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25 de septiembre de 2018

Ecoparque y El Dorrego: de la concesión a la venta

Diego Adrián Fernandez - 25 de septiembre de 2018


Dos proyectos polémicos fueron recientemente aprobados por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ya conocida y temida "privatización" acumula otros ejemplos de espacios porteños que podrán ser alterados parcial o completamente por firmas privadas.

El Ecoparque y El Dorrego son las nuevas víctimas en este proceso que va desde la concesión hasta la venta.

La concesión en el Ecoparque

La Legislatura de la Ciudad aprobó el uso y explotación de los edificios y nuevos espacios que se abran en el predio del ex Jardín Zoológico de Palermo a emprendimientos privados por hasta 20 años.


El proyecto, que obtuvo su aprobación en segunda lectura luego de pasar por la instancia de Audiencia Pública, permitirá que se concesionen espacios que no podrán superar el 0.6% de la superficie total del predio, que alcanza las 17 hectáreas.

Según el texto del proyecto, las sumas recaudadas serán destinadas en forma exclusiva e irrevocable a lograr los objetivos del Ecoparque y a su sostenimiento.

La conversión del Jardín Zoológico en un Ecoparque interactivo acumuló un importante listado de controversias. Más allá que varias especies fueron trasladadas con éxito a otros recintos, asociaciones civiles y diputados opositores marcaron en reiteradas ocasiones que el proyecto no avanza tal cual se había propuesto originalmente.

La Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, Paula Villalba expresó: "El futuro parque no contará con espacios de contacto directo; y en las futuras concesiones está prohibido mantener y/o exhibir animales."

El Poder Ejecutivo deberá garantizar la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y/o de los organismos competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural y de los bienes con valor patrimonial, históricos y/o culturales.


El proyecto se aprobó segunda lectura se aprobó con 42 votos positivos (VJ, MC, Evolución), 15 negativos (UC, BP, FIT, AyL, MST) y  1 abstención (GEN).

Que dice la oposición

El Bloque de Unidad Ciudadana se opuso a la concesión y explotación del predio. Lorena Pokoik consideró de “gravedad institucional que la Legislatura delegue al Ejecutivo facultades que son intransferibles, según la Constitución de la Ciudad”.

La presidenta de la Comisión de Espacio Público sostuvo que la ley sancionada implica una delegación de poderes al Poder Ejecutivo con atribuciones que son propias del Poder Legislativo, como la entrega de concesiones por un plazo mayor a 5 años. Y remarcó que “privatiza 3.5 hectáreas del espacio público para la explotación del sector privado.”

Otro aspecto central es que el proyecto no respeta el patrimonio histórico, arquitectónico, paisajístico y ambiental. Pokoik detalló que las hectáreas que abarca el ex Jardín Zoológico son áreas de protección histórica que plantea restricciones por estar afectados como distrito urbanización parque, lo cual implica la prohibición de la actividad comercial y o publicitaria en el predio.

La diputada manifestó que es “mucho más grave aún el empeño que el oficialismo puso para favorecer al sector privado, ya que dichos emprendimientos serán arancelados para el público y van a obtener una tasa de rentabilidad sin quedar claro cuál es la inversión realizada.

Durante su intervención, Pokoik recordó la muerte de 120 animales y criticó que el proyecto no priorice su preservación, traslado y las condiciones sanitarias de los animales en cautiverio en el proceso de transformación del ex Zoológico porteño.

Para finalizar reclamó por las garantías laborales de los más de 300 empleados que actualmente trabajan en el Jardín Zoológico.

La venta del Dorrego

Este emblemático espacio en el barrio de Colegiales sufrirá un destino aún mas grave que el del Ecoparque. La Legislatura aprobó en segunda lectura la habilitación para que la Ciudad lo subaste. Es decir, que lo venda.



Según el texto del proyecto, el 65% del terreno deberá destinarse a espacios verdes. Y el 35% restante servirá para construir complejos de viviendas, oficinas y/o comercios de hasta 10 pisos. El Poder Ejecutivo estima recaudar alrededor de US$ 20 millones con esta venta.

Aunque de esta manera se pretende retomar el proyecto de generar un espacio verde, la postergada Plaza Clemente, no parecería ser este el camino.

En cuanto a la venta del predio El Dorrego, Unidad Ciudadana rechazó el proyecto que utiliza un reclamo genuino, como el de los vecinos y vecinas de la plaza Clemente. Javier Andrade recordó la ley 5.875, “que en su artículo 6 dice que hay que incorporar esa plaza, entre otras de la zona. Es decir: ya dijimos que tenía que haber allí una plaza.” Y sostuvo que “para poder hacer obra pública en la Ciudad, no hace falta vender tierra pública”.



“En estos 13 mil metros cuadrados podríamos haber generado un gran pulmón verde para el barrio de Colegiales, que es uno de los barrios con menos espacios públicos y verdes de la Ciudad” manifestó el diputado durante su exposición y concluyó: “estamos desperdiciando una gran oportunidad, no necesitamos que un privado nos de permiso para utilizar algún sector del predio”.

Lo cierto es que Ferias vecinales como la Feria Masticar o diversas actividades que involucran a las colectividades e inclusos a escuelas de la Ciudad (como es el caso de la Feria Innova), deberán buscar una nueva sede pronto.



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3 de noviembre de 2017

Subte Porteño: se aprobó una nueva concesión

Diego Adrián Fernandez - 3 de noviembre de 2017

La sesión de este jueves determinó que el sistema subterráneo de la Ciudad será nuevamente licitado, luego de que la Legislatura aprobara la norma que permite el llamado a licitación pública nacional e internacional.



La nueva concesión será por 12 años, prorrogables por otros tres. Actualmente el concesionario Metrovías sigue a cargo de los subtes por un acuerdo de operación y mantenimiento que vence el próximo 31 de diciembre y que la flamante ley permite prorrogar hasta un año más (el 31 de diciembre de 2018), mientras se realiza el nuevo proceso de licitación y adjudicación.

Metrovías ya tenía vencida la concesión en 2013, en que comenzó a regir "un plazo de emergencia" de dos años que luego fue extendido a cuatro.

La ley establece pautas generales de la concesión y crea una comisión de seguimiento en el ámbito de la Legislatura para controlar el proceso licitatorio y la posterior prestación del servicio, a partir de los informes que provea SBASE. Se asegura, además, la estabilidad laboral de los actuales empleados, que deberá absorber el concesionario nuevo que llegue, excepto el personal gerencial o directivo.

La votación resultó bastante dividida: 32 votos positivos del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública, 1 abstención de Claudio Palmeyro (SP) y 23 negativos del resto de las bancadas. El proyecto que llegó al recinto se debatió en diversas comisiones, aunque también hubo despachos de minoría de sectores de la oposición que proponían crear un sistema operativo y de mantenimiento estatal o el "control obrero" de los subtes.

Los oferentes en la licitación deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros de modalidad subterránea en túneles de al menos 25 km y 25 estaciones. Asimismo, deberá constituir una Sociedad Anónima cuyo único y exclusivo objeto sea prestar el servicio público en cuestión, a fin de garantizar el control legal, contable y financiero.

El desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del SUBTE, la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio y la explotación de los negocios colaterales seguirá estando en cabeza de SBASE, el organismos estatal.



Que dice la oposición

El rechazo a la nueva ley fue contundente desde un amplio sector opositor.

El legislador Adrián Camps votó de forma negativa el proyecto, remarcando que "No veo cuál es el negocio para la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros hacemos toda la inversión, ponemos la infraestructura y además le pagamos a una empresa privada para que opere el servicio".

"Lo que no está claro es cuánto le va a costar a la Ciudad este gerenciamiento; como tampoco quién se va a hacer cargo del mantenimiento de las estaciones, de los sistemas de elevación y de las escaleras mecánicas que hoy funcionan de manera desastrosa  y son un verdadero calvario para las personas con movilidad reducida. ¿De eso también nos vamos a hacer cargo nosotros o le va a corresponder a la empresa?", finalizó Adrián Camps.

El Bloque del Frente para la Victoria (FPV) también votó en contra y presentó un proyecto en cual el Estado, a través de SBASE, sea el encargado de la administración, en conjunto con trabajadores y usuarios.

En un comunicado oficial, el bloque entiende que "al extender el contrato de Metrovías el proyecto del oficialismo está forzando la ley de emergencia del subte, la cual ya lleva 5 años. Por otra parte, el llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década.".

Javier Andrade señaló que "el Gobierno de la Ciudad se endeudó en U$S 1.200 millones para hacer obras pero no se ven mejoras en el servicio. Al asumir Macri en 2007 prometió construir 10 km por año y construyó un promedio de un kilómetro por año". Y concluyó: "estamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar el servicio del subte. No pretendemos ser revolucionarios, sólo estatizar el servicio como sucede en San Pablo, París o Nueva York."

En cuanto al canon que cobrará la empresa recordó que "el Estado aportó sólo en 2016 $7 mil millones, sin garantizar ninguna mejora del servicio. No hubo ninguna exigencia para la empresa, ningún control sobre su funcionamiento, pero obtuvo millones de ganancias."

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2 de octubre de 2017

Se convirtió en ley la urbanización de la Estación Colegiales

Diego Adrián Fernandez - 2 de octubre de 2017

La última sesión Legislativa dio como resultado, entre otras tantas leyes, una norma que permitirá levantar edificios y crear espacios verdes en parte de terrenos ferroviarios en desuso en el barrio de Colegiales.






El plan implica la urbanización y parquización de casi cinco manzanas de terrenos ferroviarios ociosos, que serán transferidos por El Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.


Lo aprobado dispone la rezonificación de tierras que corresponden a la Estación Colegiales del Ferrocarril Mitre, en la Comuna 13. Es un espacio de 4,72 hectáreas de superficie, delimitado por la avenida Federico Lacroze y las calles Virrey Avilés, Vidal, Moldes y el deslinde con terrenos ferroviarios que seguirán siendo de la estación.

De unas 9 hectáreas que hoy comprende la Estación con sus playas de carga y de maniobras, la mitad será remodelada por la Nación en el marco del Plan Estratégico del Sistema Ferroviario Metropolitano que pretende, en mediano y largo plazo, interconectar las líneas férreas con intercambios subterráneos y a nivel, triplicar la cantidad de pasajeros y las frecuencias, modernizando el servicio y reduciendo los tiempos de viaje. Colegiales, en una primera etapa, será una de las estaciones de enlace de las líneas Mitre y Roca.

La otra mitad del terreno que no será necesaria para el plan ferroviario (4,72 hectáreas) será cedida por la Nación a la Ciudad en un 65 por ciento de su extensión (unas 3 hectáreas o manzanas) para Espacio Público (plazas, apertura de calles, veredas, instalaciones deportivas y recreativas o culturales de uso libre). El restante 35 por ciento (16.500 metros cuadrados) será enajenado por parte de la AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado nacional- para proyectos de edificación, según concurso público de ideas en los que intervendrá la Sociedad de Arquitectos y participará la Junta Comunal.

En la Audiencia Pública realizada en la sede legislativa, los vecinos del barrio Colegiales criticaron la construcción de edificios y reclamaron que todos los terrenos cedidos por la Nación se asignen a espacio público.

La ley fue sancionada por 33 votos positivos del PRO, CP, CC y FR; y 24 votos negativos del resto de las bancadas. Los diputados Adrián Camps (PSA) y Javier Andrade (FPV) presentaron despachos de minoría. El primero propuso la vuelta a comisión del proyecto y el segundo impulsaba la creación de un espacio verde en todo el polígono afectado.





Urbanización de otros cinco terrenos

Por otro lado, en primera lectura los diputados porteños aprobaron una ley para la urbanización de varios terrenos ferroviarios que actualmente pertenecen al Estado nacional y que totalizan unas 5,6 hectáreas o manzanas. Allí se crearán espacios públicos que la Nación cederá a la Ciudad en un 65 por ciento de las superficies y en el otro 35 por ciento se destinará a proyectos urbanísticos de edificios para residencia u oficinas y nueva infraestructura operativa ferroviaria.

Tras la aprobación, la ley debe ser analizada en Audiencia Pública antes de su sanción definitiva.

Los terrenos en cuestión son:
  • Polígono formado por la colectora de la avenida General Paz y las calles Emilio Castro, Ercilla y Saladillo, en el barrio de Mataderos -Comuna 9.
  • Otro predio con frente a la colectora es el delimitado por las calles Holmberg, Pico y las vías del ferrocarril Mitre en Saavedra -Comuna 12, lindero con un gran centro comercial.
  • El tercero de los polígonos está ubicado en el barrio de Palermo -Comuna 14- demarcado por la avenida Ortiz de Ocampo y las vías de los ferrocarriles San Martín y Belgrano Norte.
  • En Villa Urquiza -Comuna 12- el inmueble afectado es el que se encuentra entre las calles Roosevelt, Triunvirato, Bucarelli y las vías del ferrocarril Mitre.
  • La última superficie rezonificada es la comprendida entre las avenidas Del Libertador y Ramos Mejía, la calle Padre Mujica y el deslinde con la terminal de trenes, en Retiro -Comuna 1.
Estas parcelas suman más de 27.000 metros cuadrados de suelo, que tendrán un área urbanizable (casi 17.000 m2) y un área operativa (unos 10.000 m2). Allí, además de edificios de residencia u oficinas, se prevé construir una nueva terminal ferroviaria y un establecimiento educativo. Se permitirá edificar hacia arriba hasta 85.000 m2 y se mantiene el requisito de que el 65 por ciento de todas la superficie basal debe ser espacio público.

Que dice la oposición

Desde la oposición, las críticas se centraron en la venta de espacios públicos para emprendimientos inmobiliarios. 

Respecto al proyecto que rezonifica el predio "Estación Colegiales", Adrián Camps apoyó la propuesta de los vecinos de crear el Parque Cultural: "Estoy en contra de construir torres en ese barrio, cuando la mayoría de los ciudadanos quiere un parque con espacios verdes".

"Las tierras son de la Nación y Nación decide venderlas por decreto. La Ciudad le da la zonificación para aumentarles su valor y se queda con una parte. Pero veamos cómo se va a distribuir ese espacio, porque según el proyecto, queda referido a un plano que está en blanco: está el límite de las calles y nada más. Nosotros hoy tendríamos que estar votando un proyecto definitivo, no un plano en blanco. Si bien un día ese plano se va a completar, tampoco será esta Legislatura ni el Gobierno de la Ciudad quien lo defina, sino el Estado Nacional", advirtió el legislador socialista.

En cuanto a la iniciativa que aprueba el convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado y rezonifica diversas parcelas con frente a la Av. Gral Paz y otras con el objetivo de financiar obras para la construcción del Sistema de Red de Expresos Regionales (RER), el diputado Camps planteó su desacuerdo durante la sesión: "Si bien el reemplazo de las barreras por viaductos es positivo, ya que evitarían los actuales problemas en el tránsito y que personas pierdan la vida en los pasos a nivel, no estoy de acuerdo con la venta de tierra pública por decreto. Además, creo que este proyecto no defiende bien los intereses de los porteños. A la Ciudad le corresponde el 65 por ciento de todas estas tierras para ser destinadas a espacio público y en el texto esto aparece como una mera referencia genérica. No sólo no queda claro sino que debe ser la Legislatura quien decida, en consulta con la ciudadanía porteña, qué se hace allí", finalizó Adrián Camps.

El legislador Javier Andrade (FpV) sostuvo que "venden tierra para realizar una obra faraónica que no es prioritaria para la Ciudad, y profundizan la idea de que la obra pública y los espacios verdes se pagan únicamente a través de la entrega de tierra pública".
"Está claro que lo que están armando son enclaves de alta rentabilidad inmobiliaria, que funcionarán cerrados sobre sí mismos. Se trata de un modelo de ciudad excluyente y desarticulado que no queremos ni aceptamos", sentenció Andrade.
En cuanto uso del playón ferroviario de Colegiales para la construcción de torres, en lugar de espacios verdes, la legisladora Andrea Conde enfatizó que "el pedido del parque no es un capricho sino una necesidad del barrio y las Playas ferroviarias son el último terreno en el barrio sin construir que podría cumplir esa función y aumentar el bajo promedio de espacio verde por habitante con el que cuenta".

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