La presidente del bloque de legisladores
de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago junto a su compañera de interbloque Inés
Gorbea, presentaron la semana pasada un pedido para que se informe sobre el llamado a licitación
pública realizado por el PEN (Lotería Nacional SE) para concesionar las
cinco salas de bingo instaladas en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta medida significaría un atropello al derecho y la competencia local, que surge de la Constitución
Nacional, la Constitución de la Ciudad y de distintas leyes sancionadas.
El juego de apuestas en la Ciudad volvió a primer plana en la agenda antes de las elecciones, cuando la precandidata por el PRO, Gabriela Michetti, osó mencionar que, entre sus ¿pocas? diferencias con Rodríguez Larreta, se encontraba el tratamiento y las limitaciones que en dicha materia pensaba aplicar, en caso de resultar ganadora. Luego del reto de Mauricio Macri, esa cuestión se diluyó.
"Queremos conocer cuáles han sido
las acciones desarrolladas por el Instituto de Juego de Apuestas de la CABA,
(la autoridad de aplicación de la ley 538 que regula el juego en la Ciudad) ya que
entre sus funciones se encuentran la organización, administración,
reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de
apuestas y de azar" resaltó la diputada Oliveto Lago.
 |
| Paula Oliveto Lago |
Justamente, hace pocos días, el presidente del organismo porteño en cuestión, Néstor García Lira, firmaba la prórroga de las habilitaciones vigentes para esas salas - que se venció el pasado fin de semana - hasta que Lotería Nacional definiera las concesiones, luego de que trabajadores de los establecimientos, ante la amenaza de clausuras, tomaran la sede del organismo.
Las cinco salas/bingos se encuentran en Congreso, Flores, Caballito, calle Lavalle y Belgrano. Y la deuda que suman es millonaria. Mientras tanto, en el medio de esta posible licitación, se encuentra el empresario Cristóbal López, el empresario K dueño de los tragamonedas y casinos en la ciudad.
"La deuda que tiene la Ciudad en
materia de control del juego data de hace tiempo", sostuvo Oliveto Lago, pensando en los beneficios que la Ciudad, por ley, debería percibir, más allá del debate en cuanto a las limitaciones que el juego no encuentra.
En 2003 se celebró el primer convenio entre Lotería Nacional y el Instituto de
Juegos de la Ciudad, donde se llegó a un acuerdo sobre la participación
de cada una de las jurisdicciones en cuanto al contralor de la actividad y la
distribución, el cual significó un grave perjuicio para la Ciudad dado que la distribución de ingresos
estipulada fue injusta. Este convenio ha sido prorrogado por los distintos
gobiernos cada cuatro años.
En el 2008, mediante una propuesta del
Bloque de Diputados de la Coalición Cívica, se aprobó una alícuota del 8% de
impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con el juego en la
Ciudad. La misma fue apelada por algunos empresarios "a fin de evitar el
pago de los ingresos brutos invocando cuestiones jurisdiccionales e
interponiendo medidas cautelares que no permitieron a la Ciudad ejercer su
potestad tributaria", resaltó la diputada Inés Gorbea.
Finalmente, en 2013, el Poder Ejecutivo local envía a
la Legislatura un nuevo convenio, aprobado mediante trámite exprés, en el cual
renuncia al cobro del impuesto por Ingresos Brutos al juego tanto en el
presente como para el futuro, y condona las deudas existentes en dicho
concepto.
Por su parte, Oliveto Lago hizo énfasis
en que "indudablemente este convenio genera un injusto privilegio a favor
de un particular, desdeñando la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires" y finalizó diciendo que "es necesario una gestión
exitosa de los funcionarios de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y no para favorecer a unos pocos amigos como demuestra claramente el
manejo del juego".
