 20% del sueldo del inquilino. Esta situación angustiante para las familias inquilinas se da en medio de la impunidad de un mercado inmobiliario especulativo, que solo busca maximizar sus ganancias elevando el valor de las propiedades y en consecuencia, de los alquileres y construyendo edificios en toda la Ciudad. 

Desde Inquilinos Agrupados tenemos dos propuestas indispensables para empezar a revertir este abuso constante hacia el inquilino.

En el plano nacional, tenemos un proyecto de ley con media sanción por unanimidad del Senado que actualmente se encuentra paralizado en la comisión de Legislación General de Diputados.

El proyecto crea un índice objetivo para actualizar el precio de los alquileres una vez por año, promediando la inflación (IPC) y la variación salarial (CVS) de los 12 meses anteriores y amplía el plazo mínimo de los contratos de dos a tres años. Luego de seis meses de demora, el proyecto fue debatido en la Comisión que preside el diputado Lipovetzky, quien pretende introducirle modificaciones para que luego de la votación en Diputados, tenga que volver a Senadores. Lo que implica, en año electoral, que el proyecto no se materialice.

En el plano local, presentamos un proyecto de ley para reducir la cantidad de dinero que destina el inquilino para firmar el contrato y como puntos destacados: exime al inquilino de pagar la comisión inmobiliaria (la paga el dueño), establece que los pedidos de informes y la certificación de firmas sean gratuitas, se crea un sistema de garantías estatales para empleados públicos y se crean oficinas comunales de atención y asesoramiento al inquilino.

Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, afirmó “la organización de los inquilinos es muy joven y en muy poco tiempo hicimos muchas cosas. Pero todavía no alcanza. No alcanza porque seguimos siendo rehenes de las inmobiliarias y víctimas del si no te gusta andate. Porque cada vez destinamos más salario sólo para pagar el alquiler y las expensas."

"Porque seguimos en esta cuerda floja de no saber cuándo vamos a tener que mudarnos. Porque seguimos explicando a la dirigencia política que necesitamos que se nos reconozca como un sector que necesita de forma urgente políticas públicas por parte del estado. Porque el mercado inmobiliario nos saca todo lo que la desregulación y la falta de control les permite. Pero hay algo que es irreversible, es la organización de los inquilinos en todo el país. Ahora tenemos voz y profundas convicciones en que vamos a alquilar de forma justa”, concluyó Muñoz.

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