La corporación Buenos Aires Sur fue denunciada penalmente por el proyecto de la Nueva Terminal de Ómnibus Dellepiane, a construirse en la Comuna 8. La denuncia fue presentado por el diputado Nacional por UCR, Manuel Garrido, y el presidente de Izquierda Democrática y ex diputado porteño, Rafael Gentili.
La denuncia cayó en el
Juzgado criminal de instrucción 41, a cargo del juez Jorge De Santo. La
fiscalía es la número 11, a cargo de Juan Andrés Necol, y la causa es la
26555.
Garrido y Gentili explican que en
teoría, el proyecto de la nueva terminal Dellepiane resulta interesante, ya que
podría absorber por lo menos el 40% del flujo actual de pasajeros de Retiro y
generar un nuevo polo comercial en la comuna 8 a fin de revalorizar las
propiedades vecinas y crear 1200 puestos de trabajo nuevos.
Lamentablemente, la licitación tiene
varios puntos a analizar, comenzando por el andamiaje legal generado para
encubrir la concesión de por vida de un servicio público a una empresa privada,
ya que se evitó la intervención previa y obligatoria de la Legislatura Porteña, la cual, según el artículo 82 de la Constitución local, debe intervenir en
toda concesión pública con una duración mayor a 5 años.
Recordemos que en la sesión del 27 de Abril, la Legislatura aprobó la construcción de estaciones de transporte interjurisdiccional, lo cual incluye a la nueva terminal. Pero el debate legislativo, durante el cual varios diputados mostraron su rechazo, llegó después de la apertura de sobres en la licitación.
Esto se agrava si tenemos en cuenta que el
empresario beneficiado por este ardid es Néstor Otero (presidente de TEBA SA), procesado por pagar el alquiler del
departamento donde vivía Ricardo Jaime, al mismo tiempo en que éste debía fiscalizar el cumplimiento del contrato
de la Terminal de Ómnibus de Retiro y renegociar su concesión.
Garrido y Gentili declararon que “Esta
maniobra de elusión de la Legislatura no es casual y configurara los
delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y de
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de
autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por parte de los
funcionarios del Directorio de Corporación Buenos Aires Sur que intervinieron
en la adjudicación”.
En su informe “La Nueva Terminal de Ómnibus Dellepiane: Ante cada necesidad, un negocio”, Gentili había detallado
que la forma en la cual fue armada la licitación para la construcción y
operación de la terminal implicará que la Ciudad realizará un préstamo a TEBA
S.A (instrumentado mediante un contrato de leasing) para que la empresa compre
el predio, pagándolo en cuotas durante 18 años. En consecuencia, cuando TEBA
S.A ejerza la opción de compra la nueva terminal estará emplazada sobre dominio
privado y la Ciudad perderá en un futuro el control de un servicio estratégico.
Las condiciones en las cuales fue
estructurado el contrato de leasing implican que TEBA S.A deberá pagar un monto
trimestral a fin de devolver el préstamo, pero de ningún modo pagara un canon
por la explotación de la terminal. En adición, tampoco se verá incrementado las
cuotas del contrato de leasing por las mejoras que realice la Ciudad mediante
la llegada de la extensión de la línea E y una nueva bajada de la autopista
especialmente construida para la terminal.
Además, si durante esos 18 años de contrato
la empresa incurriera en incumplimientos, el Gobierno no tendría herramientas
para sancionarla. La única forma que el leasing se caiga es si la empresa no
cumple con el pago de las cuotas/canon mensuales.
Por otra parte, junto con la operación y
mantenimiento de la nueva Terminal Dellepiane, la empresa podrá explotar la
totalidad de los negocios que generará la terminal: estacionamiento, locales
gastronómicos, espacios comerciales y publicidad, entre los principales, sin
darle participación en tales negocios a la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS).
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