Fuente: Sitio oficial del diputado Bruno Screnci (PRO)
Si bien las comisiones de Planeamiento Urbano, de Ecología y de Protección y Uso del Espacio Público emitieron un dictamen aconsejando la ratificación del convenio para construir un barrio en terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, la oposición continúa cuestionando el proyecto y pidiendo que continúe el debate.
Luego de una extensa reunión las comisiones de Planeamiento Urbano, de Ecología y de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña debatieron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone la ratificación del convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y Solares de Santa María S.A., propietaria del inmueble, para la construcción de un complejo náutico-turístico-hotelero, centro de convenciones y complejo residencial en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Club Atlético Boca Juniors.
El proyecto tuvo un despacho de mayoría firmado por los diputados de PRO (con una disidencia parcial de la UCR) y tendría otro proponiendo el archivo del mismo, según adelantaron varios de los diputados de bloques de la oposición.
En los fundamentos de la iniciativa se explica que el inmueble denominado catastralmente como Circunscripción 21, Sección 96, Manzana 20, “conformó la ex Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors, a partir de lo dispuesto por la Ley Nacional 16.575 -Boletín Oficial de la Nación del 11 de enero de 1965-, según la cual el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo Nacional la donación al citado Club de 40 hectáreas de terreno a rellenar en el Río de la Plata frente a la Costanera Sur, y determinó el destino y los usos a desarrollarse en el predio una vez terminadas las obras de relleno”.
Durante la primera parte de la reunión encabezada por la titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, Silvina Pedreira (PJ), vecinos del asentamiento Rodrigo Bueno, lindante a la zona en cuestión, vecinos de la Boca, de otros barrios de la Ciudad, representantes de organizaciones defensoras del medioambiente y representantes de la Asamblea por los Derechos Humanos se manifestaron en contra del proyecto por considerar que implicaría, según estos oradores, consecuencias urbanas, sociales y paisajísticas no deseadas, porque no contempla a los pobladores del asentamiento y por considerar que viola la Constitución de la Ciudad, entre otros.
Los diputados Adrián Camps, Rafael Gentili (Proyecto Sur), María José Lubertino (FPpV), Rocío Sánchez Andía, Fernando Sánchez (CC), Eduardo Epszteyn (FPP), Marcelo Parrilli (MST en PSur) y Martín Hourest (GEN) manifestaron su oposición por razones que incluyen los argumentos manifestados por los vecinos y organizaciones.
Además sumaron otros como los vertidos por el diputado Camps, quien sostuvo que este convenio es “una transferencia de recursos económicos a la empresa IRSA, que incluye una concesión de uso a perpetuidad del canal comprometiendo el humedal protegido internacionalmente”. Por su parte la diputada Lubertino solicitó que vuelva a ser tratado en Comisión.
La diputada Sánchez Andía criticó varios puntos concretos del convenio como la falta de sanciones para la empresa en caso de no cumplir lo convenido, y pidió – al igual que Sánchez- se avance con el proyecto referido al asentamiento Rodrigo Bueno.
Parrilli aseguró que “en este sistema el negocio inmobiliario que hará IRSA es legítimo” pero manifestó no estar de acuerdo “en que se les haya regalado (durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem) tierras públicas; hay que avanzar en la expropiación de esas tierras”.
En defensa del proyecto, el diputado Álvaro González (PRO) aseguró que “éste es un problema político que puede verse desde distintas ópticas. La problemática de estos terrenos tiene no menos de 10 años. Esta administración firmó un convenio urbanístico entre la dueña y el Gobierno. Estamos tratando de que alguna vez empiece a tratarse este tema, falta vocación de discutir en serio”.
Además enumeró los pasos que este expediente deberá seguir para ser aprobado, que son: primera lectura en el recinto, audiencia pública, tratamiento en comisión y luego en el recinto para la segunda sanción. También sostuvo que este proyecto “impulsa el desarrollo de la Ciudad”.
El diputado Bruno Screnci Silva (PRO) sumó a lo dicho por su colega de bancada que “esto no es un trámite rápido, al contrario” y que “este proyecto debe ser tratado en algún momento”. Afirmó que la iniciativa se viene discutiendo en la Comisión de Planeamiento Urbano, con funcionarios del Poder Ejecutivo que incorporaron algunas propuestas sugeridas por la Legislatura.
También afirmó que el proyecto “no toca la Reserva Ecológica ni el umbral costero” y que se realizaría en “una zona postergada de la Ciudad que no tiene utilidad para los vecinos y que podría transformarse en un nuevo barrio”. Por otro lado sostuvo, respondiendo a algunas inquietudes, que para cada obra tendrá que haber un correspondiente certificado de impacto ambiental.
Además de los diputados y diputadas mencionados, estuvieron presentes en la reunión que se extendió hasta las 17 hs. Marta Varela, Fernando de Andreis, Avelino Tamargo, Oscar Zago, Cristian Ritondo, Patricio Di Stefano (PRO), Juan Cabandié, Francisco “Tito” Nenna (FPpV), Rubén Campos y Claudio Presman (UCR).
Más allá de las críticas hacia la iniciativa es necesario aclarar que una reunión conjunta de tres comisiones nunca puede ser considerada como un encuentro “a escondidas” como lo calificó el diputado Camps. También cabe mencionar que el “barrio” Rodrigo Bueno es un asentamiento ubicado entre la Reserva Ecológica y la ex Ciudad Deportiva de Boca, y no una villa. Es decir que el mismo podría ser erradicado, no hay obligación por parte del Estado de urbanizar la zona.
Además, si bien es cierto lo que afirma el diputado Parrilli respecto de la forma irregular en la que el Club Boca Juniors se adueñó de las tierras que luego compró IRSA, la Justicia no determinó que se tratara de una adquisición ilegal por parte de la empresa, con lo cual el proyecto privado es legítimo. Muchas de las críticas iniciales al convenio fueron tomadas por el Ejecutivo para reformular la iniciativa legislativa pero está claro que no fue suficiente para lograr el acuerdo de la oposición.
La ratificación del convenio entre el Gobierno porteño y el Grupo IRSA necesita 31 votos positivos en el recinto, luego tendrá su audiencia pública y, finalmente, deberá volver a ser sancionado por los diputados.
