Más allá del asueto administrativo que regía durante la jornada de ayer, el primer día hábil del año 2014, tanto en la Legislatura porteña como en la Justicia Nacional, los legisladores del bloque Verde/Alameda, Pablo Bergel y Gustavo Vera, denunciaron por sabotaje a los titulares de las empresas
proveedoras de la luz, Edesur y Edenor, como a su ente de control el ENRE, e
imputando al jefe de Gabinete Nacional y el ministro de Planificación Nacional
por incumplimiento del funcionario público.
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| Pablo Bergel (Izquierda) y Gustavo Vera (Derecha) |
Los legisladores tuvieron que dar un par de vueltas hasta poder dejar sentada su denuncia.
El recorrido contempló en primer lugar la presencia en la sede del fuero federal en la calle Comodoro Py 2002 pero estaba con sus
puertas cerradas y no se permitía el ingreso ni siquiera al piso segundo en la Cámara Federal. Luego la situación se repitió en el Palacio de Justicia, en su ingreso principal por
Talcahuano.
Ante la falta de atención en la justicia
se recurrió a la comisaría 3°. Allí tomó la denuncia el principal Sergio Rodríguez quien
notificó por teléfono al juzgado de turno. Julian Ercolini, a cargo del juzgado
federal N° 10 con su secretaria Maria Julia Sosa, son responsables de la
denuncia penal por sabotaje realizada por los legisladores porteños del bloque
Verde/Alameda.
Recordemos que fracasó el intento de cinco diputados de la Ciudad - entre ellos Bergel y Vera - para convocar a una sesión especial en la Legislatura local durante la cual se tratarían y, potencialmente aprobarían, proyectos para avanzar sobre la emergencia energética en la Ciudad con medidas concretas (Ver NOTA del 30 de Diciembre)
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| Certificado de denuncia |
Texto de la denuncia
Señor Juez:
Gustavo Javier Vera y Pablo Bergel, legisladores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Perú 130 de esta Ciudad, con el
patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF),
constituyendo domicilio procesal en Avda. Callao 178 Piso 5° también de esta
Ciudad, se presentan y respetuosamente dicen:
I) Objeto
Que por el presente vienen a formular
denuncia por el delito de sabotaje, previsto y reprimido en el art. 7 de la ley
13.985, a
los fines de que se investigue la posible responsabilidad de los directivos del
Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica y de los directivos de las
distribuidoras del fluido eléctrico Edenor y Edesur respecto de los
cortes de energía que determinaron la situación de emergencia que padece la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el mes de diciembre del año 2013. Asimismo solicitamos
se investigue la posible participación de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios en
el referido delito o la posible comisión por parte de estos funcionarios del
tipo culposo previsto en el art. 10 de la ley 13.985 en virtud del posible
incumplimiento de los deberes a su cargo.
denuncia penal con la firma de
recibida en la comisaría
II) Hechos
Constituyen hechos notorios los cortes
de energía eléctrica que desde el mes de diciembre de 2013 provocaron una
situación de verdadera emergencia que obligó a movilizar la defensa civil de la Ciudad para asistir a los
vecinos. A consecuencia de esos prolongados cortes las casas de departamentos
se convirtieron en trampas para sus habitantes por la falta de los servicios de
agua corriente, de ascensores y de medios de conservación de sus alimentos en condiciones
climáticas terribles con temperaturas lindantes a los 40° C. Miles de personas
adultas mayores, enfermos y niños, debieron a asistidos por el SAME, los
bomberos y los agentes de la
Defensa Civil y rescatados de los edificios en los que
peligraba su vida a raíz de las condiciones generadas por los apagones. La Ciudad se vio conmovida por
protestas colectivas, piquetes, cortes de ruta y de calles, hechos de violencia
que causaron la muerte de personas registradas en la crónica periodística. El
comercio y la industria se vieron perturbados. Fue particularmente penosa la
situación de los comerciantes de artículos perecederos que vieron como su
mercadería se arruinaba por la interrupción de la cadena de frio en tiempos en
que por las Fiestas de fin de año tienen su pico máximo de ventas. Un clima de
temor, violencia y desazón se generó a partir de la falta de este esencial
suministro que además estuvo potenciado por la cercanía de los episodios de
saqueo que conmovieron el país durante el mes de diciembre. El clima de
opresión que se vive en una ciudad oscurecida y con sus calles desiertas como
si se viviera en tiempos de guerra ha caracterizado este fin de año.
Basta leer el debate parlamentario de la
ley 13.985 para advertir que el bien jurídico tutelado por el tipo del delito
de sabotaje no es solamente los bienes materiales sino el espíritu público, el
estado de unidad social y de concordia, esenciales para la seguridad de la Nación como se encargó de
puntualizar el entonces diputado John William Cooke. Sin perjuicio de la
identidad partidaria de los redactores de la ley y de los errores en los que
incurrieron, lo cierto es que las correcciones introducidas por las leyes
16.648 y 24198 eliminaron los aspectos más controvertidos de la referida
normativa, la que, por otra parte fue restablecida en dos oportunidades por
gobiernos constitucionales (leyes 20.509 y 23.077).
En este caso concreto corresponde que se
investigue si por los medios de la desinversión y del vaciamiento de las
compañías proveedoras de la electricidad se ha desorganizado el servicio con la
finalidad de perturbar el desarrollo comercial, industrial, económico y social
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de los partidos del conurbano porteño.
Una de las características más salientes
de los procesos económicos de los últimos treinta años, es decir durante la
vigencia de los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura militar,
han sido las idas y venidas con la titularidad de las empresas de servicios
públicos. La gran corrupción en la gestión de las empresas de servicios
públicos determinó el colosal derrumbe económico de 1989 que obligó durante la
década de los noventa, en medio del descalabro general a una muy apresurada
desregulación y privatización. Este proceso estuvo signado por una nueva y
escandalosa oleada de corrupción. Sin embargo, la población debió tragar
la píldora bajo la amenaza del caos. En el 2001 estalló por el aire el modelo
menemista y se replanteó un sistema de controles no muy claro ni muy eficaz pero
que hubo que aceptar por la pretendida naturaleza nacional y popular de las
nuevas autoridades y porque no quedaba otro remedio. Hoy nuevamente vuelven a
saltar por los aires las empresas otrora privatizadas y luego mal reguladas y
peor controladas y se busca imponer estatizaciones ruinosas y carísimas.
Ejemplos que están a la vista: aerolíneas argentinas, YPF, los servicios del
ferrocarril, etc. Nuevamente recomienza el ciclo de corrupción
(contubernio del sector privado con los funcionarios públicos), sabotaje
(desorganización del servicio con riesgo para el desarrollo) y extorsión
(exigencia de aceptar turbias soluciones políticas desesperadas para evitar la
amenaza de males mayores). De modo similar y concurrente, se debe señalar la
irresponsabilidad cómplice de autorizar y promover la sobreconstrucción sin la
contrapartida de la actualización de las infraestructuras que deben hacer
sustentable la vida urbana, con la sola vocación de impulsar la maximización de
la renta inmobiliaria.
En el caso de las compañías Edenor y Edesur cabe señalar que del análisis de
los balances de ambas empresas distribuidoras de energía, surge que presentan
dificultades que hacen prever su disminución de capital y hasta la liquidación
misma de las empresas.
Sin embargo, a pesar que los organismos
de control y el Poder Ejecutivo Nacional, cuyos funcionarios integran los
directorios de las mencionadas compañías, se encuentran en conocimiento de
ello, no adoptaron medidas tendientes a evitar consecuencias mayores, como las
que ahora están padeciendo los usuarios de las empresas de electricidad.
En
efecto, las empresas presentan pérdidas acumuladas y déficit de capital de
trabajo.
Sus auditores y comisiones
fiscalizadoras señalan que se prevé que si la situación continuara deteriorándose,
estiman flujos de Caja y resultados operativos negativos y el deterioro de los
índices financieros.
También han señalado que la
situación genera incertidumbre respecto de la posibilidad de que las empresas
continúen operando como una empresa en marcha, en términos contables.
Los auditores y síndicos señalan que no
se incluyen los efectos para el caso de no resolverse la situación a favor de
la continuidad de las operaciones de las empresas, en caso que se vieran
obligadas a vender sus activos y/o cancelar sus pasivos, incluyendo las
contingencias.
Agregan que de persistir esta situación
se encontrarían comprendidas en la causal de disolución por pérdida del capital
social establecida por el Art. 94, inc. 5° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.
Esta situación que pone al límite la
continuidad de un servicio público esencial no era ignorado por el ENRE que
tiene a su cargo en virtud de los arts. 56 y concordantes de la ley 24065
evitar situaciones como las que ha padecido la Ciudad autónoma de Buenos
Aires.
III) Prueba
Solicito se tengan en cuenta los
balances e informes publicados por las referidas empresas como prueba y la que
oportunamente se aportará al momento de la ratificación de la presente.
Asimismo se requieran los pertinentes
informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad sobre la
situación financiera de Edenor y Edesur y de las medidas adoptadas a su
respecto.
IV) Petitorio
Por todo lo expuesto, solicito:
a) Se tenga por presentada y
el domicilio constituido,
b) Se corra la
correspondiente vista al Ministerio Público Fiscal.
Proveer de conformidad. Será Justicia.
