Informe Inquilinos Agrupados
Por Ana Bettinardi (Coordinadora del área de Género de la Agrupación)
Más de un millón de personas alquilan su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, todavía no existe una verdadera regulación de los alquileres, recrudeciendo así la crítica situación habitacional de este sector y favoreciendo las prácticas especulativas por parte de las inmobiliarias.
No obstante, esta clara desigualdad de poder entre el mercado inmobiliario y los inquilinos se profundiza aún más cuando son las mujeres quienes deciden alquilar, ya sea por “dueño directo” o a través de una inmobiliaria. Buscar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires no es tarea sencilla de por sí, pero se transforma en una verdadera odisea cuando deben encararla Ellas.
¿A qué se enfrentan las mujeres inquilinas?
A la hora de alquilar, las inquilinas deben lidiar no sólo con las dificultades propias de esta tarea, sino también con la discriminación de género, que se agudiza aún más cuando se entrecruza con otros tipos de exclusiones, por ejemplo: mujeres solteras con hijos o hijas, en situación de violencia, jubiladas, migrantes, colectivo LGBTIQ.
Este tipo de preguntas deben contestar ellas por ser mujeres cuando necesitan alquilar:
“¿Tenés hijos? ¿Cuántos?”
Cada vez se encuentran más avisos discriminatorios con cláusulas que especifican “sin niños” reduciéndose así las opciones de alquiler para las mujeres madres.
“¿Estás casada o separada?”
Las mujeres solteras o separadas muchas veces dependen de la firma de terceros o ex parejas para reunir y certificar el monto mínimo de ingresos requeridos.
“¿Qué trabajo realizás?”
El nivel más alto de trabajo informal es realizado por las mujeres (34,6% en mujeres, 31,8% en varones, según datos del 2013), esto ocasiona que muchas mujeres no puedan demostrar sus ingresos.
En el caso de las mujeres en situación de violencia de género se complejiza la problemática. Habitualmente son ellas las que se retiran de su hogar con sus hijos para poder salir de la violencia, pero en esta “salida”, suelen no recuperarse los documentos necesarios para una supuesta futura transacción de alquiler. No solo la pérdida material de todas sus posesiones hace inviable el acceso a una vivienda en alquiler, muchas de las mujeres que sufren violencia (o acaban de atravesar por ella) no tienen un trabajo que les otorgue los recursos económicos y recuperar su autonomía. Asimismo, en la mayoría de los casos, las mujeres y sus hijos rotan de casa en casa -y de barrio en barrio- desvinculándose de su tejido comunitario o redes de servicios.
Todas estas barreras ejemplificadas hasta el momento van generando un sinfín de realidades particulares en la vida cotidiana de las mujeres, agravándose con la suba progresiva y desmedida de los precios de los alquileres o la falta de garantía requerida y obstaculizando, de este modo, alquilar de una manera justa y equitativa.
El rol históricamente asignado
Si tenemos en cuenta que las mujeres dedican casi el doble de horas que los varones en las tareas domésticas y de cuidado, no nos asombra cuando vemos que el 90% de las consultas legales que recibimos en Inquilinos Agrupados provienen de mujeres.
Saber que ellas se encargan de los trámites y gestiones del alquiler es una expresión más del rol histórico que las mujeres ocupan debido a la división sexual del trabajo. Este es un dato no menor que impacta en el uso del tiempo, generando una sobrecarga que va en detrimento de su tiempo de descanso y ocio y, en definitiva, de su salud (pensada en términos integrales).
En la Agrupación aproximadamente el 90% de los casos que recibimos provienen de mujeres. Mayoritariamente son ellas las que se ocupan de lidiar con el tema del alquiler, enfrentándose a varios obstáculos y discriminaciones por parte de las inmobiliarias. Sin embargo, son las mujeres en situación de violencia las más vulnerables y difíciles de ayudar.
Ellas nos consultan en situación de crisis y muchas veces con sus hijos a cargo, quienes también son violentados y no sólo por el agresor sino que son revictimizados por la falta de una solución efectiva y de fondo a la problemática habitacional por parte del Estado y por las reglas de juego de las inmobiliarias.
Las alternativas habitacionales en hogares, refugios y hoteles no alcanzan y una vez asistidas en estos lugares quedan nuevamente dependiendo de sus familiares y muchas veces teniendo que volver con el agresor. Además, por la falta de recursos económicos, las mujeres no encuentran forma de acceder al mercado de alquileres. Quedando afuera de la competencia feroz que vivimos todos y todas los inquilinos de la Ciudad.
Proyecto de ley
En concreto, el proyecto propone la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género”. Se trata de un subsidio destinado solventar los primeros 6 meses del pago de alquiler de un contrato de locación en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género y comprobar ingresos en relación al monto al alquiler.
Además, las beneficiarias tendrán prioridad para el acceso a créditos hipotecarios de vivienda, podrán estar exentas del pago de contribuciones de la ciudad y recibir la tarifa social.
También se propone la elaboración de un registro de corredores inmobiliarios que promuevan valores de igualdad y contribuyan a la erradicación y prevención de la violencia de género, donde podrán inscribirse voluntariamente los corredores inmobiliarios y recibirán una credencial identificadora. A tal fin, se celebrarán convenios con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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