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11 de septiembre de 2018

Alquileres: informe describe un escenario complicado

Diego Adrián Fernandez - 11 de septiembre de 2018

El m² en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires alcanza los $282. Un monoambiente tiene un valor promedio de $9.500, un dos ambientes se alquila en $12.000 y un tres ambientes en $17.200. La proporción de un salario que se destina al alquiler supera el 50%, duplicando el promedio histórico de 25%. A esto, deben sumarse las expensas, que ya representan el 25% del precio del alquiler.


El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo realizó el primer relevamiento integral del mercado de alquileres. Se trata de un estudio que abarca todos los aspectos centrales que hacen a la locación de viviendas con fines habitacionales.

El informe fue realizado entre el 13 y el 29 de agosto de este año a partir de la recopilación de datos provistos por el portal de búsqueda de inmuebles Argenprop.

La muestra que se estudió corresponde con las unidades de 1, 2 y 3 ambientes ubicadas en los diez barrios con mayor oferta de departamentos en alquiler.

El informe completo se puede leer en el siguiente link.

El informe comienza con una caracterización de la oferta de departamentos en alquiler según su ubicación geográfica, su tamaño y su antigüedad. Luego se analiza el precio promedio de alquiler y expensas, haciendo un desglose por barrio y finalmente, se analizan los requisitos que deben cumplir los inquilinos para acceder al mercado formal de viviendas.

Alquiler y expensas

Uno de los resultados más relevantes es que el m² en alquiler alcanza los $282. Esto implica que un monoambiente tiene un valor promedio de $9.500, un departamento de dos ambientes se alquila en $12.000, mientras que las unidades de tres ambientes alcanzan los $17.200. Estos datos son especialmente importantes en una Ciudad en donde sus habitantes tienen un ingreso promedio de $18.400, según las últimas mediciones publicadas por la Dirección de Estadísticas y Censos del GCBA.

Estos son los valores iniciales de un contrato de locación celebrado en agosto de 2018. Sin embargo, al tener una duración legal mínima de 24 meses, los contratos incluyen una cláusula de actualización. Del total de anuncios relevados, el 77% establecen que los aumentos se realizan semestralmente y solo el 23% lo hacen anualmente. Quienes aumentan semestralmente lo hacen, en promedio, un 14,3% y quienes aumentan anualmente lo hacen, en promedio, un 30,68%.

En relación a las expensas, el valor promedio para el conjunto de los anuncios analizados es de $2940, siendo menor para los departamentos de un ambiente ($2250) y para los de dos ambientes ($2730) y mayor para los de tres ambientes ($3930). Es destacable que, en cualquiera de los casos, las expensas ya representan casi el 25% del precio del alquiler.

Oferta de departamentos

La oferta de departamentos en alquiler muestra una fuerte concentración en el corredor norte y centro de la Ciudad de Buenos Aires. Palermo, con el 14,44% de la oferta, es el barrio con mayor cantidad de unidades disponibles. Le siguen: Recoleta, Belgrano, Centro, Caballito, Flores, Almagro, Villa Urquiza, Villa del Parque y Nuñez.



En conjunto, estos diez barrios concentran el 73% del total de la oferta. El 27% restante se encuentra diseminado en otros 35 barrios, de los cuales ninguno supera el 1% del total de la oferta, siendo los barrios del sur de la Ciudad los que presentan la menor cantidad de unidades disponibles.

Con un 38,96% de la oferta, los anuncios de departamentos de dos ambientes son los que predominan. Más atrás se encuentran los de tres ambientes (24,14%), los monoambientes (17,85%) y la sumatoria de los departamentos de cuatro o más ambientes (19,03%).

En relación a la antigüedad de los departamentos, está repartida en porciones similares entre los que tienen más y menos de 20 años de antigüedad, destacándose la rápida incorporación de unidades nuevas o “a estrenar”.

Comparando los datos de antigüedad y cantidad de ambientes, se observa que los departamentos más nuevos son, a su vez, los más pequeños. En promedio, la antigüedad de los monoambientes es de 19,57 años; la antigüedad de los dos ambientes es de 25,5 años y la antigüedad de los tres ambientes es de 33,31 años; siendo 25,89 años la antigüedad promedio del parque de viviendas en alquiler de la Ciudad de Buenos Aires.

Requisitos de ingreso

Existen tres grandes requisitos de ingreso que aparecen en todos los anuncios relevados.



En primer lugar, el inquilino debe demostrar ingresos suficientes para afrontar el pago del alquiler, presentando recibos de sueldo que tripliquen –al menos- el precio de la locación. Este requisito no está legislado y constituye una barrera de acceso al mercado formal de alquileres para jubilados, monotributistas y trabajadores informales.

Seguidamente, se pide una suma de dinero en garantía. A grosso modo, se observa que en el 58% de los anuncios se pide un mes de alquiler y en el 42% restante, dos meses de alquiler; y la única distinción consiste en qué mes del contrato se considera para calcular el depósito.

El tercer requisito que se le exige al inquilino es que presente una garantía. En el 64,6% de los casos, se aceptan únicamente garantías propietarias de la Ciudad de Buenos Aires, en el 9,7% de los casos se aceptan garantías del Gran Buenos Aires, en el 0,7% se aceptan garantías de cualquier ciudad del país y en el 25% restante, se aceptan seguros de caución. Este requisito, que no está legislado, constituye la principal barrera de acceso al mercado formal de alquileres.

Por último, el informe registra un notable incumplimiento por parte del mercado inmobiliario a dos leyes locales.

La Ley 5859 (que prohíbe a las inmobiliarias cobrarle comisión al inquilino) establece que cada anuncio de viviendas en alquiler debe finalizar con una leyenda que da cuenta de esa prohibición. En este trabajo comprobamos que solo el 6,7% de los corredores inmobiliarios cumple ese artículo de la legislación. Por otro lado, la Ley 5115 establece que los anuncios deben informar sobre la accesibilidad de las viviendas para personas con discapacidad. Sin embargo, solo el 1% de los avisos incluyen esa información.

El informe completo se puede leer en el siguiente link.

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4 de mayo de 2018

Justicia porteña: la comisión inmobiliaria la paga el dueño

Diego Adrián Fernandez - 4 de mayo de 2018

La Justicia de la Ciudad rechazó la apelación interpuesta por las inmobiliarias porteñas y ratificó que la comisión inmobiliaria en el ámbito de CABA la deben pagar los propietarios de las viviendas y no los inquilinos.

En agosto del año pasado, la Legislatura porteña aprobó la ley 5.859 que establece que la comisión inmobiliaria debe ser afrontada únicamente por el propietario de la vivienda y no por el inquilino.

Días después, el Centro de Corredores Inmobiliarios de la CABA se presentó en la Justicia con una acción de amparo contra dicha ley, afirmando que violaba varios artículos del Código Civil que, a su entender, los habilitaban a pactar libremente sus honorarios tanto con inquilinos como con propietarios. Ese recurso fue rechazado a fines de septiembre de 2017 por el juez de primera instancia Lisandro Fastman.

Las inmobiliarias porteñas apelaron y realizaron varias protestas frente al juzgado, pidiendo celeridad en la causa. En la mañana del 3 de mayo, la Cámara rechazó el recurso de apelación, confirmando el fallo de primera instancia. Esto significa que sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires la ley para que la comisión la pague el dueño.

Si bien la ley siempre estuvo vigente, muchas inmobiliarias les decían a los inquilinos que hasta que no se resolviera la causa judicial estaban habilitados a cobrarles comisión. Muchos accedieron, en sintonía con el desequilibrio de fuerzas que existe entre inquilinos y mercado inmobiliario, que impide negociar cualquier requisito con la inmobiliaria.

Al respecto, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados afirmó “Hace más de una década que las inmobiliarias vienen violando leyes vinculadas con sus honorarios. Deben entender que ese incumplimiento sistemático se hizo público y notorio y que eso derivó en fallos judiciales y nuevas leyes que vinieron a regularizar la situación. Ya es hora de que entiendan que los tiempos cambiaron. Los inquilinos ahora tenemos voz y no vamos a dejar de denunciar ni de insistir en alquilar de forma justa”.


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24 de noviembre de 2017

Convocatoria al #RuidazoInquilino por la ley de alquileres

Diego Adrián Fernandez - 24 de noviembre de 2017

Comunicado Inquilinos Agrupados

El próximo martes 28/11 a las 20 horas vamos a hacer un #RuidazoInquilino en todo el país. Desde el Frente de Inquilinos Nacional convocamos a todos los inquilinos a hacer mucho ruido desde los balcones, las ventanas, las veredas, las esquinas y con las bocinas de los autos. Necesitamos que los diputados nacionales entiendan la urgencia de aprobar la Ley de Alquileres que viene con media sanción del Senado.



Hace un año la Cámara Alta votó por unanimidad la Ley que propusimos todas las organizaciones de inquilinos del país. Ese proyecto pone fin al mayor problema que tienen hoy los inquilinos: los aumentos semestrales que superan cualquier índice de inflación. Planteamos que los alquileres aumenten anualmente a través de un índice promedio entre inflación y salarios. Además, llevamos el contrato mínimo a tres años y regulamos los requisitos de ingreso a la vivienda.

Se trata de un proyecto equilibrado, que beneficia tanto a inquilinos como a propietarios, generando a largo plazo una nueva cultura del alquiler: seria, justa, racional y previsible. Tanto es así, que luego de muchos y muy largos debates en comisión, la ley fue acompañada por todos los bloques parlamentarios.

En Diputados la historia fue muy distinta. Nos encontramos con el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que esta ley prospere. A tal punto que modificó completamente el texto (en beneficio del mercado inmobiliario) y logró los consensos dentro de su comisión para dar dictamen de mayoría a ese proyecto modificado. Las organizaciones de inquilinos  -e incluso varios diputados- nos enteramos esa misma mañana de cuáles eran las modificaciones que se iban a votar. Es decir, sin ningún tipo de debate, modificaron completamente el proyecto del Senado y lo votaron.



Desde el Frente de Inquilinos Nacional consideramos que si el proyecto modificado avanza sería un claro retroceso en materia de derechos para todos los inquilinos del país.

Por este motivo convocamos a manifestarnos en este primer #RuidazoInquilino. Para reclamarle a los diputados de todos los bloques políticos que acompañen la propuesta original. Que legislen a favor de los inquilinos y no del mercado inmobiliario. Y que lo hagan rápido, porque los tiempos de los inquilinos no son los tiempos del Congreso.

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10 de noviembre de 2017

Inquilinos: acciones de comunicación y denuncias contra inmobiliarias

Diego Adrián Fernandez - 10 de noviembre de 2017

Representantes de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados se reunieron con  los responsables del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para acordar un plan conjunto para el pleno cumplimiento de la ley 5859.



Sancionada el pasado 24 de Agosto en la Legislatura Porteña, la ley obliga a los corredores inmobiliarios a cobrar un mes de comisión a los propietarios y NO a los inquilinos, cobrar por pedidos de informes y certificaciones de firmas su valor OFICIAL y la fijación de carteles con la ley en todas las vidrieras de las inmobiliarias.

Según lo estipulado tras esa reunión, se determinó iniciar una campaña de publicidad de los derechos de los inquilinos en páginas web del gobierno y en la línea telefónica de atención al ciudadano 147 y la entrega de calcos con información acerca de la ley al Colegio de Corredores (CUCICBA) para que lleven adelante la fijación en todas las vidrieras.

Por otro lado, hacia fin de mes se harán operativos sorpresa para verificar el cumplimiento y en caso de detectar inmobiliarias que no cumplan, un equipo del Gobierno fijará los carteles en las vidrieras.

Finalmente, se acordó constituir una mesa bimestral conjunta (Inquilinos Agrupados – IVC) y otra mesa quincenal con participación de todos los actores involucrados en la problemática del acceso al alquiler en la ciudad de Buenos Aires para resolver el cumplimiento de la ley y otros temas preocupantes para el sector como: exigencia por parte del mercado de presentar un título de propiedad de familiar directo para alquilar, impuesto a la vivienda ociosa, agilización de trámites, y proyectos de ley a evaluar.

Esta misma semana, Inquilinos Agrupados presentó una denuncia contra tres inmobiliarias porteñas por incumplimiento de la Ley 5115, que establece que los avisos que promuevan operaciones inmobiliarias por cualquier medio gráfico o informático deberán informar si la vivienda es accesible para personas con discapacidades físicas.

La normativa establece, además, que la autoridad de aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Desde que se sancionó la ley, en octubre de 2014, hasta la actualidad, no hubo una sola inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires que la cumpla. En tanto, la autoridad de aplicación no implementó ningún mecanismo de control.

La denuncia, ingresada en Defensa del Consumidor con el número de expediente 25941258/17, está dirigida contra Goldstein Propiedades SRL, Brick Propiedades y Servicios y Grupo Mega Red Inmobiliaria y adjunta como pruebas, capturas de pantalla de publicaciones realizadas por las respectivas inmobiliarias en medios informáticos, donde no se hace referencia a la accesibilidad para personas con discapacidades físicas.



Si bien esta denuncia está dirigida contra tres inmobiliarias, el incumplimiento de la Ley se hace extensiva a todas las inmobiliarias de la Ciudad. Simplemente hay que ingresar a un portal de alquiler y venta de viviendas y constatar que ningún aviso incluye información sobre la accesibilidad de las mismas.

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27 de agosto de 2017

Ya es ley: nuevas condiciones para alquilar en la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 27 de agosto de 2017

La lucha de meses obtuvo finalmente sus frutos cuando el pasado jueves 24 de Agosto, los diputados porteños aprobaron la nueva ley de alquileres que aporta varios beneficios para los inquilinos.


El gran logro es aquel que marca que, de ahora en mas, en los contratos de alquileres que se realicen en la Ciudad de Buenos Aires, las inmobiliarias no podrán cobrar más del 4,15 % de comisión.

Los inquilinos tampoco deberán pagar comisiones u honorarios por corretajes o por la administración de las locaciones, y las inmobiliarias no podrán cobrarles gastos de gestoría de informes.

El proyecto fue aprobado por 51 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, en medio de una fuerte polémica con las inmobiliarias que vienen realizando "lobby" y publicando solicitadas en diarios en rechazo a la iniciativa.

Una variada cantidad de proyectos fueron tratados en las comisiones correspondiente en la Legislatura local. Organizaciones de inquilinos - entre ellos Inquilinos Agrupados -, la defensoría del pueblo y otras instituciones presentaron documentos. Finalmente, el oficialismo porteño incorporó un proyecto que reunía aspectos de los ya presentados por otros bloques.


De acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad, el 35,7% de los inmuebles con destino para viviendas son ocupados por inquilinos.

Las nuevas normas para proteger a los inquilinos de viviendas de posibles abusos de propietarios e intermediarios, se dispusieron mediante modificaciones a la Ley 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado de la Ley 5666), que es la que regula las actividades de los corredores inmobiliarios.



Los textuales

“Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, el monto máximo de la comisión será el equivalente al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador”. (nuevo inciso 2 del art. 11).

“Queda expresamente prohibido en las locaciones con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación. La prohibición resulta extensiva a los honorarios por la administración de dichas locaciones” (nuevo inciso 7 del artículo 13).

Las inmobiliarias podrán “solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones (…) Los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional que sean personas físicas” (nuevo inciso 2 del art. 10).

Tanto en las publicaciones de página web cuanto en carteles de las oficinas inmobiliarias, se debe informar de manera clara y visible lo siguiente: “Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos que sean personas físicas. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será del 4,15 por ciento del valor total del contrato”. “Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.

La reacción de las inmobiliarias

Desde el Colegio Profesional Inmobiliario tildan a la reforma de la ley 2.340 de "arbitraria", y advierten que provocará "el cierre de inmobiliarias". Además, afirman que "persigue" a la profesión inmobiliaria y "aumentará el precio de los alquileres".

La entidad planteó que la iniciativa "viola la ley y la Constitución", ya que el "nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias, que si solo interviene un corredor todas las partes le deben comisión, y así presume que los servicios no son gratuitos".

"El costo que tendrá que afrontar el locador se trasladará al locatario. Por ejemplo, cuando ponga en alquiler un departamento por $7000, pedirá $7000 más el valor de la comisión dividido en 24 meses. Esta no es una reforma a la ley de alquileres, sino una quita de ingreso a los operadores inmobiliarios", alertó Héctor D' Odorico, Presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), en declaraciones a portales web.

Dicen los diputados

Andrea Conde (FpV): "Votamos a favor del proyecto de alquileres aunque es una solución muy parcial".

"La propia Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño reconoce que los alquileres subieron más del 35% sólo en el último año", señaló la diputada.

"Es imprescindible avanzar en la reformulación del sistema de garantías, de modo que sea aplicable y atractivo para los locadores y que permita ampliar el acceso a la vivienda a miles de personas que no tienen garantía propietaria en la Ciudad", cerró Conde.

Daniel Del Sol (PRO): "Es un primer paso muy importante que beneficiará a miles de porteños, ya que significará una reducción de la inversión que se hace al acceder a un alquiler".

"La segunda etapa estará vinculada con las garantías. Queremos una Ciudad con mejor acceso a la vivienda. Esta ley está en el marco de una política de vivienda que asumimos, como los créditos hipotecarios que están creciendo", expresó Del Sol.

Diego García Vilas (Confianza Pública): "Entendemos que podría haberse avanzado en otros sentidos, por ejemplo -tal como propusimos desde Confianza Pública- en  los gastos de renovación, donde los corredores inmobiliarios no tienen casi ningún tipo de intervención, pero igual pretenden percibir la comisión del 4.15% del total del contrato", explicó el legislador.

En este sentido, García Vilas planteó incorporar un artículo en la Ley de manera tal que "Si una vez vencido el plazo del contrato de locación original, locador y locatario deciden libremente prorrogar dicho contrato o bien renegociar sus condiciones, el corredor inmobiliario podrá percibir una comisión, que no deberá superar el monto equivalente al  1% del respectivo contrato".

La diputada Paula Penacca (FPV), afirmó que "hoy dimos un paso importante en la defensa de los derechos de los inquilinos. Fue producto del reclamo y el trabajo organizado de ciudadanos y ciudadanas que se cansaron de los abusos del sistema inmobiliario".

"Lamentamos que el jefe de Gobierno haya recortado la ley que proponíamos y cercenado así la posibilidad de garantizar el real acceso al alquiler en condiciones justas. Sobre todo en este contexto de retracción económica donde los tarifazos, el aumento de ABL y la pérdida de poder adquisitivo del salario hace cada vez más difícil alquilar", agregó.

El diputado del socialismo auténtico, Adrián Camps, quien fue el primer legislador que presentó un proyecto para terminar con los abusos de las inmobiliarias, remarcó que "si bien la ley aprobada no contempla la totalidad de las reivindicaciones de los inquilinos, significa un importante alivio para aquellos que deben dar inicio a un contrato de locación de una vivienda y que, hasta ahora, debían pagar el equivalente a 4 o 5 meses de alquiler al momento de firmar la documentación".

"En la Ciudad de Buenos Aires se estima que más de 900.000 personas viven en viviendas alquiladas; los costos de los alquileres y de los servicios se han incrementado por encima de los salarios y muchos ciudadanos no logran reunir los montos requeridos para dar inicio a un contrato o renovar el vencido", finalizó Adrián Camps.

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11 de agosto de 2017

Comenzó el tratamiento del proyecto para inquilinos de la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 11 de agosto de 2017

Comunicado oficial Inquilinos Agrupados

El miércoles por la tarde en reunión de asesores de la Comisión de Legislación General de la Legislatura porteña se dio el primer debate del proyecto de ley para que la comisión la pague el dueño. Se espera que la semana próxima se vote en comisión y la siguiente en el recinto de diputados.

Expusieron los asesores de los legisladores que integran la comisión, representantes del Colegio Profesional Inmobiliario, la Cámara Inmobiliaria Argentina y nosotros en representación de los inquilinos. 

Hubo amplio consenso de los distintos bloques políticos de avanzar en este proyecto de ley que, como informamos anteriormente, lo ingresó el Ejecutivo porteño en base a una serie de propuestas que llevamos y discutimos durante este año. Los bloques de la oposición también apoyaron la iniciativa y algunos, como el Bloque Peronista, plantearon la necesidad de agregar un artículo para modificar el Código de Faltas de la Ciudad para poder multar y sancionar a las inmobiliarias que sigan cobrando la comisión o los informes a los inquilinos. 

Por parte del mercado inmobiliario se escuchó el mismo discurso de siempre. Amenazas dirigidas a los inquilinos y a nuestra organización: que van a aumentar el precio del alquiler, que van a retirar la oferta del mercado, que la culpa es de los inquilinos que no pagan (incluso llegaron a plantear un registro de inquilinos morosos) y que el mercado inmobiliario se autoregula por oferta y demanda, que plantear regulaciones solo perjudicará a los inquilinos. 

Lo que no dice el mercado inmobiliario es que se oponen a este proyecto de ley porque quieren seguir cobrándole la comisión a la parte débil. A los que no pueden negociar y tienen que aceptar cualquier requisito. Quieren seguir cobrándole a los inquilinos porque les pueden cobrar por encima de los límites legales, le pueden cobrar IVA y no darle una factura, le pueden cobrar $4.000 un informe que vale $420.

Saben, en cambio, que los propietarios tienen más opciones. Los propietarios pueden reclamar que se cumplan todos sus derechos desde la tranquilidad de no tener en juego la vivienda familiar. Pueden, incluso, prescindir de los servicios de una inmobiliaria e irse a otra o alquilarle directamente al inquilino.

La semana próxima será la reunión de comisión de legisladores, en la cual se dará dictamen al proyecto y se espera que la iniciativa sea tratada por el conjunto de los legisladores en la sesión ordinaria del 24 de agosto. 

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23 de julio de 2017

Gran avance: proyecto de ley para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño

Diego Adrián Fernandez - 23 de julio de 2017

El pasado viernes 21 el oficialismo porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño. El anuncio fue encabezado por le Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el director el Instituto de la Vivienda (IVC), Juan Maquieyra.


Este proyecto se consolida como el resultado más importante que consigue la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, que lucha desde hace tiempo por hacer respetar los derechos de los inquilinos en la Ciudad en un mercado inmobiliario donde prevalecen los manejos irregulares y las condiciones injustas para aquellos vecinos que quieren y desean alquilar.

"Lo que presentamos tiene cuatro grandes beneficios", dijo Maquieyra. "El primero, que el inquilino no pagará más la comisión inmobiliaria. El segundo, que no se le pueden cobrar gastos de gestoría por los informes. El tercero, que en toda página web que se promocionen viviendas de alquiler deben figurar los derechos de los inquilinos. Y el cuarto, que abrimos una oficina en el IVC para brindar asistencia legal gratuita a inquilinos y propietarios", continuó.

Desde Inquilinos Agrupados emitieron un comunicado donde destacan la presentación de la iniciativa, la cual deberá ser tratada por los diputados locales.

“No hay ninguna razón ni argumento para pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria, y como tal deba pagar una comisión para firmar un contrato de alquiler, es de sentido común que la persona que requiere los servicios del inmobiliario es el propietario. El inquilino no debe pagar jamás ninguna comisión por un servicio que no recibe” afirmó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y agregó: “La presentación de este proyecto de ley del oficialismo es la confirmación de que la organización de los inquilinos es la única forma posible para alquilar de forma justa”.
 
"Con el aval que acaba de dar el oficialismo a este proyecto y sabiendo que el resto de los bloques políticos están a favor de la iniciativa, vamos a trabajar para que la votación sea unánime y en el menor tiempo posible.", indica el texto compartido desde la Asociación.

El comunicado cierra recordando que "el año pasado logramos que la Justicia falle a favor de los inquilinos en la causa por comisiones inmobiliarias, de dos meses de comisión pasaron a cobrar uno. Se terminó con una transferencia ilegal de 1500 millones de pesos anuales del sector de los inquilinos al mercado inmobiliario. Ahora vamos a dar un paso más en la ampliación de nuestros derechos."

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6 de julio de 2017

El nuevo salario mínimo equivale a un alquiler mensual promedio en la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 6 de julio de 2017

Comunicado de Inquilinos Agrupados


Desde este mes, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $8.660 y llegará a $10.000 recién en julio de 2018, es decir, tendrá un aumento anual del 15%. Mientras, un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de $8503 con aumentos semestrales de 15%, sin mencionar expensas, servicios ni impuestos.


Un trabajador que cobra el salario mínimo no tiene posibilidades reales de alquilar formalmente en la Ciudad. Más allá de que su salario se destinaría exclusivamente al pago del alquiler, tampoco tendría capacidad de ahorro para pagar 4 o 5 alquileres juntos al inicio del contrato, ni podría demostrar ingresos que dupliquen o tripliquen el monto del alquiler. La única opción que queda para los trabajadores del salario mínimo son las habitaciones derruidas de hoteles familiares, pensiones o conventillos, destinando el 50% o más de su salario en el alquiler.

Para el resto de los trabajadores de la Ciudad, que cobran en promedio $16.000 –según datos del Gobierno porteño- las opciones se amplían moderadamente. Son los trabajadores que pueden acceder a un contrato de alquiler formal, siempre y cuando puedan cumplir algunos requisitos excluyentes: tener ahorrado entre $30.000 y $40.000 para los gastos iniciales, tener un familiar o amigo que sea dueño de una propiedad en la Ciudad y pedirle que sea garante de su contrato y poder presentar otro recibo de sueldo, el de su pareja o de algún familiar.

Una vez que el inquilino ingresó en el departamento tiene que pagar el 53% de su salario en el alquiler ($8503). Y aunque su salario aumenta una vez por año, supongamos un 20%, el alquiler aumenta 15% semestral.

1° semestre: Sueldo $16.000 Alquiler $8.503 Destina el 53% de su sueldo.
2° semestre: Sueldo $16.000 Alquiler $9.778 Destina el 61% de su sueldo.
3° semestre: Sueldo $19.200 Alquiler $11.244 Destina el 58% de su sueldo.
4° semestre: Sueldo $19.200 Alquiler $12.930 Destina el 67% de su sueldo.

A esto debe sumarse el valor de las expensas, los impuestos (ABL) y los servicios (agua, luz y gas), que aumentaron descontroladamente en el último tiempo y ya representan otro 15 o 20% del sueldo del inquilino. Esta situación angustiante para las familias inquilinas se da en medio de la impunidad de un mercado inmobiliario especulativo, que solo busca maximizar sus ganancias elevando el valor de las propiedades y en consecuencia, de los alquileres y construyendo edificios en toda la Ciudad. 

Desde Inquilinos Agrupados tenemos dos propuestas indispensables para empezar a revertir este abuso constante hacia el inquilino.

En el plano nacional, tenemos un proyecto de ley con media sanción por unanimidad del Senado que actualmente se encuentra paralizado en la comisión de Legislación General de Diputados.



El proyecto crea un índice objetivo para actualizar el precio de los alquileres una vez por año, promediando la inflación (IPC) y la variación salarial (CVS) de los 12 meses anteriores y amplía el plazo mínimo de los contratos de dos a tres años. Luego de seis meses de demora, el proyecto fue debatido en la Comisión que preside el diputado Lipovetzky, quien pretende introducirle modificaciones para que luego de la votación en Diputados, tenga que volver a Senadores. Lo que implica, en año electoral, que el proyecto no se materialice.

En el plano local, presentamos un proyecto de ley para reducir la cantidad de dinero que destina el inquilino para firmar el contrato y como puntos destacados: exime al inquilino de pagar la comisión inmobiliaria (la paga el dueño), establece que los pedidos de informes y la certificación de firmas sean gratuitas, se crea un sistema de garantías estatales para empleados públicos y se crean oficinas comunales de atención y asesoramiento al inquilino.

Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, afirmó “la organización de los inquilinos es muy joven y en muy poco tiempo hicimos muchas cosas. Pero todavía no alcanza. No alcanza porque seguimos siendo rehenes de las inmobiliarias y víctimas del si no te gusta andate. Porque cada vez destinamos más salario sólo para pagar el alquiler y las expensas."

"Porque seguimos en esta cuerda floja de no saber cuándo vamos a tener que mudarnos. Porque seguimos explicando a la dirigencia política que necesitamos que se nos reconozca como un sector que necesita de forma urgente políticas públicas por parte del estado. Porque el mercado inmobiliario nos saca todo lo que la desregulación y la falta de control les permite. Pero hay algo que es irreversible, es la organización de los inquilinos en todo el país. Ahora tenemos voz y profundas convicciones en que vamos a alquilar de forma justa”, concluyó Muñoz.

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15 de junio de 2017

Las inmobiliarias insisten en cobrar dos meses de comisión

Diego Adrián Fernandez - 15 de junio de 2017

Comunicado de prensa
Inquilinos Agrupados

El Colegio Profesional Inmobiliario se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que revise el fallo que declaró la nulidad de la resolución que habilitaba este cobro. La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires le concedió al Colegio Profesional Inmobiliario el recurso para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revise el fallo que declaró la nulidad de la resolución que habilitaba el cobro a los inquilinos de dos meses de comisión.

A principio del año pasado la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia nos presentamos en la Justicia porteña con una acción de amparo contra el Colegio Profesional Inmobiliario por emitir una resolución que habilitaba a sus matriculados a cobrar dos meses de comisión a los inquilinos.

Desde el 2007 está vigente la Ley 2340, que es su artículo 57 establece que las inmobiliarias no pueden cobrar a los inquilinos una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, lo que representa aproximadamente un mes de alquiler. Esta ley fue sistemáticamente infringida por las 6000 inmobiliarias de la Ciudad durante casi 10 años.

Cuando desde Inquilinos Agrupados comenzamos a denunciar este incumplimiento, el Colegio emitió la resolución 350 en la cual habilitaban a sus matriculados a cobrar dos meses de comisión. En ese momento, nos presentamos en la Justicia denunciando la inconstitucionalidad de que un Colegio Profesional regule los honorarios máximos de sus matriculados, que ya estaban regulador por una ley local.

Tanto el juez de primera instancia -Marcelo Segón- como la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad –Sala I- nos dieron la razón e impidieron que se siga cobrando dos meses de comisión en la Ciudad de Buenos Aires. Terminaron, de esta forma, con una transferencia ilegal de 1500 millones de pesos anuales del sector de los inquilinos al mercado inmobiliario. Asimismo, la sentencia judicial condenó al Colegio a ejercer un control integral sobre sus matriculados, con miras a evitar que se repitan este tipo de ilegalidades.

Lejos de cumplir con el control de sus matriculados, el Colegio sigue planteando recursos judiciales y ahora van a llegar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. "Evidentemente el Colegio no tiene la decisión de cumplir con lo que dicta la ley, por lo tanto, hay que rediscutir quien tiene que controlar a las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires", afirmó Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados

Y agregó “No hay ninguna razón ni argumento para pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria, y como tal deba pagar una comisión para firmar un contrato de alquiler. Por eso, el próximo desafío que tenemos los inquilinos es que la Legislatura porteña sancione el proyecto de ley para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño de la propiedad y no el inquilino”.

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5 de enero de 2017

Alquileres en la Ciudad: No se podrá cobrar más de un mes de comisión

Diego Adrián Fernandez - 5 de enero de 2017


La Justicia confirmó la sentencia según la cual fue declarada ilegal la Resolución del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA) que habilitaba el cobro, por parte de las inmobiliarias, de más de un mes de comisión en los alquileres con destino de vivienda única de la Ciudad. Asimismo, la sentencia judicial condena a CUCICBA a ejercer un control integral adecuado sobre sus matriculados, con miras a evitar que se repitan este tipo de cobros ilegales.

Este fallo surgió desde la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, tras el amparo iniciado en febrero de 2016 por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) e Inquilinos Agrupados.

En el fallo, dictado en la última semana de 2016 por los camaristas Mariana DIAZ, Fabiana H. SCHAFRIK y Fernando E. JUAN LIMA, se desestiman las apelaciones planteadas por CUCICBA.

Entre los argumentos expuestos, los jueces afirman que "de conformidad con lo dispuesto en la ley 2340, corresponde a la competencia de la legislatura local, y no al colegio profesional que por esa misma ley se creó, regular la materia arancelaria o, eventualmente, modificar lo dispuesto al respecto en aquella norma".

Esta decisión, a su vez, es coincidente con la medida cautelar dictada en 2016, por la cual se protegía preventivamente de estos cobros ilegales, a todos los inquilinos de la Ciudad.

Es importante tener en cuenta que el fallo quedará firme los primeros días de Febrero, siempre y cuando CUCICBA no insista en nuevos planteos que dilaten la sentencia.

Una vez aplicado, ninguna inmobiliaria de la Ciudad podrá cobrar a los inquilinos comisiones por más del 4,15% del contrato (equivalente a un mes promedio de alquiler), ni otros gastos sin debida rendición de cuentas -tal como ilegalmente muchas venían haciendo-.

Al respecto, Gervasio Muñoz - Titular de Inquilinos Agrupados - explicó: "ya no se podrá cobrar comisiones superiores al 4,15% y tampoco podrá cobrarse más $450 por cada certificación de firmas (el propietario debe pagar la suya) y $450 por pedidos de informes de garantías. Para todos los casos deberá emitirse factura de lo cobrado."

"Es importante destacar que el responsable de controlar el cumplimiento del fallo es el CUCICBA (ahora denominado CPI). El 35% de la población de la ciudad de Buenos Aires vive en hogares alquilados. Las inmobiliarias durante mucho tiempo nos quitaron nuestros ahorros y con ello se alejó aún más nuestro sueño de la casa propia. Los inquilinos nos organizamos porque sabemos que es posible alquilar de forma justa en la ciudad. Solo depende de nosotros”, remarcó Muñoz.

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23 de octubre de 2016

La Legislatura debate: Inmobiliarias, Justicia Porteña y Teatro Colón

Diego Adrián Fernandez - 23 de octubre de 2016

Legislatura de la Ciudad

Debaten multar a las inmobiliarias por abusos en el cobro de comisiones a inquilinos

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a discutir en la Comisión de Justicia un proyecto de Ley con el objetivo de multar a las inmobiliarias que abusan de los inquilinos al momento de cobrarles comisiones por su actividad, por iniciativa de la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.


El proyecto apunta a agregar el apartado "Infracciones en el ámbito inmobiliario" al Capítulo I del Régimen de Faltas, referido a "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción".

En este sentido, plantea que "las inmobiliarias que cobren comisiones superiores al monto que dicta la Ley 2340 - de Creación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) - deberán pagar el doble del importe percibido. Si el infractor comete tres veces la misma falta dentro del término de un año y medio, se lo inhabilitará para ejercer la actividad de corretaje inmobiliario durante dieciocho meses".

"Desde enero de este año han aumentado los alquileres de forma considerable y también se han registrado excesos en el cobro de comisiones a los inquilinos tanto al momento de ingresar al inmueble como cuando renuevan los contratos. En nuestra Ciudad uno de cada tres habitantes alquila el inmueble en el que vive y en la relación triangular con la inmobiliaria y los propietarios de la vivienda es sin dudas el actor más vulnerable", indica Muiños en los fundamentos del proyecto.

Y agrega “Esta situación de abuso se da porque, según la Ley 2340, los que deberían aplicar las sanciones correspondientes son justamente los mismos que deciden cobrar las sumas excesivas a los inquilinos. Entonces, al estar especificado en esa ley cuál es el importe máximo a abonar, lo adecuado es que figure en el Régimen de Faltas de la Ciudad y que la sanción la imponga el Estado".

Cabe destacar, que la Ley 2340 en su artículo 57 estipula que “para los casos de alquileres de inmuebles para la vivienda, el monto máximo de la comisión que se le deberá cobrar al inquilino será equivalente al 4,15% del valor total del contrato, lo que representa aproximadamente un mes promedio de alquiler”.

Participaron de la reunión el Defensor del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Fernando Muñoz, quien explicó y defendió el proyecto; y el presidente de CUCICBA, Armando Pepe, que prefirió no hacer uso de la palabra.

Piden el traspaso de la Justicia a la Ciudad

La presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, y la presidenta de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, presentaron un proyecto en el que expresan su preocupación por la demora en el traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad, luego de 20 años de haberse iniciado el proceso, y por  la falta de cobertura de vacantes en los cargos judiciales.


"Si bien se han concretado algunos avances parciales con respecto a la transferencia de la Justicia de la Nación a la Ciudad, lo cierto es que han pasado veinte años desde la sanción de la Constitución local y desde que en la Ciudad se eligen autoridades por el voto popular. Entonces, ningún motivo justifica seguir postergando el traspaso de competencias jurisdiccionales", explican las diputadas en los fundamentos de la iniciativa.

"El ejercicio de estas competencias por parte de la Ciudad se encuentra todavía incompleto, a pesar de que, tanto en la Legislatura como en el Congreso Nacional, se hayan presentado numerosas iniciativas para avanzar en la consolidación de la autonomía", sostiene María Rosa Muiños.

Y agrega "no podemos esperar más tiempo para concretar este traspaso porque la Ciudad cuenta con una Justicia moderna, con códigos ágiles y con recursos humanos capacitados para investigar, juzgar y condenar".

Por su parte, Paula Oliveto afirmó:"Estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos como Ciudad, y como autoridades políticas de la misma, queremos tener injerencia en el control de la justicia para que lleguen a los ciudadanos en tiempo y forma."

La iniciativa de las legisladoras se funda en el artículo 129 de la Constitución Nacional, el cual establece que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires aplicar la legislación de fondo y juzgar sobre estas materias; y en el artículo 106 de la Constitución local, que establece que el Poder Judicial de la Ciudad debe conocer y decidir acerca de todas las causas que versen sobre estas cuestiones.

Informes sobre el uso del Colón para eventos privados

El legislador porteño Diego García Vilas (Confianza Pública) le pidió al Ejecutivo de la Ciudad información puntual sobre el uso que se hace del Teatro Colón para la realización de eventos privados, con el objetivo de asegurar la preservación del emblemático edificio.

El expediente presentado en la Legislatura responde a inquietudes de trabajadores y habitués del lugar, preocupados por las consecuencias que pueden aparejar estas actividades en las instalaciones, cuya extensa restauración concluyó en el 2010.

El histórico edificio se viene prestando a la realización de acontecimientos corporativos mediante el alquiler de algunos de sus espacios. Estos acontecimientos  son ajenos a los usos artísticos propios del Teatro, por lo cual se busca indagar en los parámetros de contratación.

A esto se suma el reciente anuncio del gobierno de la Ciudad que  propone a este ícono porteño como locación para celebrar casamientos. Con la consigna “¿Dónde te gustaría casarte”? se invita a la población a votar un espacio para celebrar uniones civiles, entre ellos el Colón.

Por este motivo,  además  de solicitar datos sobre los procedimientos administrativos por los cuales se entregan permisos de uso, también pregunta por el tipo de licitaciones, qué empresas ganaron los contratos y si se prevén medidas de mantenimiento por parte de estas compañías. Asimismo, se solicitan los montos de contratación  y el destino de estos fondos.

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