Hubo sesión especial, debate y aprobación. La Legislatura se reunió el lunes para tratar el convenio firmado entre Nación y Ciudad para traspasar los recursos de la Policía Federal a la administración porteña.
Lo aprobado por los diputados es el denominado "Convenio de Transferencia Progresiva" que el 5 de enero último suscribieron el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
La votación arrojó el resultado de 39 votos positivos, 3 negativos y 11 abstenciones. De esta manera, se convirtió en ley el traspaso "gradual y progresivo" a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de bienes, personal y atribuciones que hoy tiene la Policía Federal en el ámbito metropolitano, para delitos/materias no federales.
Este convenio consta de 19 cláusulas. Ante todo, establece que, en adelante, los ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación podrán hacer acuerdos complementarios y que, al efecto, se dispone la creación de equipos de trabajo conjuntos "para llevar adelante las etapas de transición y consolidación" de este cambio de jurisdicción.
La votación arrojó el resultado de 39 votos positivos, 3 negativos y 11 abstenciones. De esta manera, se convirtió en ley el traspaso "gradual y progresivo" a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de bienes, personal y atribuciones que hoy tiene la Policía Federal en el ámbito metropolitano, para delitos/materias no federales.
Este convenio consta de 19 cláusulas. Ante todo, establece que, en adelante, los ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación podrán hacer acuerdos complementarios y que, al efecto, se dispone la creación de equipos de trabajo conjuntos "para llevar adelante las etapas de transición y consolidación" de este cambio de jurisdicción.
La primera cláusula dice que "la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad" y "la Nación conserva las estructuras, el personal, los bienes y los servicios necesarios para asegurar las funciones de seguridad en materia federal en territorio de la Ciudad".¿Cuáles son los delitos Federales? Narcotráfico, delitos ambientales, trata de personas, y similares.
Paralelamente, se sancionó una ley complementaria que autoriza al Poder Ejecutivo a "realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias" para implementar el convenio de traspaso policial.
Detalles textuales:
- Se traspasa a la Ciudad "con la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes tanto materiales (inmuebles, muebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de comunicaciones, etc.)", las siguientes superintendencias: De Seguridad Metropolitana (incluye todas las comisarías), De Bomberos (algunas partes quedan en la Nación), De Policía Científica (en forma parcial), De Investigaciones Federales (parcial), De Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y De Aviación (3 aeronaves y el personal inherente).
- "La transferencia será materializada de manera gradual y progresiva, ordenada en dos etapas: de transición y de consolidación". La transición será de un año, "que podrá ser prorrogado por las partes, de común acuerdo". La etapa de consolidación será luego, "por el plazo que al efecto las partes establezcan".
- La Nación reintegra a la Ciudad la tenencia y uso precario gratuito que la Policía Federal tiene sobre inmuebles y para las tareas de seguridad federal que mantendrá la Policía Federal se harán acuerdos de comodato para los inmuebles que siga utilizando.
- Por otro lado, los agentes transferidos conservarán su nivel escalafonario, antigüedad, remuneración, derechos previsionales y cobertura social.
- "La Nación asume los juicios pendientes y aquellos iniciados con posterioridad pero por causas anteriores a la fecha del Convenio". Con igual criterio la Nación deberá afrontar las deudas.
- El convenio suscripto habla de "fortalecer el sistema federal" y colocar al ciudadano de la Ciudad "en un pie de igualdad con los habitantes del resto del país".
- Se recuerda que la Constitución porteña de 1996 determinó que habrá una "policía de seguridad" dependiente del Ejecutivo local y se menciona la ley 26.288 (del año 2007) según la cual el gobierno de la Ciudad debe ejercer en su territorio "las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales".
- Además, se sostiene que la "transferencia gradual y progresiva permitirá consolidar la fusión de un modelo policial que garantice los derechos y garantías de los ciudadanos de la CABA (...) la presencia continua de seguridad en las calles, la prevención del delito, el empleo de estadísticas computarizadas, mapas electrónicos y juntas administrativas interdisciplinarias para conducir y guiar las estrategias de la policía local".
¿Qué más pasó en la Sesión Especial?
Juraron nuevos legisladores
Al final de la sesión extraordinaria, la Legislatura en su conjunto aceptó la renuncia de cuatro diputados que pasarán a desempeñar nuevas funciones y tomó juramento a sus reemplazantes.
Renunciaron Héctor Huici e Iván Petrella (PRO), quienes tenían mandato hasta diciembre de 2017. En sus lugares asumieron los diputados Rubén Calderón y Claudia Calciano.
También dijeron adioós las diputadas recientemente electas Silvana Giúdici (UCR) y Genoveva Ferrero (PRO), quienes fueron reemplazadas por Eduardo Petrini y María Gómez de las Casas, con mandatos hasta diciembre de 2019.
Modifican la ley de Ministerios
En la misma sesión extraordinaria se aprobó una ley que otorga nuevas competencias al Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño. A través de esta modificación a la Ley N° 5460, de Ministerios, se estableció como función del Ministerio de Justicia y Seguridad "administrar, gestionar y reglamentar el sistema de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires y establecer la organización y funcionamiento de sus órganos, en los términos de la Ley N° 2894". (Link a la ley)
También deberá abordar de manera coordinada con el Ministerio de Gobierno la tarea de "organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas".
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