Los presidentes de doce Juntas Comunales fueron denunciados penalmente por el delito de aprobar la intervención de las Comunas a través del nombramiento de gerentes designados por el Jefe de Gobierno, mediante el Decreto 251/14, que anula el proceso de descentralización y deja sin efecto la voluntad de los vecinos en el ámbito comunal.
La denuncia fue realizada por Sergio Oscar Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1, quien consideró que "este accionar se convierte en un hecho ilícito y un delito grave por parte de los jefes comunales, ya que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque es violatoria de la Constitución y, peor aún, carece del mandato expreso del resto de los comuneros que conforman cada Junta".
Recordemos que hace aproximadamente 2 meses se conoció la creación de distintas Gerencias dentro del organigrama de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y con funcionarios designados directamente por el Jefe de Gobierno, cuyas obligaciones se superponían con algunas de las competencias que las comunas ganaron por ley y mandato de la Constitución de la Ciudad.
Esto ocasionó la reacción de comuneros opositores (los presidentes y mayoría de las 15 comunas son del PRO), y de diputados porteños, hasta que la Justicia ordenó la suspensión del decreto, tras la presentación de un amparo.
La acusación por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" es contra los presidentes de las Comunas, Brunet, María Cristina; Carillo, Facundo; Etchezuri, Christian Rubén; Apreda, Héctor Jorge; Bouza, Marcelo Claudio; Iambrich, Marcelo Alejandro; Peña, Guillermo Martín; Ferrari, Agustín Marcos; Guzzini, Carlos Alberto; Acevedo, Gustavo Javier; Corach, Maximiliano; y Crevena, Ignacio Carlos"; y se encuentra radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 7, a cargo del Dr. Raúl Juan Emilio García.
En el mismo sentido, la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad, María Rosa Muiños, afirmó que "el modo de accionar con respecto a la sanción del Decreto 251 es de una gravedad institucional enorme".
Por último, Muiños pidió informes a los presidentes de las juntas comunales y a todos los comuneros, ya que "al día de la fecha no hay ninguna constancia de que los presidentes de las Comunas hayan tomado esta decisión con el aval de todos los miembros de la Junta. Entonces, ¿qué intereses están defendiendo?".
