Finalmente, la legislatura votó, aprobó y sancionó el traspaso a la Nación de los ex centros clandestinos de detención, disolviendo de este modo al Instituto Espacio para la Memoria (IEM) como ente autárquico del Estado porteño.
Tras el intento fracasado de la semana pasada, el PRO, junto a su aliado circunstancial en este caso - el FpV - logró imponer su proyecto para otorgarle la cesión por 30 años al Gobierno Argentino para administrar los cinco ex centros clandestinos de detención, entre los que se destaca la famosa E.S.M.A.
La polémica se instaló inmediatamente apenas se conoció la intención de acuerdo, a comienzos de febrero, y que hicieron efectivo en marzo la vicejefa, María Eugenia Vidal, y el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Desde organismos de derechos humanos alzaron la voz en contra del proyecto, que incluso cosechó rechazos de diputados afines al kirchnerismo.
Una de las voces más calificadas para hacer firme la oposición al proyecto, ahora ley, es Adolfo Pérez Esquivel, quien incluso le envió una carta abierta a los legisladores para que recapaciten su posición.
políticas que conjugan el erróneo deseo de una de las partes, de apropiación de esos espacios de memoria, con la de la otra que nunca tuvo interés en los mismos y siempre incumplió la efectivización de las partidas presupuestarias votadas por ustedes destinadas a su preservación", marcó en su texto.
El convenio involucra los edificios de la ex ESMA en la avenida Del Libertador (Casino de oficiales, Pabellón Central, Imprenta, Taller Mecánico, Pabellón Coy y Enfermería) y los centros clandestinos de detención: Automotores Orletti -Venancio Flores 3519/21-, Club Atlético -avenida Paseo Colón 1200-, Olimpo - Ramón Falcón 4250-, Virrey Cevallos -Virrey Cevallos 628/630- a fin de optimizar su preservación y puesta en valor.
El debate: A favor y en contra
La disolución del IEM, según fundamentó el Jefe de Gobierno "no obsta la continuación de las políticas de difusión, capacitación, cumplimiento y promoción de los derechos humanos, y el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural".
Y de acuerdo a la aclaración del diputado Helio Rebot (PRO) en el recinto "garantiza mediante la creación de un consejo asesor como área descentralizada de la Subsecretaría en el que participan la totalidad de los organismos que actualmente trabajan en el IEM, la estabilidad y remuneración de efectivos y contratados".
Por su parte, desde el Frente para la Victoria, Gabriela Alegre afirmó que "esos sitios son emblemas nacionales, por lo que ratificamos y defendemos el pase a la órbita del gobierno nacional; además estamos creando un consejo asesor similar al IEM". La derogada Ley N° 961 había creado el IEM como ente autárquico en el ámbito del GCABA, norma impulsada por la legisladora que fue aprobada en el año 2002 por unanimidad.
El tratamiento parlamentario de esta cuestión generó severas críticas de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y diputados nacionales y locales.
Alejandro Bodart, uno de los que votó en contra, alertó que “Es un nuevo pacto PRO-K, ahora contra los derechos humanos. Los K liquidan ese ente autónomo para seguir haciendo utilización política de los derechos humanos, como hacen en la ESMA”.
Alejandro Bodart, uno de los que votó en contra, alertó que “Es un nuevo pacto PRO-K, ahora contra los derechos humanos. Los K liquidan ese ente autónomo para seguir haciendo utilización política de los derechos humanos, como hacen en la ESMA”.
Bodart agregó: “Con el ascenso a Milani, el kirchnerismo inició la etapa de la desmemoria y hoy han dado un nuevo paso. Además, el traspaso del personal a Nación es compulsivo porque no incluye el derecho a opción para los trabajadores que quieran seguir en la Ciudad, como proponía mi proyecto.”
“El gobierno porteño no sólo se desentiende de estos sitios que representan la memoria para la Ciudad, y donde podría implementar distintas políticas en materia de Derechos Humanos, sino que además disuelve un organismo que funcionaba de manera autónoma, para crear uno nuevo que dependerá del Gobierno Nacional. De esta forma no podremos garantizar una política de Derechos Humanos en la Ciudad a lo largo del tiempo, sino que esta dependerá de la ideología política de quien gobierne el país”, aseguró la diputada socialista Virginia González Gass (PSA).
“El gobierno porteño no sólo se desentiende de estos sitios que representan la memoria para la Ciudad, y donde podría implementar distintas políticas en materia de Derechos Humanos, sino que además disuelve un organismo que funcionaba de manera autónoma, para crear uno nuevo que dependerá del Gobierno Nacional. De esta forma no podremos garantizar una política de Derechos Humanos en la Ciudad a lo largo del tiempo, sino que esta dependerá de la ideología política de quien gobierne el país”, aseguró la diputada socialista Virginia González Gass (PSA).
