Representantes de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados se reunieron con los responsables del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para acordar un plan conjunto para el pleno cumplimiento de la ley 5859.
Sancionada el pasado 24 de Agosto en la Legislatura Porteña, la ley obliga a los corredores inmobiliarios a cobrar un mes de comisión a los propietarios y NO a los inquilinos, cobrar por pedidos de informes y certificaciones de firmas su valor OFICIAL y la fijación de carteles con la ley en todas las vidrieras de las inmobiliarias.
Según lo estipulado tras esa reunión, se determinó iniciar una campaña de publicidad de los derechos de los inquilinos en páginas web del gobierno y en la línea telefónica de atención al ciudadano 147 y la entrega de calcos con información acerca de la ley al Colegio de Corredores (CUCICBA) para que lleven adelante la fijación en todas las vidrieras.
Por otro lado, hacia fin de mes se harán operativos sorpresa para verificar el cumplimiento y en caso de detectar inmobiliarias que no cumplan, un equipo del Gobierno fijará los carteles en las vidrieras.
Finalmente, se acordó constituir una mesa bimestral conjunta (Inquilinos Agrupados – IVC) y otra mesa quincenal con participación de todos los actores involucrados en la problemática del acceso al alquiler en la ciudad de Buenos Aires para resolver el cumplimiento de la ley y otros temas preocupantes para el sector como: exigencia por parte del mercado de presentar un título de propiedad de familiar directo para alquilar, impuesto a la vivienda ociosa, agilización de trámites, y proyectos de ley a evaluar.
Esta misma semana, Inquilinos Agrupados presentó una denuncia contra tres inmobiliarias porteñas por incumplimiento de la Ley 5115, que establece que los avisos que promuevan operaciones inmobiliarias por cualquier medio gráfico o informático deberán informar si la vivienda es accesible para personas con discapacidades físicas.
La normativa establece, además, que la autoridad de aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Desde que se sancionó la ley, en octubre de 2014, hasta la actualidad, no hubo una sola inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires que la cumpla. En tanto, la autoridad de aplicación no implementó ningún mecanismo de control.
La denuncia, ingresada en Defensa del Consumidor con el número de expediente 25941258/17, está dirigida contra Goldstein Propiedades SRL, Brick Propiedades y Servicios y Grupo Mega Red Inmobiliaria y adjunta como pruebas, capturas de pantalla de publicaciones realizadas por las respectivas inmobiliarias en medios informáticos, donde no se hace referencia a la accesibilidad para personas con discapacidades físicas.
Si bien esta denuncia está dirigida contra tres inmobiliarias, el incumplimiento de la Ley se hace extensiva a todas las inmobiliarias de la Ciudad. Simplemente hay que ingresar a un portal de alquiler y venta de viviendas y constatar que ningún aviso incluye información sobre la accesibilidad de las mismas.
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