El pasado viernes 15 de noviembre ingresó a la Legislatura un proyecto, enviado por el poder Ejecutivo, para realizar modificaciones a la ley Orgánica de Comunas (Ley Nº 1777), lo cual disparó el alerta entre algunos legisladores opositores y comuneros de distintos barrios.
El proyecto, según el ánalisis que surge al observar las modificaciones textuales respecto a la ley original, implicaría una "limitación" a sus actuales funciones, reduciendo sus competencias y alcance.
La ley de las Comunas fue un logro ciudadano que se retrasó desde que la Ciudad ganó su autonomía (Tras la reforma constitucional de 1994) y dictó su propia Constitución (1996), hasta su sanción definitiva, en el 2005. Este gran avance para la política porteña permite la descentralización de ciertas áreas de Gobierno para que un grupo de vecinos - electos por voto popular - decidiera independientemente de los poderes locales, que es lo mejor para sus barrios en cuestión de infraestructura general. Recién en el 2011 se eligieron por primera vez a las autoridades comunales (Ver nota en Caminando Buenos Aires)
Pablo Bergel, diputado por Proyecto Sur, aclaró que "El Proyecto mandado por Mauricio Macri es el segundo intento en su mandato por desvirtuar y vaciar de contenido democrático y participativo este nuevo poder constitucional en la ciudad, creado por la Constitución de la CABA de 1996"
"Toda la gestión del macrismo se caracterizó hasta ahora por el intento sistemático de desempoderamiento de la institución comuna, de las juntas comunales que las deben gobernar, de los concejos consultivos comunales integrados por vecinos y organizaciones barriales", profundizó el diputado.
Recordemos que durante la exposición que el Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Alberto Macchiavelli mantuvo ante los diputados en vistas al proyecto 2014, opositores ya habían alertado sobre la baja en presupuesto y otros recortes.
"La participación intensa y comprometida de los ciudadanos, no es solamente un derecho político irrenunciable de la democracia, sino la única manera de gestionar con eficiencia, porque nada importante, salvo sostener el statu quo, puede realizarse sin el compromiso responsable de los vecinos en la deliberación, decisión y gestión asociada de su barrio, su comuna, y la ciudad toda", sentenció Bergel, quien además destacó que "todas las administraciones que se sucedieron del ’96 para aquí, tuvieron el mismo desdén y ninguneo hacia la democracia participativa y sus instituciones consagradas en la Constitución".
La mísma línea manifiesta el diputado Rafael Gentili (Sumar Izquierda I + D), quien explicó que "estamos en presencia de un 'recorte' de su alcance".
"El artículo 53 expresa que las Comunas son parte integrante del Poder Ejecutivo, con lo que anulan su autonomía o autarquía. Además, quita la posibilidad que las Comunas tengan patrimonio propio y propone que incluso las sedes sean del Poder Ejecutivo", usó de ejemplo Gentili.
Gentili fue más allá en su argumento al explicar que, "además, quita algunos incisos, que cumplen hoy las UAC (Unidades de Atención Ciudadana) y que se discutieron en el amparo que presentamos en su momento, como que el Ejecutivo es Subsidiario de las Comunas, que la comuna puede hacer seguimiento de la gestión del Poder Ejecutivo en su territorio y que la Comuna tiene la desconcentración de la gestión operativa y administrativa del Ejecutivo".
"Por otra parte, hoy las comunas participan obligatoriamente en cualquier tema referido a políticas especiales, pero la nueva ley establece que el Poder Ejecutivo podrá coordinar con las comunas.", finalizó.
Entre las más importantes modificaciones, se destaca que el artículo 2 del nuevo texto determina que cada comuna podrá presentar 5 proyectos, comunicárselos al Ejecutivo quien decidirá sobre la viabilidad "jurídica, técnica y financiera de cada proyecto".
En otras palabras, "su opinión negativa bocha los proyectos que no le gustan, lo que implica negar la participación ciudadana en lo que no le guste, no le cierra o no le convenga", explica Bergel. A todo esto, las comunas no participarán de la toma de decisiones respecto al presupuesto anual y el plan de inversiones en obra pública, lo cual esta garantizado con el artículo 9º de la ley 70.
"En este proyecto, en consecuencia, se elimina la garantía legal de la participación, se reduce la misma a los proyectos comunales (expropiándoles ilegalmente su participación en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de
Este tema definitivamente marcará la agenda legislativa local hasta el cierre del periodo de sesiones ordinarias, e inclusive, dada la intención del Gobierno de la Ciudad, excederá al juramento de los nuevos diputados, por lo cual promete mucho debate en el futuro a corto y mediano plazo.