El diputado de SUMAR I+D expresó que es “importante reproducir en todos los niveles posibles la necesidad de este debate y fijar el compromiso de la Izquierda Democrática con respecto a la exigencia de la legalización del aborto en la Argentina. Necesitamos que el sistema político reconozca el derecho al aborto de las mujeres y como estamos en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que comprometernos específicamente en el caso del aborto no punible”.
Gentili afirmó la importancia de que la Ciudad cumpla con el fallo de la Corte Suprema en torno al aborto no punible y puntualizó que “la Corte se limitó a interpretar un texto de 1921, con lo cual, al oponerse a esa interpretación, el Gobierno de Macri se pone en una posición más conservadora que la del Congreso que sancionó el Código Penal hace casi 100 años. Ese es el hecho más grave en términos políticos e ideológicos”.
* Diana Maffía, doctora en Filosofía e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, UBA, pidió que “se ponga claridad que una cosa es lo religioso y otra cosa es la autonomía de la mujer para tomar decisiones que tienen que ver con su conciencia. Hay que diferenciar ética de religión (…) El valor moral del embrión, que es un tema ético, no tiene ninguna relevancia cuando estamos hablando del aborto no punible. Eso ya lo zanjó el código penal”. Y en el caso puntual de la CABA y el aborto no punible, Maffía se refirió a que habría que “hacer un seguimiento de los casos en los que se aplicó el protocolo de Macri. Tomar el poder de control legislativo para ver si es eficaz o no. Y ver la cuestión de insumos a los hospitales públicos: algunos espacios que eran “amigables” para las mujeres en la Ciudad de Bs As empezaron a saturarse y ante la falta de respuesta del resto de los hospitales todas asisten allí. Se trata de darle a los médicos todos los recursos que necesitan”.
* Mariana Romero (Médica e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES) contó cómo la provincia de Santa Fe, con las políticas públicas que ha llevado adelante, ha cumplido con el mandato de la Corte, incluso antes del fallo: “El debate acerca del aborto no punible se inicia hace una década con casos que no encuentran respuesta a su solicitud de interrupción. El patrón de resolución de los casos que se resolvían eran aleatorios y no estaban registrados. Empezamos a buscar los antecedentes de jueces y tribunales que dieron lugar, en ese sentido. Había mucha incertidumbre y no había protocolos para trabajar de parte de las instituciones sanitarias. Nuestra respuesta fue empezar a trabajar en algunas jurisdicciones donde entendimos que existía una voluntad política para que hubiera compromiso de la autoridad sanitaria y se pudiera trabajar en experiencias demostrativas que nos dieran la pauta de que ésto se podía hacer coordinadamente entre el primer nivel de atención y los hospitales. Buscamos sensibilizar y reflexionar con los equipos de salud y que compartan sus temores y mitos; y reforzar los principios de salud para que sean operativos en los casos de abortos no punibles”.
* Por su parte, Felicitas Rossi, abogada de la Asociación por los Derechos Civiles, explicó que “en 2012, la Corte aclara el alcance del artículo 86 y se comprueba que el aborto no punible es sistemáticamente inaccesible por obstáculos de derecho: ambigüedad de la ley (si el permiso abarcaba a toda mujer en caso de violaciones o solo a las mujeres con discapacidad intelectual o social); los pedidos de autorizaciones judiciales previas a la práctica del aborto; y la heterogeneidad en las interpretaciones judiciales. Además, hay obstáculos de hecho: la mala fe de algunos profesionales y funcionarios del sistema de salud y la falta de información de los profesionales que temen una sanción penal. Esto demuestra el fracaso de la norma, que disuade a los médicos de realizar abortos y empuja a las mujeres a la clandestinidad provocándoles la muerte a miles de mujeres".
Rossi también se refirió al Amparo colectivo interpuesto por cuatro asociaciones civiles contra la Resolución 1252 que regula el acceso al aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires.
* Victoria Tesoriero (Católicas por el Derecho a Decidir), que forma parte de la “Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito”, expresó que el Código Canónico “es más despenalizador que nuestro propio código penal, pero la Jerarquía lo oculta y lo niega”. Tesoriero expresó que la campaña está organizada a nivel nacional y que presentaron un proyecto de ley que cuenta con la firma de 60 diputados de todos los bloques. “Con respecto a la ciudad, nosotras nos movilizamos porque ya sabíamos que Macri iba a vetar el fallo, y cuando Macri revela el nombre de la chica que quería abortar, nosotras acompañamos una denuncia penal contra Macri. Creemos que esto debería ser llevado a la Corte Interamericana”.
Además, agregó que hay “alrededor de 500.000 abortos por año en la Argentina, alrededor de 100 culminan en la muerte y 80 mil mujeres quedan con secuelas graves para la salud”.
