Para el grueso de la población que camina las calles de Buenos Aires diariamente y utiliza sus servicios de transporte, el anuncio del aparente posible traspaso del Subterráneo y el premetro del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad, puede pasar desapercibido, sin ningún tipo de repercusión ni influencia acerca de su utilización. La gente lo usará mas o menos, independientemente de ello.
Pero a nivel político, es un acontecimiento de gran relevancia. Una de las lecturas que se puede hacer, es el acercamiento de posiciones entre la gestión kirchnerista con la administración de Mauricio Macri. De todos modos, todo puede acabar en un simple punto: una obligación constitucional, y listo.
¿Cuál es esa obligación constitucional?
El sistema de subtes y premetro deben estar bajo el control del Gobierno local. Hay un poco de sentido común en ello: Todas las líneas de este medio de transporte circulan exclusivamente, en la Capital de la República.
La otra lectura, es que el Gobierno Nacional, en el marco de una toma de decisiones en el rubro económico, que apuntan a recortar gastos y controlar el cambio de divisas, le entrega el subte a Macri, no como un gesto de cordialidad, sino por el hecho de quitarse de encima un alto monto de subsidios.
Algunos dicen que esto es ínfimo e inútil, otros afirman que es un pequeño paso que se debe obligatoriamente dar para poder pensar en agrandar el número que se ahorrará en subsidios.
Retornando al eje de la nota, el traspaso del subte no es algo tan sencillo. No basta con estrechar manos, firmar papeles, sonreír para las cámaras, y sigamos trabando juntos. La cuestión es más profunda.
Retrocedamos un poco en la historia. Mucho antes que la Ciudad de Buenos Aires se instituyera como una jurisdicción autónoma del Poder Ejecutivo Nacional, las líneas
subterráneas fueron administradas por el Estado. Primero, fue a través de un ente mixto público y privado, llamado Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA), a comienzos de la década del ’30. También se incluían tranvías y colectivos.Años más tarde, el servicio de subtes se independizó y quedó bajo el control de la Administración General de Transportes (AGTBA). Recién en la década del 70, específicamente en 1977, se crea finalmente Subterráneos de Buenos Aires, sociedad del Estado (SBASE), que continúa en funcionamiento hasta la actualidad.
En 1991, en el marco de la fiebre privatizadora del menemismo, la empresa privada Metrovías, tan conocida hoy en día, se hace cargo de la explotación y el control de las líneas férreas subterráneas, junto con el tren Urquiza. La concesión duraría 20 años, pero antes del inicio del nuevo siglo, se le renovó el contrato hasta el año 2017. Falta un poquito todavía.
Este contexto histórico ayuda a tener más claro la historia previa del subte. En 1994, la reforma constitucional impulsada por el entonces presidente Carlos Saúl, le concede a la Capital Federal la categoría de ‘autónoma’. Pero nunca se traspasaron los recursos tales como el mencionado medio de transporte, y la policía. Dos de los caballitos de batalla del macrismo. Uno de los dos está a punto de ser propiedad exclusiva de la Ciudad.
Naturalmente, no hay vecino de la ciudad, sea político o no, que no festeje este gran suceso, cuyo impacto tal vez no consiga la atención del público en general, pero los cambios a futuro pueden ser motivo de charla, debate y polémica, en el corto plazo.
¿Qué significa este traspaso que comenzó a gestarse el viernes 4 de noviembre, cuando se reunieron las autoridades porteñas con don Boudou y Don De Vido?
En primer lugar, una vez que todo sea oficializado, el Ejecutivo porteño tendrá a su cargo la gestión y administración integral del servicio. Aunque sea Metrovías la empresa privada que exprima hasta el último centavo los beneficios de las 6 líneas y el Premetro, será obligación de la Ciudad monitorear y regular cada paso, ahora con el poder completo en mano para llevar adelante cualquier tipo de acción.
Esto sería un logro, no solamente de la Ciudad, sino, particularmente, de Mauricio Macri, que se anotaría un poroto más que importante para afianzar su gestión.
Hasta acá todo muy lindo, todos felices, sonrientes y con ganas de trabajar.
El tema es, como era de esperar, la plata. Desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en el año 2003, como sucedió con varios sectores de servicios, La Nación invierte miles de millones de pesos para compensar los gastos de las empresas y así, de este modo, evitar que suban los costos de las tarifas que se aplican al usuario final. El subterráneo esta incluido en ese círculo vicioso.
Sin embargo, durante todo este tiempo, los costos han aumentado, y, por decantación, el precio a pagar por el usuario, el consumidor, el vecino, ha crecido. De todos modos, el pasaje para utilizar las 6 líneas que serpentean bajo la ciudad es relativamente bajo: $ 1,10.
¿Cuál es el problema? Mensualmente, desde la secretaría de transporte de la nación, se giran 70 millones de pesos a Metrovías. Tremendo número. Más paradójico resulta analizar que muchas de las reformas y extensiones de los túneles y pasillos bajo las calles fueron, y son llevados a cabo por La Nación, y la Ciudad, según lo estipulado por el contrato original firmado en la década del 90’. Por separado, naturalmente. Ninguno de los dos querrá compartir un logro.
El dilema es, al mejor estilo Mirtha Legrand: ¿Le damos la plata o no se la damos?
Por mandato constitucional, tanto por ley nacional como por ley porteña, la ciudad debe recibir la transferencia de competencias y servicios con sus correspondientes recursos, tal y como se inmortaliza en el artículo 75, inciso 2º, quinto párrafo de la constitución de la república.
Si desde casa Rosada deciden cumplir con el pase del Subte a la ciudad, pero sin los fondos ni
los recursos, el Gobierno de la Ciudad se vería obligado, o bien a utilizar fondos que están pautados para otras áreas, y así financiar su propio subsidio, o bien dejar que el pasaje se aumente y alcance casi los $ 3.50.Complicado panorama. Y hay que tener en cuenta algo: Mauricio Macri no va a poder decir que no. Si se negara a recibir tremendo regalo de la Nación, que no es por amabilidad ni por un repentino sentimiento de respeto a la Constitución Nacional, sino por obligación de caja, entonces perdería la gran chance de hacer realidad uno de los más viejos reclamos en la ciudad y su gestión.
Ya pasó con la policía. Le negaron el traspaso, y tuvo que crear su controvertida Policía Metropolitana.
Ya desde SBASE, el ente gubernamental porteño que regularía la explotación del servicio, se dijo que no se esta en condiciones de afrontar tremendo gasto e inversión. En la legislatura de la Ciudad todavía se discute el presupuesto 2012. Y estos gastos no estarían contemplados, por cuestiones de tiempos y formas.
Tampoco hay que olvidarse de los siempre latentes conflictos gremiales que cada dos por tres cortan el servicio normal, y enloquece al usuario. Un gremio dentro de otro, la empresa que se lava las manos. Un barullo importante.
Otra salida, sería recurrir a crédito internacional. Pero tal vez eso constituya la última opción.
¿En que quedamos entonces? En esperar. Durante la próxima semana, volverán a reunirse las autoridades nacionales y porteñas. En la reunión del viernes 4, se concretó el primer acercamiento. Pero no se habló de números.
El peso pesado en las mediaciones se pondrá sobre la mesa durante la próxima reunión. Y hasta ese día, la expectativa estará puesta en poder concretar un acuerdo de traspaso lo más prolijo que ambos partes puedan consensuar.
Estamos a la espera de la combinación.
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