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17 de octubre de 2016

Proyecto de ley para ampliar el cupo laboral trans

Diego Adrián Fernandez - 17 de octubre de 2016
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A fines de la semana pasada se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans que tiene como objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.



De su redacción participaron los diputados Carlos Tomada, Jefe del Boque del Frente para la Victoria, Maximiliano Ferraro (CC-ARI), Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnología; y Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria) Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional.

El Cupo Laboral Trans es una demanda del colectivo LGTBI en su conjunto para un sector poblacional cuya historia está marcada por la exclusión social y la imposibilidad del acceso a la salud, la educación y el trabajo, condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de la vida de cualquier persona.

Este nuevo proyecto está basado en el consenso al que se había llegado en la comisión de Derechos Humanos en marzo de este año sobre proyectos anteriores, de los entonces legisladores María Rachid (FPV), Daniel Lipoveztky (PRO) y del mismo Maximiliano Ferraro.

En su concepción se destaca el carácter no discriminatorio por identidad de género y el derecho “al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

En el año 2015 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del estudio Orgullo en el Trabajo (Pride at Work) centrado en personas travestis y transexuales habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata y algunas localidades del conurbano bonaerense, estimó que "el 79% de las personas relevadas en la investigación recurren a la prostitución como medio de vida". El 35% muere entre los 22 y los 41 años por diferentes situaciones de violencia y asesinatos pero es el VIH-Sida, que trepa a más del 60%, la principal causa de muerte.

Desde el año 2012 más de 8.000 personas se acogieron a la Ley 26.743 de Identidad de Género, pero los cambios en el acceso al ámbito laboral se complejizan por diferentes motivos.

Este proyecto de Ley explicita que sea obligatorio que un porcentaje de los puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea destinado a la incorporación de personas trans, y también propone un incentivo impositivo para las empresas privadas que abran una contratación similar, promoviendo así la igualdad de oportunidad de empleo para todos y todas.

Suscriben el proyecto 25 diputados representantes de 9 bloques de la Legislatura Porteña: Javier Andrade, Lorena Pokoik, María Magdalena Tiesso, Paula Penacca, José Cruz Campagnoli y Andrea Conde (Frente Para la Victoria); Silvia Gottero y Claudio Heredia (Bloque Peronista); y Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia); Juan Nosiglia, Hernán Rossi, Marcelo Guouman, María Inés Gorbea, Natalia Fidel, María Patricia Vischi (Suma +); Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica-ARI); Roy Cortina y Hernán Arce (Partido Socialista); Diego García de García Vilas y Marcelo Depierro (de Confianza Pública); Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico); Javier Gentilini (Frente Renovador). 

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14 de octubre de 2016

¡Todos arriba! La Ciudad sancionó el boleto estudiantil gratuito

Diego Adrián Fernandez - 14 de octubre de 2016
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SESIÓN JUEVES 13 DE OCTUBRE

La ley votada por unanimidad en la Legislatura beneficia a alumnos de escuelas estatales y privadas de los niveles inicial, primario, secundario y educación especial de la Ciudad de Buenos Aires.


A partir de Noviembre se pondrá en funcionamiento el régimen de boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Se calcula que alrededor de 270.000 alumnos se beneficiarán para utilizar los servicios de la red de subterráneos, el premetro y los colectivos del autotransporte urbano de pasajeros. Existirá un máximo de 50 pasajes mensuales y de 4 boletos diarios, en días hábiles del calendario escolar.

Cuatro comisiones trataron los proyectos de boleto estudiantil (de Educación, de Presupuesto, de Obras y Servicios Públicos y de Tránsito y Transporte) y finalmente se emitieron un dictamen de mayoría (con respaldo de los bloques PRO, Suma+ y otros) y dos despachos de minoría (uno del FPV y otro de los monobloques de izquierda).

Los despachos de minoría proponían incluir en el beneficio a docentes y otros trabajadores de la educación y a estudiantes terciarios y universitarios, lo cual no se incluyó en la ley final. La izquierda, a su vez, duplicaba en su proyecto la cantidad de viajes mensuales. En el recinto se votó el dictamen de mayoría, que obtuvo la unanimidad de los 53 votos emitidos, en la votación en general.

La ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad y allí se establecerán las formas en que se acreditará la condición de alumno para acceder gratis al servicio de transporte público.


Los fundamentos del despacho conjunto de comisiones hacen referencia "a la educación como un derecho humano", consagrado en numerosos instrumentos internacionales, y sostienen que "al tratarse de un derecho de tipo económico, social y cultural, el Estado asume la responsabilidad de lograr progresivamente su plena efectividad, aplicando hasta el máximo de los recursos de los cuales disponga".

"Garantizar el transporte sin costo a todo estudiante, sea de nivel oficial, primario o secundario, y que pertenezca a instituciones educativas de gestión estatal y de gestión privada, resulta una medida apropiada para eliminar barreras de tipo económicas que puedan influir en el ingreso o permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo", agregan los considerandos.

Hubo varias iniciativas al respecto: del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; y de los diputados Graciela Ocaña (CP); Juan Nosiglia, Inés Gorbea, Hernán Rossi, Marcelo Guouman y María Patricia Vischi (Suma+), Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Carlos Tomada, Andrea Conde, Lorena Pokoik, Silvia Gottero, Claudio Heredia, José Cruz Campagnoli y Magdalena Tiesso (FPV); Patricio del Corro (PTS), Marcelo Ramal (FIT) y Fernando Vilardo  (AyL).

La Diputada Cristina García de Aurteneche (Pro), en su exposición en el recinto, declaró que "el Estado asume activamente la responsabilidad de brindar un mejor acceso a la educación a partir de la implementación de una política de inclusión".

En cuanto al futuro de la nueva ley, remarcó que "se tendrá en cuenta la incorporación de los trenes, ya que muchos chicos lo utilizan como medio de transporte para llegar diariamente a sus escuelas", y para la registración de los beneficiarios "se está viendo la posibilidad, no sólo de la inscripción on line, sino a través de la forma presencial en los distintos CGPs de las comunas, presentando DNI y certificado de escolaridad".

Uno de los temas puntuales en donde se marcaron diferencias es en la cantidad de viajes. Según la legisladora oficialista, se establecieron 50 viajes mensuajes con tope de 4 diarios en base a "un estudio previo realizado por el Poder Ejecutivo que determinó el patrón de movilidad diario general de la población, arrojando un resultado de 2,3 viajes diarios promedio."

Los legisladores del Bloque del Frente para la Victoria (FPV) celebraron la aprobación pero con salvedades. Lorena Pokoik determinó que "Si bien celebramos el avance y la ampliación de derechos a través de la lucha del movimiento estudiantil, creemos que este proyecto es restrictivo e insuficiente, y nos comprometemos a seguir pelando para que el boleto estudiantil se transforme en un verdadero boleto educativo que incorpore a toda la comunidad".

Su compañero de bancada, Pablo Ferreyra, también fue claro al describir que trabajarán para "exigirle al oficialismo que se disponga a incorporar este beneficio a estudiantes terciarios, universitarios y trabajadores de la educación; sectores rechazados en esta votación".

José Cruz Campagnoli, legislador porteño por Nuevo Encuentro-FPV definió a la aprobación como "una victoria de la lucha colectiva, una muestra contundente de la unidad que existe detrás de esta reivindicación histórica y un primer paso para seguir peleando por lo que falta".

Finalmente, el legislador porteño Diego García Vilas apoyó la sanción de la Ley como "una reivindicación histórica que fue lograda gracias al consenso que hubo entre el Gobierno de la Ciudad y los distintos espacios que veníamos trabajando en el tema".

“Si bien nuestro planteo era más amplio, celebramos la medida: es fundamental garantizar el acceso universal de los chicos al transporte para hacer realmente efectivo el Derecho a la Educación. Al mismo tiempo, acompaña la obligatoriedad de la escolarización en la Ciudad y borra las  trabas burocráticas que existían anteriormente para obtener descuentos en viajes”, agregó.

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16 de marzo de 2016

La oposición denuncia que la ley de Centros Culturales no se aplica

Diego Adrián Fernandez - 16 de marzo de 2016
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Los legisladores porteños Lorena Pokoik y Pablo Ferreyra (FpV) presentaron un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la aplicación de la Ley de Centros Culturales, la que denuncian, no se está aplicando pese a tener sanción definitiva y estar publicada en el Boletín Oficial.

Leyenda que acompañó la movida de los CC de la Ciudad

En el mes de octubre del 2015, luego de una larga lucha, se sancionó definitivamente la ley 5240 y su complementaria 5369 (Esta última incorpora el concepto de "Centro Cultural" al Código de Planeamiento Urbano)
Esta importante reglamentación se gestó y consiguió en un contexto de clausuras y denuncias de los Centros Culturales barriales por persecución por parte de las autoridades locales.

 "No se entienden las razones por las cuales el Gobierno de la Ciudad sigue sin reconocer esta actividad, impidiendo la adecuación e inscripción de los Centros Culturales y persistiendo con las clausuras", se quejó la diputada Pokoik.

Lorena Pokoik recordó las palabras del Jefe de Gobierno en la apertura de sesiones: "Larreta dijo al inaugurar las sesiones que Buenos Aires es la Ciudad de la Cultura, si esto es así, se debería democratizar el derecho a la cultura para todos los habitantes, y no que sólo la puedan disfrutar unos pocos".

En este sentido, Pablo Ferreyra indicó que “esta situación refleja la concepción cultural de la gestión macrista y su persecución a las propuestas que permitan una cultura diversa. Nos preocupa sobremanera que los Centros Culturales sigan sufriendo estos problemas, que intentamos impedir cuando redactamos la Ley que hoy está vigente pero el ejecutivo no respeta”.    

 La ley, entre otras cosas, especifica diferentes categorías según su capacidad:
  • "Clase A" podrá recibir hasta 150 personas
  • "Clase B" de 151 a 300 personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 metros cuadrados
  • "Clase C" desde 301 hasta 500 personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 1000 metros cuadrados
  • "Clase D" aquellos que superen las 500 personas con una superficie de piso mayor a 1000 metros cuadrados.
El documento final también detalla los medios de egreso, los servicios de salubridad, el sistema de iluminación de emergencia, las previsiones contra incendio y los requisitos de evacuación.

 Federico Putaro, miembro de Construyendo Cultura, que nuclea a más de una veintena de espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, declaró: "Pese a tener las leyes vigentes, seguimos recibiendo clausuras, y cuando queremos ir a inscribirnos en el Registro nos dicen que la categoría de Centro Cultural no existe. Somos más de 300 espacios con los papeles en la mano y la ñata contra el vidrio. Hay que dejar de clausurar, y empezar a habilitar".

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