Avanza el Proyecto de Ley de Reparación Integral a las
Víctimas de "Cromañón", presentado
por los legisladores Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos)
y Fernando Sanchez (ARI-Coalición Cívica), el cual obtuvo
ayer dictamen de mayoría en la Comisión de Derechos
Humanos y ahora deberá ser tratado en la Comisión de Presupuesto.
El proyecto fue trabajado durante dos meses en la Comisión con la participación de familiares
y víctimas de Cromañón, de legisladores de diferentes bloques de la
oposición y finalmente fue consensuado con Juan
Cabandié (FPV), quien había presentado otro proyecto. El presidente del
Bloque Buenos Aires para Todos y miembro de la Comisión de DDHH, Fabio Basteiro, fue uno de los
principales impulsores.
Laura García Tuñón, manifestó al
respecto que "nos da una enorme satisfacción haber arribado a este
dictamen después de tanto trabajo colectivo y de una
búsqueda incesante del consenso. La Vicejefa de Gobierno
María Eugenia Vidal se comprometió a analizarlo y llevar una respuesta a la Comisión de Presupuesto,
así que estamos muy esperanzados en que podamos llevar adelante esta reparación
necesaria" y agregó: "vale aclarar que el subsidio no excluye
la percepción de una indemnización por la vía judicial pero ayuda a
todos aquellos que aún hoy debido al trauma sufrido, no están en condiciones de
afrontar un proceso de esas características".
Lo que pretende este
proyecto es brindar un subsidio mensual y vitalicio a las víctimas que hoy se
encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia del impacto provocado
en sus vidas por esta tragedia. Además,
el proyecto propone coordinar esta ayuda material con otras acciones, tales
como atención médica, psicológica y social para las víctimas, pensando en la
integralidad del daño sufrido.
Serán beneficiarios de este subsidio aquellas
personas que hayan sufrido la pérdida de un familiar directo, o padezcan
afecciones de salud físicas o psicológicas permanentes, que guarden relación
directa con los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004. El monto del mismo
será equivalente al fijado como Salario Mínimo Vital y Móvil por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil,
o su equivalente en el futuro.
Este subsidio se sustenta en el principio de
solidaridad social y en el convencimiento de que el estado debe atender las
consecuencias de un siniestro, que por omisión, ayudo a generar.
Por su parte, el diputado Alejandro
Bodart (MST-Nueva Izquierda)
expresó: "Hay tres
posturas. El gobierno macrista obstaculiza el pago de la indemnización
judicial, no asegura atención y su bloque rechaza toda ley. Otros bloques
plantean en forma populista un subsidio vitalicio, que es incorrecto porque no
ayuda a los sobrevivientes a su verdadera reinserción social. El eje de mi
proyecto es precisamente la reinserción, con asistencia en salud, educación,
empleo y ayuda económica hasta cobrar la indemnización." (ver adjunto)
Bodart agregó: "Como responsable de la
corrupción que causó muertes en Cromañón, el Poder Ejecutivo hoy a cargo del
Estado debe indemnizar. A su vez, un subsidio vitalicio a estos jóvenes
perjudica su verdadera recuperación e independencia: hay
que ayudarlos a reconstruir sus vidas sin victimizarlos eternamente ni
convertir la asistencia en asistencialismo."
