Durante la tarde de ayer, la Ciudad conoció un duro informe sobre la actualidad en el rubro salud mental, a partir de la investigación anual de los Legisladores que conforman la Comisión Especial de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 448. (Ver texto de la ley)
La rueda de prensa se realizó a un año de la violenta represión en el Hospital Borda y a pocos días de que la Justicia de la Ciudad revocara el sobreseimiento de Mauricio Macri y toda su primera línea de gobierno, como responsables directos del desastre que movilizó la agenda porteña aquella mañana del 26 de Abril del 2013.
La reunión fue organizada y coordinada por Virginia González Gass (PSA en UNEN), junto con Gabriela Alegre (FPV), María Elena Naddeo (FPP – MC) y Susana Rinaldi (FPP). Estuvieron ausente los diputados del oficialismo.
El documento detalla las políticas de desmantelamiento de las áreas vinculadas a la Salud Mental, marcadas por una progresiva reducción presupuestaria y el cierre de servicios, programas y dispositivos. Esta situación es denunciada hace rato por los profesionales de la salud, quienes, según el informe, intentan trabajar en un escenario complejo para atender situaciones urgentes como las adicciones y otras problemáticas en las que la rehabilitación y reinserción reclaman políticas activas.
El documento repasa que, por resolución del Gobierno de la Ciudad, a través de la cartera de Salud, ha reducido drásticamente suplencias de guardia, con el despido encubierto de especialistas que debían ser concursados y categorizados.
“El presupuesto sigue siendo más alto para los monovalentes con internación que para los dispositivos alternativos. Seguimos financiado un modelo que prioriza el encierro a la reinserción social”, explicó Virginia González Gass.
Por su parte, la titular del bloque del FPV, Gabriela Alegre, advirtió que “venimos trabajando hace años en este tema y siempre denunciamos el incumplimiento de la Ley Nº 448 de Salud Mental. Es lo que notamos desde el 2007, cuando asumió Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad”.
La diputada Susana Rinaldi agregó que “lo que hoy se presentó es uno de los informes más completos sobre salud mental, y el oficialismo PRO no lo firmó. El incumplimiento de la ley 448 implica el vaciamiento de hospitales, desestabilización laboral, y un achicamiento vergonzoso en recursos humanos. Además, hay que decirlo, de la intervención encubierta y prepotente en el Moyano. Este no es el mandato de la ley”.
“El ministerio de Modernización que es el nuevo agente del área de recursos humanos de todos los niveles de la Ciudad es el responsable del desmantelamiento de servicios y programas enteros en el área de salud mental, ya que han recortado miles de horas de suplencia y cientos de cargos de distinto tipo, muchos de los cuales han sido producto de una demanda sin tener una estructura definitiva”, sentenció la actual directora de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, María Elena Naddeo.
Entre los presentes estuvieron la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental, representantes de la Comisión Interna de los “Talleres Protegidos”; el Secretario Adjunto de ATE Capital, Humberto Rodríguez; María Cristina Varela de la Asamblea de Profesionales del Hospital Moyano; Silvia Ferrante, por la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA; Teresa Quartino en representación Hospital de Noche y Casa de Medio Camino del Hospital Borda; y Sergio Gagliano del NODO de Promoción de Salud.
