Por Luis Cúneo – Miembro de la Junta Comunal Nro. 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía, Parque Chas)
Mucho se ha escrito sobre la democracia argentina y los cambios que en ella
se han operado desde su retorno en el año 83. Atrás quedó la etapa de los
grandes partidos nacionales, de los modelos de representación vinculados casi
exclusivamente con ellos.
La crisis del alfonsinismo, la frustración de la
primavera democrática y la salida anticipada del gobierno radical terminaron
con una visión ingenua y optimista del proceso democrático.
Desde esos días, la palabra “crisis” siempre estuvo asociada a lo
partidario, a la legitimidad política y, en última instancia, al escenario de
lo público como terreno de disputa. Como si fuera un movimiento de pinza, los
indultos menemistas y la vorágine comunicacional socavaron los últimos
cimientos de ese modelo de representatividad política, provocando una implosión
sobre las estructuras militantes, tanto partidarias, gremiales como sociales.
La Ciudad de Buenos Aires fue testigo privilegiado de esta nueva realidad.
En ella nació la fuerza que forzaría a reconocer por primera vez el fin del
bipartidismo. El Frente Grande y más tarde el Frepaso, catalizador de la más
grande diáspora política argentina, fueron los autores intelectuales de la
Constitución de la Ciudad, en su tiempo, considerada la más avanzada y
progresista del país.
En ese texto fundacional, se deja ver claramente la intensión de generar un
marco institucional que dé cuenta de los nuevos paradigmas de construcción de
representatividad y legitimidad política. Si la democracia estaba en crisis,
los partidos lo estaban también; la apuesta fue crear instrumentos que
reconstruyeran las intermediaciones políticas.
Las Comunas fueron una apuesta fuerte de esa Carta Magna. Haberles dado
rango constitucional fue la única garantía de que hoy existan, en un estado
prenatal, pero con posibilidades de ser: con años de retraso, la ciudad de
Buenos Aires finalmente terminó de poner en funcionamiento su último eslabón
institucional.
La descentralización de funciones gubernamentales es un proceso harto
conocido y practicado en ciudades de este y otros países. Esta propia Ciudad
comenzó hace mucho su desconcentración administrativa. Lo novedoso de este
modelo comunal no fue eso, sino que simultáneamente se lo proponía como una
descentralización política y administrativa con competencia territorial. Las
Comunas, con limitaciones que las alejaban de un municipio bonaerense pero con
suficiente autonomía para estimular una nueva generación de dirigentes,
incomodaron desde un principio a toda la clase política porteña.
Hoy tenemos comuneros o miembros de las juntas comunales electos pero no en
funciones. El proceso está siendo boicoteado sistemáticamente por el macrismo.
En el área encargada del proceso de descentralización, colocaron a un oscuro
funcionario sin atributos ni solvencia en la materia. Un proceso de estas
características, en una ciudad con las complejidades de Buenos Aires, es un
desafío que requiere conocimiento técnicos, experiencia de gestión y muñeca
política. Todos estos son elementos desconocidos en la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana.
La Ley Orgánica de Comunas, Nº 1.777, es un texto seguramente mejorable
pero de un indudable valor, ya que es una guía precisa de las misiones y
funciones, responsabilidades y límites de las Comunas. Establece pautas concretas
y caracteriza con claridad todos los resortes de este nuevo estamento estatal.
La Constitución y esta ley le dan a este proceso uno de los datos más
llamativos y novedosos: ponen en cabeza de un órgano colegiado (las juntas
comunales) funciones ejecutivas. Esto implica la construcción de niveles de
consenso político para lograr mayorías, seguramente, tema de interés para el
Dr. Zaffaroni.
En la actualidad, tres fuerzas políticas están representadas en las 15
comunas. En primer lugar el PRO; el Frente para la Victoria y, por último, lo
que fue alguna vez se llamó Proyecto Sur. Sin embargo, las realidades son
distintas en cada una de ellas. Por ejemplo, la Recoleta (Comuna 2) consagró a
5 comuneros del PRO, 1 del FpV y otro ex Proyecto Sur. En la Comuna 15, el
electorado fue mucho más equilibrado: 3 del PRO, FpV y 1 de ex Proyecto Sur.
En poco tiempo llegaremos al tercer aniversario de la puesta en
funcionamiento de las juntas comunales. El Gobierno de la Ciudad, violando un
sinfín de normas, como la Ley 70 (de Gestión y Administración Financiera)
impide que las Juntas Comunales puedan hacer uso del presupuesto; dejándolas en
una situación de semi clandestinidad, la gestión PRO se ha negado a transferir
los recursos que les corresponden. Sin ir más lejos, el área encargada de la
descentralización, en lugar de ceder funciones, las concentra, creciendo
exponencialmente en presupuesto, personal y responsabilidades. Hace pocos días,
el Sr. Macchiavelli, secretario del área, declaró a un medio barrial: “mucha
gente no asume que las comunas son parte del Ejecutivo”. Alguien, rememorando a
Bill Clinton, contestó: “no es la gente; es la Constitución, estúpido”.
Las comunas son una oportunidad para tener una Ciudad mejor gestionada
pero, sobre todo, más democrática. Cuando lo mediático condiciona y aleja al
ciudadano de a pie, la posibilidad de tener una intermediación política cercana
asume una importancia singular. Buenos Aires puede ser pensada como un
territorio asible, con autoridades con capacidades políticas originadas en el
voto popular y no en la delegación de un funcionario nacional o distrital.
Asimismo, están pensadas para gestionar mejor y en sintonía fina con la gente;
nos proponen un sistema equilibrado, transparente y con pluralidad política. El
gobierno del PRO apuesta decididamente a su fracaso. Si la historia
institucional de la Ciudad de Buenos Aires tuviera la generosidad de guardarle
un lugar a nuestro Maquiavello de cabotaje, éste no será gratificante para su
descendencia.
Columna publicada en La Fábrica Porteña
