La semana pasada, la puerta de la Legislatura porteña fue el punto de encuentro para la manifestación de profesionales residentes y concurrentes de la salud pública local, con motivo de reflejar su rechazo a las políticas del Gobierno de la Ciudad en lo que refiere a la formación de psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, músicoterapeutas, psicopedagogos y terapistas ocupacionales.
Entre los profesionales se encontraban representantes de los hospitales Argerich, Penna, Moyano, Piñero, Fernández, entre otros. Se realizó una radio abierta a las 11 de la mañana del pasado 16 de noviembre para plantear los reclamos.
En solidaridad, los diputados Alejandro Bodart, Virginia González Gass, Gabriela Alegre, Jorge Aragón, Gabriel Fuks, Pablo Ferreyra y Marcelo Ramal presentaron un proyecto de declaración para que el Ministerio de Salud cumpla la cautelar del juez Aurelio Ammirato y suspenda la Resolución 400 (proy adj.).
Esta resolución aplicaba modificaciones en los programas de capacitación que, según los organizadores de la movida, "el Gobierno porteño pretende imponer cambios inconsultos: programas con marcado sesgo medicalizador y reduccionista, centrados en atender la urgencia, desconociendo un modelo integral anclado en la atención primaria y el derecho de los usuarios, contrariando la modalidad de atención en salud mental de las leyes 448 porteña y 26.657 Nacional".
(Ver el proyecto de declaración)
En la radio abierta, el diputado Bodart expresó: "Inconsultamente, el gobierno intenta fragmentar la formación y reducirla a una mera atención de guardia. En vez de un criterio integral e interdisciplinario como disponen las leyes de salud mental, busca retroceder al caduco modelo médico hegemónico."
En solidaridad, los diputados Alejandro Bodart, Virginia González Gass, Gabriela Alegre, Jorge Aragón, Gabriel Fuks, Pablo Ferreyra y Marcelo Ramal presentaron un proyecto de declaración para que el Ministerio de Salud cumpla la cautelar del juez Aurelio Ammirato y suspenda la Resolución 400 (proy adj.).
Esta resolución aplicaba modificaciones en los programas de capacitación que, según los organizadores de la movida, "el Gobierno porteño pretende imponer cambios inconsultos: programas con marcado sesgo medicalizador y reduccionista, centrados en atender la urgencia, desconociendo un modelo integral anclado en la atención primaria y el derecho de los usuarios, contrariando la modalidad de atención en salud mental de las leyes 448 porteña y 26.657 Nacional".
(Ver el proyecto de declaración)
En la radio abierta, el diputado Bodart expresó: "Inconsultamente, el gobierno intenta fragmentar la formación y reducirla a una mera atención de guardia. En vez de un criterio integral e interdisciplinario como disponen las leyes de salud mental, busca retroceder al caduco modelo médico hegemónico."
Del evento participaron la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Salud Mental, la Asociación de Profesionales de Servicio Social, la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano y el Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social. Adhirieron la Asociación de Psicólogos del GCBA, el Frente de Artistas del Borda, la Asociación de Licenciados en Enfermería, el Centro de Estudiantes de Psicología y la Agrupación Alternativa Estatal.
