La sesión de este jueves determinó que el sistema subterráneo de la Ciudad será nuevamente licitado, luego de que la Legislatura aprobara la norma que permite el llamado a licitación pública nacional e internacional.
La nueva concesión será por 12 años, prorrogables por otros tres. Actualmente el concesionario Metrovías sigue a cargo de los subtes por un acuerdo de operación y mantenimiento que vence el próximo 31 de diciembre y que la flamante ley permite prorrogar hasta un año más (el 31 de diciembre de 2018), mientras se realiza el nuevo proceso de licitación y adjudicación.
Metrovías ya tenía vencida la concesión en 2013, en que comenzó a regir "un plazo de emergencia" de dos años que luego fue extendido a cuatro.
Metrovías ya tenía vencida la concesión en 2013, en que comenzó a regir "un plazo de emergencia" de dos años que luego fue extendido a cuatro.
La ley establece pautas generales de la concesión y crea una comisión de seguimiento en el ámbito de la Legislatura para controlar el proceso licitatorio y la posterior prestación del servicio, a partir de los informes que provea SBASE. Se asegura, además, la estabilidad laboral de los actuales empleados, que deberá absorber el concesionario nuevo que llegue, excepto el personal gerencial o directivo.
La votación resultó bastante dividida: 32 votos positivos del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública, 1 abstención de Claudio Palmeyro (SP) y 23 negativos del resto de las bancadas. El proyecto que llegó al recinto se debatió en diversas comisiones, aunque también hubo despachos de minoría de sectores de la oposición que proponían crear un sistema operativo y de mantenimiento estatal o el "control obrero" de los subtes.
Los oferentes en la licitación deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros de modalidad subterránea en túneles de al menos 25 km y 25 estaciones. Asimismo, deberá constituir una Sociedad Anónima cuyo único y exclusivo objeto sea prestar el servicio público en cuestión, a fin de garantizar el control legal, contable y financiero.
El desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del SUBTE, la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio y la explotación de los negocios colaterales seguirá estando en cabeza de SBASE, el organismos estatal.
Que dice la oposición
El rechazo a la nueva ley fue contundente desde un amplio sector opositor.
El legislador Adrián Camps votó de forma negativa el proyecto, remarcando que "No veo cuál es el negocio para la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros hacemos toda la inversión, ponemos la infraestructura y además le pagamos a una empresa privada para que opere el servicio".
"Lo que no está claro es cuánto le va a costar a la Ciudad este gerenciamiento; como tampoco quién se va a hacer cargo del mantenimiento de las estaciones, de los sistemas de elevación y de las escaleras mecánicas que hoy funcionan de manera desastrosa y son un verdadero calvario para las personas con movilidad reducida. ¿De eso también nos vamos a hacer cargo nosotros o le va a corresponder a la empresa?", finalizó Adrián Camps.
El Bloque del Frente para la Victoria (FPV) también votó en contra y presentó un proyecto en cual el Estado, a través de SBASE, sea el encargado de la administración, en conjunto con trabajadores y usuarios.
En un comunicado oficial, el bloque entiende que "al extender el contrato de Metrovías el proyecto del oficialismo está forzando la ley de emergencia del subte, la cual ya lleva 5 años. Por otra parte, el llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década.".
Javier Andrade señaló que "el Gobierno de la Ciudad se endeudó en U$S 1.200 millones para hacer obras pero no se ven mejoras en el servicio. Al asumir Macri en 2007 prometió construir 10 km por año y construyó un promedio de un kilómetro por año". Y concluyó: "estamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar el servicio del subte. No pretendemos ser revolucionarios, sólo estatizar el servicio como sucede en San Pablo, París o Nueva York."
En cuanto al canon que cobrará la empresa recordó que "el Estado aportó sólo en 2016 $7 mil millones, sin garantizar ninguna mejora del servicio. No hubo ninguna exigencia para la empresa, ningún control sobre su funcionamiento, pero obtuvo millones de ganancias."
