Tenso clima se vive en la ciudad en lo que respecta a la problemática más tradicional y compleja que contamina sus calles, la inseguridad.En los últimos días se informaron acerca de repetidos actos de "linchamiento" que grupos de vecinos realizaban sobre delincuentes que habían robado, o al menos intentando robar. Estos casos se replicaron en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, con muertes incluidas. Hasta el actor Gerardo Romando se vio involucrado, al evitar, como también sucedió en otro par de ocasiones, que la golpiza fuese concretada.
El debate se generó casi al instante: ¿Es correcto que el vecino común se rebaje a esa actitud? ¿Se comete delito o esta justificado? ¿Donde esta el rol del Estado nacional, municipal y de la policía, sea Federal o Metropolitana?
En ese contexto, el Bloque Verde Alameda presentó un proyecto de ley, a través de Pablo Bergel y Gustavo Vera, para que la Legislatura condene enérgica e incondicionalmente la práctica del linchamiento y exhorte tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Ejecutivo de la Ciudad a adoptar todas las medidas necesarias tendientes a prevenir su repetición.
El proyecto también propone que se inste a las personas que conducen tanto el Ministerio Público de la Nación como al de la Ciudad a que extremen sus esfuerzos para perseguir y sancionar esa forma de delincuencia.
"Estos actos de barbarie que se cometen 'en nombre de la justicia', se pretenden justificar por los perpetradores como 'formas de justicia por mano propia' ante la falta de protección estatal. Resulta indispensable que los linchamientos sean debidamente investigados por el Ministerio Público y el poder judicial. No resulta admisible que se tolere el hecho de que los autores de la práctica dispongan de un “pacto” o “código de silencio” para asegurar la impunidad de lo sucedido", expresó Vera.
Por su parte el diputado Bergel agregó: "Frente a esta situación la Legislatura debe dejar sentado enérgicamente que estos actos de violencia y agresión constituyen graves violaciones del derecho a la vida e integridad personal y denotan la debilidad del estado de derecho y de las garantías consagradas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional".
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| Uno de los linchamientos en la Ciudad de Buenos Aires |
Ya desde otros bloques habían demostrado su rechazo a esta práctica, por más razones lógicas y entendibles que tengan quienes las hayan perpetrado.
El titular de la Comisión de Justicia en la Legislatura porteña, Francisco Quintana (PRO) diagnosticó que "Los últimos episodios que están saliendo a la luz, son un síntoma del clima social que estamos viviendo en nuestro país".
“La gente no confía en las fuerzas policiales ni en la justicia. Hoy convivimos con instituciones que protegen al poder político y que no parecieran estar al servicio de la gente”, aseguró para luego agregar que “hay un Estado nacional ausente”.
En el mismo sentido, Quintana afirmó que “la gente está harta de la impunidad, se necesitan respuestas integrales a la problemática de la inseguridad y no solo parches”.
Por su parte, Alejandro Bodart (MST) expresó: “Comprendo la reacción de la gente, pero no la comparto. No podemos volver a la ley del ojo por ojo y retroceder 3500 años. Un primer paso para combatir el crimen es atacar las causas de la desigualdad social y la marginación. Mientras más crece la brecha entre ricos y pobres hay más delito.”
Bodart agregó: “La mayor parte de la violencia viene del delito económicamente organizado, que se desarrolla gracias a la complicidad política, policial y judicial que les garantiza impunidad. Entre otras medidas para combatir la corrupción y la connivencia con el delito, es necesario elegir comisarios y jueces por voto popular, con mandato revocable y establecer el juicio por jurados para terminar con la impunidad de los poderosos.”
El titular de la Comisión de Justicia en la Legislatura porteña, Francisco Quintana (PRO) diagnosticó que "Los últimos episodios que están saliendo a la luz, son un síntoma del clima social que estamos viviendo en nuestro país".
“La gente no confía en las fuerzas policiales ni en la justicia. Hoy convivimos con instituciones que protegen al poder político y que no parecieran estar al servicio de la gente”, aseguró para luego agregar que “hay un Estado nacional ausente”.
En el mismo sentido, Quintana afirmó que “la gente está harta de la impunidad, se necesitan respuestas integrales a la problemática de la inseguridad y no solo parches”.
Por su parte, Alejandro Bodart (MST) expresó: “Comprendo la reacción de la gente, pero no la comparto. No podemos volver a la ley del ojo por ojo y retroceder 3500 años. Un primer paso para combatir el crimen es atacar las causas de la desigualdad social y la marginación. Mientras más crece la brecha entre ricos y pobres hay más delito.”
Bodart agregó: “La mayor parte de la violencia viene del delito económicamente organizado, que se desarrolla gracias a la complicidad política, policial y judicial que les garantiza impunidad. Entre otras medidas para combatir la corrupción y la connivencia con el delito, es necesario elegir comisarios y jueces por voto popular, con mandato revocable y establecer el juicio por jurados para terminar con la impunidad de los poderosos.”
