Chanchullos, vericuetos y mucha polémica. Caliente y candente como el verano se encuentra el conflicto de la vivienda en la ciudad para quienes desean - o mejor dicho, solamente pueden - alquilar una vivienda.
En los últimos días se recalentó la situación con la presentación de un proyecto de ley nacional para inquilinos y un nuevo intento del Ente Regulador de las inmobiliarias porteñas por formalizar lo ilegal.
El proyecto
El jueves 18 de Febrero el Frente de Inquilinos Nacional anunció la presentación de un proyecto de ley para regular los alquileres a nivel nacional. Estuvieron presentes las organizaciones de inquilinos de todo el país, entre las cuales se incluye Inquilinos Agrupados, representante de la movida vecinal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcos Quintulen, de Inquilinos Agrupados, afirmó que la iniciativa parlamentaria “surge de una experiencia de trabajo con los inquilinos e intenta dar soluciones a las principales demandas del sector”.
Además, explicó que el proyecto contempla la devolución del depósito en garantía, extiende los contratos de alquiler de dos a tres años y dispone un tope máximo de comisión inmobiliaria de un mes de alquiler.
Por otro lado, fija obligaciones a los propietarios, tales como pagar las expensas extraordinarias y el impuesto inmobiliario y avisar con 60 días de anticipación si se renovará el contrato de alquiler. Quintulen agregó que “detrás de la problemática de los inquilinos hay grandes intereses económicos y, paralelamente, muy poca participación de la dirigencia política, la cual tiene que entender que el crédito hipotecario no es la única solución, se necesita con urgencia una ley de alquileres nacional”.
Además, reiteró que están pidiendo desde hace 20 días una reunión con el Gobierno Nacional. Pero aún la respuesta es nula.
En esa presentación también hablaron Pamela Gaita (Unión de Inquilinos Neuquinos), Nire Roldán (Organización de Inquilinos La Pampa), Germán Schrieff (Asociación Platense de Inquilinos).
Estuvieron presentes el responsable de la Defensoría del Inquilino, Fernando Muñoz - quien presentó varios proyectos de ley al respecto -; el legislador porteño Gabriel Fucks; el secretario general adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko y representantes de ACIJ, el Movimiento Hugo Chávez y el Movimiento Evita.
La ilegalidad que intentó ser legal
A fin de mes, el Colegio Profesional que agrupa a las inmobiliarias porteñas (CUCICBA) sorprendió con una medida, como mínimo, polémica, que tomó estado público recién a fines de la semana pasada.
A través de una resolución interna - la 350 - autorizó a las inmobiliarias a “fijar” libremente por contrato “el monto de sus honorarios y de los gastos”, permitiendo duplicar la comisión que estas les deben cobrar a los inquilinos.
Inmediatamente, Inquilinos Agrupados publicó en sus redes las correspondientes aclaraciones, teniendo en cuenta la repercusión mediática de esta resolución y las confusiones que esto generó: "Ante la información errónea que difundieron esta mañana varios medios de comunicación, queremos llevar tranquilidad a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución 350 de CUCICBA que elimina el tope máximo de comisión inmobiliaria es ilegal.", comenzaba el comunicado.
"La medida adoptada por CUCICBA es inconstitucional, ya que existe una ley local, la 2.340 que fija un tope máximo de comisión del 4,15% del valor total del contrato. En ningún caso una resolución interna de un colegio profesional puede pasar por encima de una ley votada por la Legislatura porteña", aclaró Inquilinos Agrupados.
El Cucicba, por su lado, subraya que “es importante tener en cuenta que todo tipo de acuerdo repercute directamente en el valor del alquiler. Si el propietario paga un mes y el inquilino un mes, seguramente el alquiler será mayor que si el propietario no paga y el inquilino paga dos meses. Si bien el alza en los costos es una situación que nos afecta a todos, es importante tener en cuenta que los precios de los alquileres se comportaron como el resto de la economía argentina con alzas de entre un 20 y un 30% que es la inflación proyectada para este año.”
Desde Inquilinos Agrupados expresan que se mantendrán firmes en esta lucha constante por hacer respetar los derechos de quienes quieren o necesitan alquilar una vivienda en la Ciudad. "Continuamos denunciando la práctica ilegal de las inmobiliarias de cobrar dos meses de comisión y anunciamos que estamos preparando una presentación judicial, para que sea otro de los poderes del estado: el Judicial, el que dicte la inconstitucionalidad de la resolución".
"En nuestra opinión lo que intenta hacer CUCICBA es legitimar una estafa millonaria. El conjunto de las inmobiliarias porteñas perciben por día al menos 2 millones y medio de pesos en negro por el cobro ilegal de comisiones", cierra el texto en las redes sociales.
¿Los inquilinos con tarifa social?
Otro de los intentos de las agrupaciones de inquilinos por generar beneficios a quienes alquilan se hizo público luego de conocerse la quita de subsidios a la energía eléctrica que aplica el Gobierno Nacional para la Ciudad y el Gran Buenos Aires.
La propuesta de las asociaciones locales implicaría que las familias que alquilan su vivienda por un monto menor a $10.000 mensuales deben ser incluidas en la tarifa social de energía eléctrica y posteriormente, contar con el mismo respecto al gas y al agua.
"A los aumentos del alquiler y las expensas, que representan hasta el 60% de los ingresos familiares, se le deben sumar otros gastos que, más allá de ser abusivos, muchas veces son ilegales", remarcó en su momento Inquilinos Agrupados - "Por ejempo, el impuesto inmobiliario (que aumentó 26% en enero), las expensas extraordinarias y los arreglos del inmueble deberían ser pagados por los propietarios".
