Durante la tarde del día de ayer, martes 5 de noviembre, la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña recibió a los funcionarios del Consejo de la Magistratura porteño en el marco de la ronda de reuniones a las que asisten los responsables de todas las áreas de gobierno para el debate del Presupuesto 2014.
El proyecto de ley de recursos y gastos, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para el próximo año contempla un total de $1.107 millones de pesos destinados al Consejo de la Magistratura.
El destino de esa partida es la compra de edificios para el funcionamiento del Poder Judicial.
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| Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo, el segundo desde la izquierda |
El proyecto de ley de recursos y gastos, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para el próximo año contempla un total de $1.107 millones de pesos destinados al Consejo de la Magistratura.
El destino de esa partida es la compra de edificios para el funcionamiento del Poder Judicial.
En ese sentido, el presidente de este organismo, Juan Manuel Olmos, explicó que los gastos previstos para personal ascienden a $829 millones. En tanto afirmó que el "Ministerio de Hacienda propuso la asignación para esa jurisdicción de $70 millones de pesos destinados a la compra de oficinas y terrenos" pero manifestó la diferencia en este aspecto de lo solicitado por el organismo a su cargo que considera "necesarios al menos $150 millones" a tal fin, para continuar con las gestiones ya realizadas.
El Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial porteño que en su conjunto tiene una asignación en el proyecto de Presupuesto por $2.824 millones.
El Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial porteño que en su conjunto tiene una asignación en el proyecto de Presupuesto por $2.824 millones.
Buena data: El Poder Judicial de la Ciudad está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público. Según establece la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, el Consejo está integrado por nueve miembros elegidos de la siguiente forma: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces excluidos los del Tribunal Superior y tres abogados o abogadas elegidos por sus pares.
Sus funciones son: seleccionar mediante concurso público a los candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público y proponer a la Legislatura los candidatos; dictar los reglamentos del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados; reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados; proyectar el presupuesto y administrar los recurso del Poder Judicial; recibir denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público y decidir la apertura del procedimiento de remoción del magistrados.
Sus funciones son: seleccionar mediante concurso público a los candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público y proponer a la Legislatura los candidatos; dictar los reglamentos del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados; reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados; proyectar el presupuesto y administrar los recurso del Poder Judicial; recibir denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público y decidir la apertura del procedimiento de remoción del magistrados.
Por otro lado, Olmos manifestó su oposición al decreto firmado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a través del cual crea un Consejo de Justicia. En ese sentido dijo: "es inconstitucional y no puede dar instrucciones al Consejo de la Magistratura ni a jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares" y agregó "no puede subordinarnos a ese consejo dependiente del Ministerio de Justicia".
En este aspecto el Diputado Martín Ocampo (PRO), presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura le respondió a Olmos que el Gobierno tiene "una visión distinta respecto del Consejo de Justicia" y también aseguró: "el Consejo de la Magistratura no tiene facultades como iniciador legislativo". También destacó que la ciudad "continuará reclamando la transferencias de competencias con recursos", sobre lo cual Olmos había afirmado que "la Autonomía tiene un costo y es hora de que se apruebe el tercer paquete de transferencia de delitos penales" a la ciudad.
