Palabras del Diputado Martín Ocampo (PRO)
La recaudación tributaria constituye el principal e imprescindible sustento, que permite a un Estado cumplir con su rol de igualador de oportunidades y brindar, especialmente a los sectores socioeconómicos más vulnerables, servicios de salud, educación, seguridad y soluciones habitacionales.
Pero el diseño y la aplicación de políticas públicas tendientes a cubrir las necesidades de la gente, se ve seriamente amenazado por esta especie de "ladrones de guante blanco", que al defraudar al sistema nos roban a todos. La falta de recursos para nuevas obras de infraestructura, para asistencia social y para contemplar respuestas a las necesidades más básicas, atenta directamente contra el bienestar comunitario.
La disminución o falta de pago de un Tributo (tasas, contribuciones o impuesto), por parte de quienes están jurídicamente obligados a pagarlo, mediante conductas fraudulentas u omisivas que violan las disposiciones legales, constituye una falta grave a la vida en comunidad y muestra un desinterés manifiesto por el prójimo. Por esta razón cuando su cuantía es importante debe ser considerada por el Estado como un Delito. Frente a estos ataques, el cuidado de los intereses colectivos, constituye también un acto de justicia social. Se trata de preservar al otro. La defraudación impositiva, al igual que las prácticas mafiosas y la corrupción, destrozan las redes de contención social. Las aniquilan, las transforman en un mero decálogo de buenas intenciones.
Por medio de la Ley N° 26.735 (BO 28/12/2011) el Estado Nacional determinó que tanto las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tengan la posibilidad, a través de sus instituciones judiciales de perseguir penalmente a los evasores. Las autoridades públicas tenemos la obligación de honrar la confianza expresada a través del voto y la responsabilidad de legislar para proteger el bien común. En esa línea las leyes deben tener el espíritu de garantizar el normal desarrollo de todos aquellos que habitan la Ciudad.
En la última sesión, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de mi autoría que implica una modificación del Código Fiscal de la Ciudad, a partir de la cual la Agencia de Ingresos Públicos, AGIP, estará facultada para perseguir penalmente a quienes evadan impuestos locales por más de $400 mil anuales, por tributo, denunciándolos ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño. Así, quienes incumplan con la ley podrán enfrentar penas de prisión efectiva, que en el caso de la evasión simple van de dos a seis años. Finalmente la Justicia se hará efectiva no sólo tutelando el cumplimiento de los derechos ciudadanos, sino sancionando a quienes con su conducta desleal y traicionera intentan robarles el futuro a nuestros hijos
