La semana pasada, diputados de la oposición porteña hicieron público el proyecto de Ley Nº 273-P-2013, elaborado por las celadoras del transporte escolar de la Ciudad, en el cual solicitan se resuelva la situación de precariedad y terciarización laboral a la que son sometidas.
El mismo fue presentado este viernes en la Sala de Prensa de la Legislatura Porteña y acompañado por varios legisladores que anunciaron harán un pedido de preferencia para su tratamiento en labor parlamentaria.
El mismo fue presentado este viernes en la Sala de Prensa de la Legislatura Porteña y acompañado por varios legisladores que anunciaron harán un pedido de preferencia para su tratamiento en labor parlamentaria.
“Seguimos en la lucha”, sentenció Mónica, una de las celadoras que vive en la villa Carlos Mugica y trabaja desde 2009 en condiciones irregulares, sin beneficios sociales ni contrato en los meses de enero y febrero.
La situación de estas mujeres parece corresponderse al abandono y falta de cumplimiento en la urbanización de los barrios que conforman las villas 31 y 31bis, según lo estipulado por la Ley Nº 3343. La norma sancionada en 2010 contempla resolver la situación habitacional de los 26 mil habitantes relevados hasta entonces y, también, construir escuelas. Como esto nunca ocurrió, los niños deben usar transportes que los derivan a otros barrios.
El texto solicita la “regulación para la contratación de las acompañantes del servicio de transporte escolar”, indica que el empleador sea el Ministerio de Educación o el organismo designado por el Gobierno de la Ciudad y que se dicten al menos 30 horas de capacitación para mejorar la formación profesional de las trabajadoras.
En la conferencia participaron las legisladoras Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos), Virginia González Gass (PSA) y María Elena Naddeo (FPyP), con la adhesión de Rafael Gentilli (I+D).
También estuvieron presentes el Secretario Adjunto de UTE, Guillermo Parodi, y Bettina Castorino, Secretaria General de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Laura García Tuñon ironizó indicando que si el modelo a seguir por el PRO es el de Estados Unidos, una buena manera de convencer a sus legisladores es explicándole que, a pesar de la crisis, ese país cuenta con micros atendidos por personal dependiente de sus carteras educativas.
En tanto María Elena Naddeo, actual candidata por Alternativa Popular, sostuvo que “hay un retroceso en las políticas sociales educativas en la Ciudad, este es un ejemplo muy claro, de un programa que fue acompañando la escolaridad de los chicos y que surgió en el marco de la gran crisis. El gobierno de Macri resolvió en lugar de pasar a planta a las trabajadoras, la terciarización, pidiendo la contratación a las empresas de micros”.
Por su parte, Virginia González Gass explicó que “Es fundamental la labor educativa propiciada por las celadoras en su trabajo diario. Son verdaderas operadoras sociales en relación con la inclusión y la permanencia de los chicos en el sistema escolar”.
