Nota: Santiago Arguto
Colaboración: Iván Tangir
En la Legislatura porteña quieren
retomar un viejo proyecto de Aníbal Ibarra
(Frente Progresista y Popular) que quiere regular los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, dados los
problemas de falta de vivienda y la existencia de algunas propiedades
deshabitadas. Esta iniciativa establece que la
comisión de inmobiliaria no puede superar un mes de alquiler y que debe ser
pagado en partes iguales por el propietario y el inquilino.
El proyecto fija en
tres años, como plazo mínimo, los contratos con destino de vivienda y establece
que el precio del alquiler mensual no
podrá superar al 0,7 por ciento del valor inmobiliario de
referencia del inmueble.
Además, propone crear
un fondo para inquilinos con el impuesto especial
a viviendas ociosas, viviendas desocupadas por más de un año. También plantea ayudar
económicamente a familias de primer alquiler o a familias sin garantía
propietaria, con los recursos que genere el fondo de
recaudación de ese impuesto.
Asimismo, contempla
que la vivienda desocupada -considerándola como “contraria al interés social”-,
será grabada por el triple de su tributación en los casos en que estén
deshabitadas por más de un año.
El ex-jefe de
Gobierno porteño y legislador del Frente Progresista Popular (FPP), Aníbal Ibarra, explicó a Télam que “Actualmente la ciudad de Buenos Aires tiene
un claro desequilibrio en el mercado de los alquileres, en el que los
inquilinos deben cumplir con condiciones cada vez más costosas, mientras que
muchas viviendas permanecen ociosas por la especulación inmobiliaria”.
En el mismo sentido, existe otra
iniciativa en la Cámara de Diputados del Congreso. El proyecto
de la diputada nacional Victoria Donda (UNEN) propone modificar
la ley de locaciones urbanas en la Ciudad.
Esa
iniciativa contempla la ampliación
del plazo mínimo de locación de 2 a 3 años. Dicho plazo sólo es a
favor del inquilino, quien tendría derecho a rescindir el contrato antes de lo
fijado. Además, establece que el propietario no podrá exigir más que una
garantía.
La autora
del proyecto subrayó que “en la Ciudad de
Buenos Aires alrededor del 20% de las viviendas se encuentran desocupadas, sin
embargo el 32% de las familias de la ciudad habitan viviendas alquiladas.
También se ha duplicado en la última década los habitantes de las villas de la
ciudad, todos estos datos nos obligan a tomar muy en cuenta la regulación de
los contratos de alquiler”.
Además, en
la Ciudad se conformó una “Red de Inquilinos”, que
propone la creación de una Ley
que defienda sus derechos. La agrupación fue impulsada por el
Movimiento Popular La Dignidad, Patria Grande, y el Movimiento de Trabajadores
Excluidos. Su propuesta también apunta a
ponerle un límite a los precios y a establecer un impuesto a la vivienda ociosa.
Propone también la creación de la Defensoría de los Inquilinos
y del Ministerio de Vivienda.
