NOTA: SANTIAGO ARGUTO
Colaboración: Iván Tangir
Esta construcción, conocida popularmente como
“Elefante Blanco” quedó abandonado en
1955, cuando el gobierno de facto autodenominado "Revolución
Libertadora" frenó la construcción de lo que iba a ser el mayor hospital
de Latinoamérica para combatir enfermedades infecciosas.
El edificio, ubicado en el cruce de las
avenidas Eva Perón y Piedrabuena (Límite entre Lugano y Mataderos), está actualmente
ocupado por cerca de 400 personas, de los cuales el 47,1 por ciento son niños y
adolescentes que viven en 75 casillas precarias construidas en los
recovecos del inmueble, de acuerdo a un relevamiento de la Defensoría General
de la Ciudad. Allí hay un gigantesco
basural a cielo abierto, en donde abundan los roedores en medio de aguas servidas,
ya que los habitantes no tienen cloacas y se proveen de agua de un tanque lleno
de suciedad. La construcción tiene 16 pisos en total, de los cuales hasta el
tercero está habitado.
El lunes
9 de septiembre, la jueza en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario Elena Liberatori, tras haberse
pronunciado a fines de 2013 con una medida cautelar, citó en audiencia pública
a funcionarios del Gobierno porteño, entre ellos, a miembros del Ministerio de
Desarrollo Social, de la Secretaría de Hábitat y de la Unidad de Gestión de
Intervención Social (Ugis), en presencia de representantes del barrio, como los
delegados Gustavo Serra y Andrea Penayo, para que dieran cuenta de los avances
de obra y de las maniobras de saneamiento del espacio, mientras unos 100
vecinos –muchas mamás con bebés en brazos– esperaban noticias en la vereda de
Avenida de Mayo 654, domicilio, precisamente, del Juzgado número 4.
La audiencia se realizó en el marco de una
acción de amparo promovida por la Defensoría General porteña y tras la
inspección que la propia jueza hizo en abril al lugar, donde comprobó la falta
de agua potable y la invasión de ratas en un gigantesco basural que hay en el
subsuelo del edificio, entre otras carencias que sufren sus habitantes.
El problema de los habitantes del “Elefante
Blanco”, que forma parte del predio de la Villa 15, también conocida como
Ciudad Oculta, se hizo visible en 2011, cuando los vecinos se movilizaron a
raíz de un incendio en el que se destruyeron varias casillas.
Según un relevamiento de la Defensoría
General de la Ciudad, el 41,4 por ciento de los habitantes del edificio no
percibe ningún tipo de cobertura social, el 60 por ciento vive en situación de
hacinamiento crítico y sólo el 62,5 por ciento de los chicos de 3 a 5 años asiste al nivel
inicial. Dentro del “Elefante Blanco”, los
vecinos que tienen trabajo lo tienen de manera informal (la tasa de empleo
oscila el 23 por ciento). Los varones suelen dedicarse a la construcción y las
mujeres al servicio doméstico.
Además de problemas respiratorios, que
conforman la mayoría de los casos de personas enfermas, la Defensoría detectó
problemas dermatológicos en unidades linderas a los basurales por picaduras de
insectos y problemas digestivos.
El crecimiento demográfico en el inmueble
tiene relación con que muchos niños que crecieron allí ahora formaron sus
propias familias y construyeron nuevas viviendas, en realidad subdivisiones en
las casas de sus padres, en algunas de las cuales hay hasta cuatro espacios
distintos.
Los vecinos venían denunciando que están
viviendo en condiciones edilicias y
sanitarias insostenibles. En el barrio es común ver chicos padeciendo
enfermedades respiratorias, trastornos gástricos y alteraciones dermatológicas,
como ronchas y sarpullidos, provocados por la contaminación que trae aparejada
la acumulación de basura y agua en los dos subsuelos del edificio.
Finalmente, la Justicia porteña le dio un plazo de 60
días al Gobierno de la Ciudad para que limpie y sanee los subsuelos inundados y
repletos de basura y que acredite, a su vez, las obras que se comprometió a
llevar adelante tras la cautelar que lo instaba a mejorar las condiciones,
fundamentalmente de salubridad, del Elefante Blanco, donde hoy habitan 312
personas, de las cuales alrededor de 200 son chicos. Además de documentar las
obras proyectadas para el barrio, la jueza le ordenó al Gobierno porteño
nombrar un coordinador que concentre toda la información vinculada a los
avances.
