La mañana del lunes 10, la Justicia, representada en la Sala IV de la Cámara Criminal, sobreseyó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la causa que investiga la represión de Abril del 2013, cuando la Policía Metropolitana llevó adelante un desalojo de unos de los talleres del Hospital Borda, que se salió de control y los enfrentó violentamente contra quienes se oponían a la construcción de un Centro Cívico en el predio en cuestión.
Esta sentencia judicial también alcanza a la Vicejefa, María Eugenia Vidal, y a Horacio Giménez, Jefe de la Metropolitana.
En las horas siguientes de conocerse este fallo, distintos representantes de la oposición porteña dieron su parecer, claramente en rechazo al sobreseimiento.
El Legislador porteño Fernando Muñoz (Frente Progresista Popular) consideró que la represión en el Hospital Borda fue una “acción criminal planificada” porque no existió ningún protocolo de represión y porque la policía disparó a quemarropa.
Además, indicó que la intención del macrismo siempre fue hacer un gran negocio inmobiliario en las inmediaciones del Hospital Borda y reclamó que el Gobierno de la Ciudad cumpla con la Ley de Salud Mental 448, que fue sancionada hace 13 años y que prevé la construcción de dispositivos alternativos y la resocialización de los pacientes para evitar la manicomialización.
Por su parte, el diputado y candidato presidencial Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) -quien ese día estuvo presente y recibió golpes- afirmó: "Es una pésima señal de esta justicia, que siempre deja impunes a los gobernantes y para colmo mantiene procesados a 5 trabajadores. Según este sobreseimiento ridículo, decenas de médicos, enfermeros, pacientes psiquiátricos, periodistas y diputados fuimos reprimidos en forma violenta por orden del Gran Bonete."
Bodart agregó: "Además de brutal, el operativo policial fue totalmente ilegal: la obra estaba suspendida por una cautelar, no se dio aviso previo al director del Borda y se incumplieron los protocolos de demolición esparciendo asbesto cancerígeno"
Virginia Gonzalez Gass (PSA), diputada que preside la Comisión Especial de Salud Mental en la Legislatura, alertó que "esta situación es preocupante, como también lo es la decisión de la Justicia que nunca castiga a los responsables políticos".
"Me llama poderosamente la atención el accionar por parte de la Cámara del Crimen, que en plena democracia no sanciona a quienes tienen el deber de proteger a la ciudadanía en lugar de apalearla para generar negocios inmobiliarios", agregó la diputada.
La legisladora aprovechó para detallar otras situaciones similares donde el desalojo violento generó revuelos y enfrentamientos brutales. Mencionó lo sucedido en el Parque Indoamericano (Diciembre 2010), cuando fueron asesinadas dos personas; el conflicto en el Parque Centenario (enero 2013) contra vecinos que se oponían al enrejado; la represión innecesaria en el desalojo de la Sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín y el desalojo del barrio "Papa Francisco" (Agosto de 2014)
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