Rafael Gentili, diputado porteño, junto a vecinos, pidió una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad por el amparo que presentó para lograr el traspaso de funciones a las Comunas.
"Hay que agilizar la resolución de este tema y dar certezas jurídicas para el desarrollo de las comunas", expresó Rafael Gentili, diputado de Sumar Izquierda Democrática (I+D), quien pidió una audiencia por el Amparo que tiene en trámite en el Tribunal Superior de Justicia para lograr el traspaso de funciones a las Comunas.
Tanto Gentili como otros diputados y comuneros, denunciaron que las modificaciones impulsadas por el Pro sobre la Ley de Comunas contradicen la Constitución porteña (arts 128 y 131), además de recortar y limitar varias de sus competencias, y solicitó que la Justicia se expida sobre su ilegitimidad. (VER NOTA)
Según lo analizado, el proyecto que el Poder Ejecutivo ha presentado en Legislatura (expediente 2824-J-2013) cambia el sentido con que la Constitución y la Ley Nº 1777 diseñaron las Comunas, pasando a fortalecer al Ejecutivo Central y a los Presidentes de Junta, vaciando las funciones comunales y la descentralización constitucionalmente ordenada.
Así el proyecto presentado por el Ejecutivo pretende que solo el Presidente (quien fue el más votado) cobre haberes, de modo tal de anular a la minoría o hacerla extremadamente dependiente, afectando su representación.
Macri pretende que “las Comunas sean parte integrante del Poder Ejecutivo (Art.53)”, y para ello les quitan la posibilidad que tengan patrimonio, personal, estructura, definir su presupuesto, seguimiento local de políticas y servicios públicos concesionados por el Ejecutivo. No podrán comprar, contratar, licitar y el Ejecutivo siempre puede imponer su tratamiento y opinión administrativa".
De todo se desliga que les quitarán a las Comunas toda posibilidad de injerencia en políticas sociales, pudiendo solamente ser el brazo ejecutor de las decisiones de los organismos centrales.
El Consejo Consultivo que actualmente tiene funciones de seguimiento de los servicios públicos locales, ya no lo podrá hacer, y respecto del presupuesto participativo será modificado por el Ministro de Hacienda, como desee.
De este modo, la descentralización barrial corre peligro al quedar sin ninguna capacidad de decisión barrial y todas las decisiones serán centralizadas, siendo las Comunas delegaciones del Ejecutivo central tal como eran los primeros CGP.
