La semana pasada sesionó la cámara de diputados porteña por última vez en el mes, y sancionó por unanimidad una ley de vital importancia para más de 1300 familias de la Villa 21-24, ya que se aprobó su re localización para sacarlos de las contaminadas orillas del Riachuelo.
El proyecto, de autoría de los diputados PRO Karina Spalla y Cristian Ritondo, propone reubicar estas familias en cinco predios consensuados con los habitantes del barrio, con el objetivo de solucionar los graves problemas de salud que implica vivir en esos asentamientos precarios.
Spalla remarcó que "el gobierno de Mauricio Macri entiende que urbanizar es brindar calidad de vida a los vecinos en un ambiente digno y cumpliendo con la totalidad de sus derechos, donde no hay ciudadanos de primero y de segunda. Es una continuidad en la política de reducir la brecha entre el norte y el sur de la ciudad".
La legisladora del Frente para la Victoria y vicepresidenta de la comisión de Planeamiento Urbano, María Rosa Muiños, informó que “muchos niños y embarazadas que viven en la zona están enfermos con plomo en sangre, tienen problemas respiratorios, dermatológicos, presentan retrasos en su desarrollo psicomotriz e incluso hay personas con cáncer, porque las casas están ubicadas en lugares contaminados”.
Y detalló “En junio de este año, ACUMAR diagnosticó 72 niños con probabilidad de presencia de trastornos en su desarrollo psicomotor y 53 niños con diagnóstico toxicológico por encima de los valores de referencia”.
La ley fue aprobada en segunda lectura por el Cuerpo legislativo y dispone la transferencia de inmuebles, expropiación y rezonificaciones para los conjuntos de viviendas afectados por la liberación del Camino de Sirga, específicamente para la villa 21-24.
Este proyecto, de todos modos, surge desde el consenso entre legisladores, ACUMAR, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Ministerio Público de la Defensa, ONGs y también de los vecinos, que participaron en los lineamientos de su propia relocalización y lograron que el Poder Ejecutivo tomara como propio el listado de terrenos que ellos mismos relevaron en la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios) para poder construir sus viviendas.
Antes de alcanzar su aprobación final, el proyecto se sometió a la instancia de Audiencia Pública, hace dos semanas, en el Salón Presidente Perón.
En esa oportunidad, el primero en tomar la palabra fue el Padre "Toto" De Vedia, quien solicitó que "la rezonificación de los terrenos y la relocalización de los vecinos se haga en tiempo y forma, ya que la gran lentitud de todo el proceso atenta contra la dignidad de las familias".
Asimismo, los vecinos insistieron en que la lucha es por una vivienda digna: "Nosotros vamos a dejar las casas que construimos con nuestras propias manos y habitamos desde hace años, vamos a pagar por las nuevas, nadie nos va a regalar nada. Como muchos somos obreros de la construcción, nos damos cuenta de las falencias que tienen los complejos habitacionales que el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo con el sistema de construcción rápida: se levantaron todos los pisos, hay humedad, electrificación de paredes , caída de azulejos y no hay gas porque no se terminó la obra", informaron, al tiempo que propusieron la creación de una comisión de seguimiento de las obras.
Muiños propuso “promover procesos de autoconstrucción solidaria que, aunque resultaran más caros, se obtendrían muchos beneficios que tienen que ver con el armado social, ya que además del producto final, generarían fuentes de ingresos en las familias y una apropiación más genuina del lugar”.
La obligación judicial
Este proyecto se enmarca en lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia en la Causa Mendoza y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que contempla, entre sus líneas de acción, la urbanización de villas y asentamientos precarios.
Después de la presentación judicial de un grupo de vecinos en 2004, la Corte de Justicia falló el 8 de Julio de 2008 para determinar la responsabilidad de las autoridades en el saneamiento con la posibilidad de imponer multas
En aquel fallo se obliga a la ACUMAR a llevar a cabo un programa cuyos objetivos son: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
