El diputado porteño Fernando Muñoz, del Frente Progresista Popular, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que pretende proveerle a los inquilinos en la Ciudad herramientas para poder acceder a un alquiler de vivienda de un modo más fácil.
El proyecto del Legislador Muñoz establece que se constituirá la Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y que tendrá por objeto el asesoramiento y la defensa de los vecinos que alquilen en locaciones residenciales y residentes en hoteles familiares y pensiones de la Ciudad de Buenos Aires.
Para darle forma al proyecto, Fernando Muñoz y su equipo se basaron en los resultados arrojados por la Primera Encuesta de Inquilinos de la CABA. (Ingresa y completa la encuesta)
Se trata de una encuesta lanzada por el Legislador el 10 de noviembre pasado y que ya respondieron más de 600 personas.
Ese relevamiento muestra que más del 45% de los porteños destinan entre el 30,7% y el 50% de su salario para el alquiler, más del 70% considera que no puede tener acceso a una vivienda propia y en orden de relevancia, los principales inconvenientes para alquilar fueron los siguientes: el 56% indico como principal traba las comisiones que se pagan; en segundo término, un 54% mencionó a las garantías; y el 50% el monto del alquiler. Además, el 60% de los consultados reconoció que alquila a través de las inmobiliarios, los intermediarios de este negocio.
El proyecto de ley, que cuenta con la adhesión del Diputado Aníbal Ibarra, establece que las funciones de la Oficina de Atención a Inquilinos serán: prestar asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos; ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; recibir reclamos de inquilinos, residentes de hoteles familiares y pensiones y promover la participación de la Ciudad en la proyección de los derechos de los inquilinos, entre otras.
Además, la Oficina creará un registro voluntario de inquilinos y propietarios, realizará acciones de concientización sobre los derechos de los inquilinos y producirá informes periódicos sobre sus actividades que contengan indicadores de complimiento de los servicios de la Oficina.
Fernando Muñoz afirmó que “En la capital, la población de inquilinos representa un 30 por ciento, esto significa 350.000 viviendas que se encuentran en alquiler en una ciudad que tiene la particularidad de tener, prácticamente, un 50% de viviendas en relación a la población. La población no crece, lo único que crece es la construcción. En ese contexto, se torna cada vez más exigente los requisitos para alquilar, el mercado pone las condiciones y el gobierno de la ciudad no interviene para nada”.
Los principales lineamientos del proyecto de Ley de Alquileres son:
- El plazo mínimo para los contratos de alquiler es de tres años.
- El Estado deberá verificar que los contratos firmados se ajusten a la Ley.
- Los alquileres deben pagarse mediante depósito bancario.
- En caso de que el contrato se realice a través de una inmobiliaria, los honorarios no podrán superar el monto equivalente a un mes de alquiler, debiendo ser pagados por mitades por ambas partes.
- El precio del alquiler mensual no podrá superar la suma que resulte de dividir por ciento ochenta el valor de reposición del inmueble. A tal fin, la autoridad de aplicación establece y publica anualmente los valores de reposición, previa tipificación de los inmuebles en base a criterios pre-establecidos que contemplen por lo menos ubicación, antigüedad, aspectos constructivos, dimensiones, distribución, funcionalidad, servicios.
- Durante el penúltimo mes de vigencia del contrato, la locadora acordará con el locatario la inspección del inmueble para constatar su estado de conservación.
- Los locatarios deben pagar las facturas correspondientes a los servicios de que está provista la vivienda, y las expensas ordinarias; en tanto que los propietarios deben pagar las tasas, contribuciones e impuestos que recaen sobre el inmueble, y las expensas extraordinarias.
Este proyecto también se muestra como la reacción ante el programa que el Gobierno de la Ciudad creó el año pasado: "Alquilar se puede".
Según Muñoz, "la solución propuesta por el PRO es insuficiente y engañosa". El diputado explicó que el programa es restrictivo debido, por ejemplo, a que sólo podrán inscribirse jóvenes de entre 18 y 35 años de edad y es únicamente para 2.000 personas durante seis meses, es decir, solamente 300 personas por mes son las beneficiadas. El origen del presupuesto para pagar los primeros seis meses de parte de la cuota de alquiler también es un misterio, dado que no aparece contemplado en el Presupuesto 2015 aprobado el año pasado.
.jpg)
