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25 de septiembre de 2018

Ecoparque y El Dorrego: de la concesión a la venta

Diego Adrián Fernandez - 25 de septiembre de 2018


Dos proyectos polémicos fueron recientemente aprobados por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ya conocida y temida "privatización" acumula otros ejemplos de espacios porteños que podrán ser alterados parcial o completamente por firmas privadas.

El Ecoparque y El Dorrego son las nuevas víctimas en este proceso que va desde la concesión hasta la venta.

La concesión en el Ecoparque

La Legislatura de la Ciudad aprobó el uso y explotación de los edificios y nuevos espacios que se abran en el predio del ex Jardín Zoológico de Palermo a emprendimientos privados por hasta 20 años.


El proyecto, que obtuvo su aprobación en segunda lectura luego de pasar por la instancia de Audiencia Pública, permitirá que se concesionen espacios que no podrán superar el 0.6% de la superficie total del predio, que alcanza las 17 hectáreas.

Según el texto del proyecto, las sumas recaudadas serán destinadas en forma exclusiva e irrevocable a lograr los objetivos del Ecoparque y a su sostenimiento.

La conversión del Jardín Zoológico en un Ecoparque interactivo acumuló un importante listado de controversias. Más allá que varias especies fueron trasladadas con éxito a otros recintos, asociaciones civiles y diputados opositores marcaron en reiteradas ocasiones que el proyecto no avanza tal cual se había propuesto originalmente.

La Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, Paula Villalba expresó: "El futuro parque no contará con espacios de contacto directo; y en las futuras concesiones está prohibido mantener y/o exhibir animales."

El Poder Ejecutivo deberá garantizar la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y/o de los organismos competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural y de los bienes con valor patrimonial, históricos y/o culturales.


El proyecto se aprobó segunda lectura se aprobó con 42 votos positivos (VJ, MC, Evolución), 15 negativos (UC, BP, FIT, AyL, MST) y  1 abstención (GEN).

Que dice la oposición

El Bloque de Unidad Ciudadana se opuso a la concesión y explotación del predio. Lorena Pokoik consideró de “gravedad institucional que la Legislatura delegue al Ejecutivo facultades que son intransferibles, según la Constitución de la Ciudad”.

La presidenta de la Comisión de Espacio Público sostuvo que la ley sancionada implica una delegación de poderes al Poder Ejecutivo con atribuciones que son propias del Poder Legislativo, como la entrega de concesiones por un plazo mayor a 5 años. Y remarcó que “privatiza 3.5 hectáreas del espacio público para la explotación del sector privado.”

Otro aspecto central es que el proyecto no respeta el patrimonio histórico, arquitectónico, paisajístico y ambiental. Pokoik detalló que las hectáreas que abarca el ex Jardín Zoológico son áreas de protección histórica que plantea restricciones por estar afectados como distrito urbanización parque, lo cual implica la prohibición de la actividad comercial y o publicitaria en el predio.

La diputada manifestó que es “mucho más grave aún el empeño que el oficialismo puso para favorecer al sector privado, ya que dichos emprendimientos serán arancelados para el público y van a obtener una tasa de rentabilidad sin quedar claro cuál es la inversión realizada.”

Durante su intervención, Pokoik recordó la muerte de 120 animales y criticó que el proyecto no priorice su preservación, traslado y las condiciones sanitarias de los animales en cautiverio en el proceso de transformación del ex Zoológico porteño.

Para finalizar reclamó por las garantías laborales de los más de 300 empleados que actualmente trabajan en el Jardín Zoológico.

La venta del Dorrego

Este emblemático espacio en el barrio de Colegiales sufrirá un destino aún mas grave que el del Ecoparque. La Legislatura aprobó en segunda lectura la habilitación para que la Ciudad lo subaste. Es decir, que lo venda.



Según el texto del proyecto, el 65% del terreno deberá destinarse a espacios verdes. Y el 35% restante servirá para construir complejos de viviendas, oficinas y/o comercios de hasta 10 pisos. El Poder Ejecutivo estima recaudar alrededor de US$ 20 millones con esta venta.

Aunque de esta manera se pretende retomar el proyecto de generar un espacio verde, la postergada Plaza Clemente, no parecería ser este el camino.

En cuanto a la venta del predio El Dorrego, Unidad Ciudadana rechazó el proyecto que utiliza un reclamo genuino, como el de los vecinos y vecinas de la plaza Clemente. Javier Andrade recordó la ley 5.875, “que en su artículo 6 dice que hay que incorporar esa plaza, entre otras de la zona. Es decir: ya dijimos que tenía que haber allí una plaza.” Y sostuvo que “para poder hacer obra pública en la Ciudad, no hace falta vender tierra pública”.



“En estos 13 mil metros cuadrados podríamos haber generado un gran pulmón verde para el barrio de Colegiales, que es uno de los barrios con menos espacios públicos y verdes de la Ciudad” manifestó el diputado durante su exposición y concluyó: “estamos desperdiciando una gran oportunidad, no necesitamos que un privado nos de permiso para utilizar algún sector del predio”.

Lo cierto es que Ferias vecinales como la Feria Masticar o diversas actividades que involucran a las colectividades e inclusos a escuelas de la Ciudad (como es el caso de la Feria Innova), deberán buscar una nueva sede pronto.



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11 de octubre de 2017

Legisladores piden informes ante la crisis en el Canal de la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 11 de octubre de 2017

Los legisladores Carlos Tomada, Lorena Pokoik y Andrea Conde presentaron el pasado lunes un pedido de informes por la situación de precarización laboral que están atravesando los trabajadores del Canal de la Ciudad, quienes denuncian que el 80% de la planta está precarizada.

De un tiempo a esta parte, fue tomando forma una situación crítica en el canal del estado porteño. Básicamente, hay falta de pago de sueldos a sus trabajadores.

"Los trabajadores del Canal de la Ciudad continúan con niveles insólitos de precarización laboral. A esta preocupante situación se le suma la indiferencia del Poder Ejecutivo que sigue atrasando la implementación de la Carrera Profesional e incumple los acuerdos firmados con los trabajadores. No podemos permitir que se siga especulando con la vida y el trabajo cotidiano de los empleados y sus familias", manifestó Pokoik.

Por su parte, la legisladora Andrea Conde señaló: "Este pedido de informes es el segundo que presentamos después de recibir la respuesta del Ejecutivo, en la que efectivamente reconocen que de la planta de 256 trabajadores, 216 están precarizados. Así como el sistema de medios públicos de la Ciudad debería reflejar su diversidad social, política, cultural y sus conflictos, también consideramos que debe constituirse en un ejemplo en materia laboral. Este objetivo es incompatible con la situación actual de los medios de la Ciudad, en la que existen trabajadores sin convenio y precarizados por un Estado que debería ser el principal promotor de la lucha contra la precarización laboral en todos los ámbitos."

En concreto, el pedido de informes requiere información sobre la situación laboral de 216 de los 256 empleados del canal que, según surge de la respuesta a la anterior solicitud de informes, se encuentran precarizados bajo la modalidad "locación de servicios". También se pregunta en relación a un reclamo de larga data de los trabajadores del Canal, en relación a la implementación de una Carrera Profesional propia y un convenio específico de trabajo .

"Que la Ciudad más rica del país mantenga irregularidades en la forma de contratación e incumpla sistemáticamente acuerdos laborales, como lo hace con el caso de los trabajadores del Canal de la Ciudad hace años, es un hecho que debe ser resuelto de inmediato", finalizó Lorena Pokoik.

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8 de junio de 2017

Se presentó proyecto de creación de ente de Comunicación de la Ciudad

Diego Adrián Fernandez - 8 de junio de 2017

El bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó su proyecto de ley de Ente Público de Comunicación Audiovisual para la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto propone la creación de un Ente Público que gestione los medios públicos de la Ciudad. Incluye la creación de un consejo asesor para realizar recomendaciones en el que estén representados todos los sectores vinculados a los medios.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 47, estipula que debe crearse un ente autárquico que gestione los servicios de radiodifusión públicos. Sin embargo, más de veinte años después de sancionada la Constitución, este punto continúa siendo una deuda.

En este contexto, se elaboró el proyecto que fue presentado en una exposición a cargo de Manolo Sueiro, secretario General adjunto de ATE Capital; Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Alejandro Ruiz, secretario de Prensa y Difusión de SATSAID, junto a los legisladores Carlos Tomada, Andrea Conde y Lorena Pokoik, autores de la propuesta.

En su intervención Tomada celebró la participación de distintos sectores en la elaboración del proyecto y sostuvo que "es importante estar hablando de medios públicos porque lo que la Constitución señala, y nosotros compartimos, es que la comunicación es demasiado importante para que solo sea un tema de empresarios". Destacó también que espera que el Ente Público sea "un ejemplo en materia laboral superando una etapa de precarización y ausencia de normas convencionales".

Por su parte, Conde manifestó que "frente a un gobierno nacional que está decidido a destruir los avances que representó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos parece fundamental generar todas las iniciativas posibles para fortalecer la pluralidad de voces y la democracia de la palabra a nivel local en la Ciudad de Buenos Aires. El sistema de medios públicos no puede estar atado a los intereses del gobierno de turno ni responder a lógicas comerciales. Debe ser un garante del derecho humano a la comunicación, el acceso a la información y la libertad de expresión".

Posteriormente, Pokoik expresó: "la regulación de los medios públicos permitiría resolver un conflicto que se viene desarrollando hace años y que lamentablemente está alcanzando niveles insostenibles: el conflicto de los trabajadores del Canal de la Ciudad, quienes soportan condiciones de contratación sumamente precarizadas en espacios de trabajo que tampoco cumplen con los requisitos que debería tener un canal de tv  para llevar adelante su función”.

Desde la Asamblea de Trabajadores del canal de la Ciudad se expresaron sobre la necesidad de esta ley "no sólo porque la Constitución de la Ciudad lo define, sino porque la ciudad necesita cuidar y enaltecer sus medios públicos." Y agregaron que "para ello hay que garantizar nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de televisión, porque eso es lo que somos".

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25 de febrero de 2017

Preocupación por el normal funcionamiento de la Feria de Mataderos

Diego Adrián Fernandez - 25 de febrero de 2017

La Legisladora porteña Lorena Pokoik, presentó un proyecto de preocupación por la Feria de Mataderos, la cual denuncia, viene sufriendo un proceso de vaciamiento por parte del gobierno de la ciudad.


Pokoik explicó que “la Feria viene sufriendo hace ya casi dos años un terrible y doloroso proceso de vaciamiento por parte del gobierno de la ciudad que se empeña en apagarla poco a poco. Esto nos preocupa y nos entristece porque no podemos perder el encuentro de todos los domingos en un barrio con una fuerte tradición de inclusión y solidaridad”.

La preocupación surge primero porque se suspendió sin motivo la “Feria de Verano”, que se realizaba durante la temporada con propuestas artísticas y artesanos de todo el país. En este sentido la legisladora sostuvo que “desde el Ministerio de Cultura se ha ordenado suspender la Feria de Verano con el pretexto de supuestas obras, que según nos consta en una respuesta por escrito del propio Gobierno de la Ciudad, están en proceso de licitación y no afectan el espacio físico en que se realiza la feria. Por esta razón, hay sobradas razones para creer que la Feria podría discontinuarse en marzo, afectando un bien integrante de nuestro patrimonio Cultural”.

Las actividades de verano de la feria - que funciona en el cruce de la avenida Lisandro de la Torre y avenida de los Corrales - habían quedado suspendidas tras un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Cultura (de quien dependen las actividades) y los organizadores barriales.

De hecho, a mediados del mes de Febrero, en las redes y de una petición en el sitio Change.org, los vecinos y organizadores se movilizaron para pedir por la apertura y continuación de las actividades tradicionales de la Feria. Finalmente, se recuperó el movimiento normal, aunque en estado de alerta.

Además se han registrado denuncias de los artesanos que le obstaculizan el armado de los stands, y tal como sostiene Pokoik “se ha suspendido el acceso a las oficinas públicas a Sara Vinocur, la creadora y directora de la feria, y se ha ordenado retirar cables, sonido, escenario, y todo lo necesario para la realización de espectáculos artísticos”

“Me comuniqué con organizaciones barriales y comuneros, pidieron información acerca de las obras y no había proyectadas en esa zona, aunque sí en el Parque Alberdi y en la plaza seca para fin de diciembre. No comenzaron y decidimos que sí se hacía (la feria)”, explicó Vinocur.

La Feria de Mataderos nació con un proyecto de Sara Vinocur, el 8 de junio de 1986, quien pudo recuperar el espacio público como un lugar de encuentro para  todos los vecinos del barrio y la Ciudad. La Feria es visitada por más de 20.000 personas por domingo y posee más de 700 puestos con artesanías tradicionales y gauchescas. Además, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura y cuenta con varias distinciones a nivel nacional y local.

Para finalizar, Pokoik sentenció: “vamos a acompañar a los feriantes, artistas, y vecinos en su decisión de continuar de manera autogestiva la programación de la feria, como forma de resistencia, y tratar de facilitar el diálogo entre ellos y las autoridades para resolver de manera urgente esta situación”.

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14 de octubre de 2016

¡Todos arriba! La Ciudad sancionó el boleto estudiantil gratuito

Diego Adrián Fernandez - 14 de octubre de 2016

SESIÓN JUEVES 13 DE OCTUBRE

La ley votada por unanimidad en la Legislatura beneficia a alumnos de escuelas estatales y privadas de los niveles inicial, primario, secundario y educación especial de la Ciudad de Buenos Aires.


A partir de Noviembre se pondrá en funcionamiento el régimen de boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Se calcula que alrededor de 270.000 alumnos se beneficiarán para utilizar los servicios de la red de subterráneos, el premetro y los colectivos del autotransporte urbano de pasajeros. Existirá un máximo de 50 pasajes mensuales y de 4 boletos diarios, en días hábiles del calendario escolar.

Cuatro comisiones trataron los proyectos de boleto estudiantil (de Educación, de Presupuesto, de Obras y Servicios Públicos y de Tránsito y Transporte) y finalmente se emitieron un dictamen de mayoría (con respaldo de los bloques PRO, Suma+ y otros) y dos despachos de minoría (uno del FPV y otro de los monobloques de izquierda).

Los despachos de minoría proponían incluir en el beneficio a docentes y otros trabajadores de la educación y a estudiantes terciarios y universitarios, lo cual no se incluyó en la ley final. La izquierda, a su vez, duplicaba en su proyecto la cantidad de viajes mensuales. En el recinto se votó el dictamen de mayoría, que obtuvo la unanimidad de los 53 votos emitidos, en la votación en general.

La ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad y allí se establecerán las formas en que se acreditará la condición de alumno para acceder gratis al servicio de transporte público.


Los fundamentos del despacho conjunto de comisiones hacen referencia "a la educación como un derecho humano", consagrado en numerosos instrumentos internacionales, y sostienen que "al tratarse de un derecho de tipo económico, social y cultural, el Estado asume la responsabilidad de lograr progresivamente su plena efectividad, aplicando hasta el máximo de los recursos de los cuales disponga".

"Garantizar el transporte sin costo a todo estudiante, sea de nivel oficial, primario o secundario, y que pertenezca a instituciones educativas de gestión estatal y de gestión privada, resulta una medida apropiada para eliminar barreras de tipo económicas que puedan influir en el ingreso o permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo", agregan los considerandos.

Hubo varias iniciativas al respecto: del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; y de los diputados Graciela Ocaña (CP); Juan Nosiglia, Inés Gorbea, Hernán Rossi, Marcelo Guouman y María Patricia Vischi (Suma+), Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Carlos Tomada, Andrea Conde, Lorena Pokoik, Silvia Gottero, Claudio Heredia, José Cruz Campagnoli y Magdalena Tiesso (FPV); Patricio del Corro (PTS), Marcelo Ramal (FIT) y Fernando Vilardo  (AyL).

La Diputada Cristina García de Aurteneche (Pro), en su exposición en el recinto, declaró que "el Estado asume activamente la responsabilidad de brindar un mejor acceso a la educación a partir de la implementación de una política de inclusión".

En cuanto al futuro de la nueva ley, remarcó que "se tendrá en cuenta la incorporación de los trenes, ya que muchos chicos lo utilizan como medio de transporte para llegar diariamente a sus escuelas", y para la registración de los beneficiarios "se está viendo la posibilidad, no sólo de la inscripción on line, sino a través de la forma presencial en los distintos CGPs de las comunas, presentando DNI y certificado de escolaridad".

Uno de los temas puntuales en donde se marcaron diferencias es en la cantidad de viajes. Según la legisladora oficialista, se establecieron 50 viajes mensuajes con tope de 4 diarios en base a "un estudio previo realizado por el Poder Ejecutivo que determinó el patrón de movilidad diario general de la población, arrojando un resultado de 2,3 viajes diarios promedio."

Los legisladores del Bloque del Frente para la Victoria (FPV) celebraron la aprobación pero con salvedades. Lorena Pokoik determinó que "Si bien celebramos el avance y la ampliación de derechos a través de la lucha del movimiento estudiantil, creemos que este proyecto es restrictivo e insuficiente, y nos comprometemos a seguir pelando para que el boleto estudiantil se transforme en un verdadero boleto educativo que incorpore a toda la comunidad".

Su compañero de bancada, Pablo Ferreyra, también fue claro al describir que trabajarán para "exigirle al oficialismo que se disponga a incorporar este beneficio a estudiantes terciarios, universitarios y trabajadores de la educación; sectores rechazados en esta votación".

José Cruz Campagnoli, legislador porteño por Nuevo Encuentro-FPV definió a la aprobación como "una victoria de la lucha colectiva, una muestra contundente de la unidad que existe detrás de esta reivindicación histórica y un primer paso para seguir peleando por lo que falta".

Finalmente, el legislador porteño Diego García Vilas apoyó la sanción de la Ley como "una reivindicación histórica que fue lograda gracias al consenso que hubo entre el Gobierno de la Ciudad y los distintos espacios que veníamos trabajando en el tema".

“Si bien nuestro planteo era más amplio, celebramos la medida: es fundamental garantizar el acceso universal de los chicos al transporte para hacer realmente efectivo el Derecho a la Educación. Al mismo tiempo, acompaña la obligatoriedad de la escolarización en la Ciudad y borra las  trabas burocráticas que existían anteriormente para obtener descuentos en viajes”, agregó.

Para información, ingresa aqui.

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12 de octubre de 2016

Boleto Estudiantil: Ya hay proyecto consensuado en la Legislatura

Diego Adrián Fernandez - 12 de octubre de 2016

La Legislatura avanzó con el tratamiento del proyecto para instaurar el boleto estudiantil gratuito en la Ciudad. El martes 11 de Octubre se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Tránsito y Transporte, de Presupuesto, de Educación y de Obras y Servicios Públicos.


Más de 30 diputados de distintos espacios políticos, estudiantes y maestros interesados en la propuesta se reunieron para debatir y darle forma a los textos que luego pasaran al recinto para se potencial aprobación final.

Finalmente se resolvió la firma de un despacho de mayoría (PRO, PS, Suma+, CP, CC) y dos de minoría, uno del FpV y otro del Frente de Izquierda.

Ahora se espera que el proyecto sea tratado este jueves en el recinto y que finalmente sea ley.

La iniciativa propone crear "un régimen especial de boleto estudiantil para los usuarios de servicios públicos de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, Premetro y de Autotransporte Público de pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, destinado a alumnos que se encuentren cursando la educación obligatoria en instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada, con subsidio estatal del cien por ciento".
El proyecto comprende como beneficiarios a los niveles de educación inicial, primario y secundario, pero también alcanzará a los alumnos que se encuentren cursando terminalidad secundaria en Centros de Formación Profesional y a la modalidad de Educación Especial.
"El boleto estudiantil podrá ser utilizado durante los días hábiles que comprendan el ciclo escolar. A través de la reglamentación se determinará la cantidad de viajes autorizados por usuario, la que no podrá ser superior a cincuenta viajes mensuales y cuyo tope será de cuatro viajes por día", sostiene uno de los artículos del proyecto de ley.



El proyecto aprobado fue ingresado por el ejecutivo porteño en septiembre de este año. El beneficio se brindará este año y la credencial provisoria que se podrá gestionar via web, por el número telefónico 147 o de manera presencial en los centros comunales.

"Es un gran avance para garantizar el acceso universal al transporte y hacer efectivo el derecho a la Educación. Si bien nuestro proyecto era más amplio, celebramos el consenso y valoramos que el Ejecutivo haya escuchado nuestras propuestas y la de los demás espacios políticos, que veníamos trabajando hace años en el tema", expresó el presidente de la Comisión de Obras Públicas Diego García Vilas, del partido Confianza Pública.

Por su parte, Graciela Ocaña -quien presentó el proyecto más antiguo vinculado al Boleto Estudiantil gratuito- expresó que esta Ley "es un primer paso de una lucha que vienen llevando desde hace años varias generaciones”.

"Uno de los aspectos más importantes de este proyecto es la universalidad, aunque vamos a seguir trabajando para incluir a docentes y acompañantes, tal como habíamos planteado en nuestra propuesta”, agregó la legisladora.

La Legisladora Lorena Pokoik, del bloque del FpV, aunque celebró el debate y que el tema se haya instalado en la agenda pública, dijo que “entendemos que este (proyecto) es restrictivo e insuficiente porque pone el foco sobre la obligación que recae en los padres de escolarizar a sus hijos y no en la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho social a la educación en todos sus niveles y modalidades."


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24 de mayo de 2016

Legisladoras del FpV presentaron proyecto de financiamiento educativo

Diego Adrián Fernandez - 24 de mayo de 2016

Ayer, lunes 23 por la tarde, las legisladoras del Frente Para la Victoria porteño, Lorena Pokoik y Paula Penacca, presentaron el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que tiene como objeto el incremento de la inversión pública en la educación de la Ciudad.


Durante el acto de presentación la diputada Pokoik manifestó que "ante el vaciamiento presupuestario que la gestión del PRO viene realizado sobre la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, buscamos con esta ley dotar a la política educativa de los próximos 10 años de una base presupuestaria que posibilite el diseño, la planificación, y la implementación de políticas públicas que enfrenten los problemas estructurales que hoy atraviesa el sistema educativo".
Por su parte la diputa Penacca sostuvo que "universalizar el acceso al derecho a la educación en todos los niveles educativos requiere de una mayor inversión pública en educación. Esa inversión debe atender principalmente a los problemas estructurales de infraestructura y vacantes".
En un breve informe, las autoras del proyectos marcan que "durante los años de gestión PRO, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires redujo la participación de la inversión pública en educación del 30% a casi el 20% sobre el total del presupuesto".

"En este sentido, el proyecto de ley presentado por las diputadas plantea un incremento progresivo, en los primeros diez años de aplicación de la ley", continúa el informe, "hasta llegar a un porcentaje igual o mayor al 30% del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Consolidado en 2024."
El proyecto avanza sobre la metodología de inscripción que tanta polémica generó los primeros dos años de su aplicación: "Esta Ley busca dar respuesta al déficit de vacantes en el sistema educativo de gestión estatal que tomó mayor visibilidad desde la aplicación del Sistema de Inscripción En Línea. En este sentido, la ley contempla, además del incremento de la inversión, la  distribución eficaz de la misma en función a las necesidades de cada comuna y distrito escolar."
Finalmente, la descripción del proyecto destacada que "en el caso de los objetivos de carácter pedagógico el incremento de la inversión se encuentra orientada al desarrollo de políticas educativas universales que propongan dispositivos de formación docente, reforma curricular y gestión institucional incorporados a la estructura del sistema educativo."

Estuvieron presentes durante la presentación el legislador mandato cumplido, Francisco "Tito" Nenna; Adriana Puiggrós, autora de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional; Eduardo López, Secretario General de UTE; Alejandra López, Secretaria General de SADOP; Malena Rinesi, Presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Acosta; el Presidente del bloque del FpV porteño, Carlos Tomada; los legisladores también del FpV, Magdalena Tiesso y Javier Andrade y el legislador por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

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19 de abril de 2016

Time Warp: La concesión irregular y la preocupación de nuestros diputados

Diego Adrián Fernandez - 19 de abril de 2016

La muerte de 6 personas durante y después de la Fiesta Electrónica Time Warp, realizada en Costa Salguero el viernes pasado, generó debates que se intensifican en todos los ámbitos.
La Agencia Gubernamental de Control se presentó ante los legisladores de la Ciudad para compartir sus informes y documentos que certifican los controles llevados a cabo en el predio.

En la siguiente nota, conoceremos las irregularidades en la concesión del Predio Costa Salguero y la mirada crítica y preocupante de los diputados opositores al PRO, alarmados por la acción - o inacción - del Gobierno de la Ciudad ante las situaciones anteriores a la realización del evento.


La concesión irregular


A través de un comunicado, la Asociación Justicia Ambiental y el Observatorio del Derecho a la Ciudad justificaron porque el GCBA durante años ha violado la normativa de la Ciudad que prohíbe que se puedan realizar este tipo de actividades comerciales en el Complejo Costa Salguero.

Actualmente Telemetrix S.A. paga $ 263.576 como canon por todo el predio Costa Salguero por mes.
Son aproximadamente 17 hectáreas (170.000 m2) donde existen 23 sub-concesionarios que explotan distintos emprendimientos.
Según el detalle en el comunicado, el GCBA está cobrando $1,5 por m2 por mes: Menos de lo que se paga un alquiler en la zona más cercana, donde se está pagando por el alquiler de 1m2 desde $ 160 a $250. (Nota recomendada)
La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece.

¿Porqué se matiene esta concesión? Uno de los sub-concesionarios es la empresa Centro Costa Salguero S.A. que explota los cinco pabellones del Centro de Exposiciones, en los cuáles se realizó la fiesta electrónica Time Warp. El esposo de Carmen Polledo (Vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad y diputada del PRO), el Sr. Fernando Polledo Oliera integra el Directorio de Centro Costa Salguero S.A. 

La cláusula Primera del título II OBJETO del contrato del día 29 de diciembre de 1988 dispone que el predio será destinado para la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de un Complejo Polideportivo y actividades comerciales complementarias relacionadas con el conjunto a desarrollar en el predio.

Actualmente, según la ley 449 el predio conocido como Costa Salguero posee zonificación Urbanización[3] Parque (UP)[4] y Urbanización Futura (UF)[5].

Para aclarar: en los distritos UF sólo se permiten los usos que sean compatibles con las zonificaciones adyacentes. En este caso, las zonificaciones adyacentes son UP.
Ninguna de las actuales actividades que se desarrollan en el predio de Costa Salguero son compatibles con la zonificación UP (playas de estacionamiento, boliches bailables, restaurantes, hoteles, oficinas comerciales, salones de conferencias, centros de exposiciones, agencia de autos, eventos musicales, etc.).

El comunicado es claro en sus últimas líneas: "Todas estas cuestiones ilegales ameritan a que la concesión del Complejo Costa Salguero sea finalizada y que dichos predios sean destinados para el disfrute público, principalmente espacios verdes públicos como establece la Constitución de la Ciudad y el Código de Planeamiento Urbano".

Los argumentos opositores

El ex legislador porteño Alejandro Bodart (MST) afirmó: “Con el PRO sigue la Ciudad Cromañón. La concesión del predio es irregular, no habilita ese tipo de fiestas. La ley PRO del Distrito Joven, que en diciembre pasado voté en contra, no sólo busca convalidar ese negocio perverso sino además otorgarle exenciones fiscales escandalosas.”

Bodart agregó: “Si con Aníbal Ibarra tuvimos Cromañón, el gobierno macrista nos trajo más muertes en Iron Mountain, Beara, talleres clandestinos y obras de construcción. Cuando más hay que reforzar los controles públicos, el PRO más los debilita: disolvió el Registro de Profesionales Verificadores y busca desmantelar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo. Lamentablemente, así van a seguir estas muertes evitables”.

Lorena Pokoik advirtió que "la ausencia, negligencia o su connivencia con el poder empresarial ponen en riesgo el más elemental de los derechos: el derecho a la vida".

"Muchos de los asistentes declararon públicamente que el complejo estaba sobrepasado en relación a su capacidad, que las canillas de agua de los baños estaban clausuradas y que las botellas que se ofrecían comercialmente tenían un precio exorbitante, y que se permitió el ingreso de menores de edad", detalló la diputada kirchnerista.

El jefe de su bloque, Carlos Tomada, señaló que la cuestión principal es “la grave crisis que tiene el sistema de controles en la Ciudad, donde sobran los ejemplos. Los errores que se cometieron son por negligencia, incapacidad o connivencia, en cualquiera de los casos es gravísimo y lo peor es que fallaron una vez más”.

"¿Por qué la agencia considera que dos ambulancias, cinco médicos y diez socorristas son suficientes para la prevención sanitaria de 13 mil personas? ¿Cuál es el fundamento?”, concluyó Tomada.

Javier Gentilini opinó que "la muerte de estos jóvenes está relacionada con un Estado que falla en sus tareas de prevención y control. Por lo tanto, la tragedia de Costa Salguero demuestra la ausencia de acciones efectivas para la prevención de adicciones y la lucha contra el narcotráfico".

El diputado del Frente Renovador aventuró un análisis más social. "Lo cierto es que buena parte de las franjas adolescentes y juveniles de la población hoy se encuentran atravesadas por el falso y ruinoso atractivo de drogas que las ponen en el riesgo cierto de perder la vida. Y eso es claramente un problema de carácter sociocultural, hacia el cual no alcanzan -en absoluto- medidas superficiales una vez que las desgracias ya sucedieron y, mucho menos, declaraciones de ocasión".

Finalmente, Adrián Camps (PSA) advirtió que “no le estoy quitando responsabilidad a los organizadores, pero si los controles hubieran existido y se hubieran garantizado las medidas de seguridad y salubridad, hoy no estaríamos hablando de esto”.

Respecto al informe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Camps puntualizó en los 13 mil tickets autorizados y los 10.900 tickets de ingreso, según lo informado por los organizadores: “Dos de los jóvenes, fueron encontrados ya muertos dentro del evento. Queda claro que el servicio de emergencia no era el adecuado para la cantidad de gente que participó”, advirtió.

"Cabe preguntarse, a sabiendas de que el riesgo existía (Para la venta y consumo de drogas),  que medidas de prevención del consumo y represión de la venta se desarrollaron antes y durante el evento", señaló. Y se refirió a la concesión en sí: "También es importante saber por qué se autorizó la realización de este festival en Costa Salguero. En 1992 la empresa Telemetrix S.A. fue beneficiada por una concesión a 30 años con el compromiso de destinar el predio a la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de un Complejo Polideportivo y actividades comerciales complementarias."



Para Adrián Camps “a la ausencia de respuestas se sumó la falta de autocrítica. Lo mejor sería reconocer lo que está pasando y buscar entre todos la solución; debatir si es necesario cambiar la normativa o sumar inspectores, en lugar de venir y negar todo”, agregó, en referencia a la exposición del titular de la AGC, Matías Álvarez Dorrego.


“Según el funcionario estaba todo bien; los inspectores, los bomberos, el puesto sanitario, las dos ambulancias, un dispenser de agua, baños químicos, funcionaba el aire acondicionado y los extractores de aire. Todo funcionaba. Pero lo cierto es que se nos murieron 5 chicos por droga, exceso de temperatura y falta de hidratación, tal lo informó la propia Ministra de Salud del Gobierno porteño”, finalizó Adrián Camps.

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