Diputados de otros bloques de la oposición apoyaron su proyecto para actualizar y revitalizar el Consejo de Seguridad
El legislador Julio Raffo (Proyecto Sur) recibió el apoyo de legisladores de otros bloques de la oposición, al presentar un proyecto para revitalizar y actualizar la ley número 1689, del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta la fecha ni siquiera registra la existencia de la Policía Metropolitana.
El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito es un organismo creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma que integran el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el seguimiento de los planes de seguridad ciudadana del gobierno.
Allí se ven representados todos los actores relacionados con la materia porque convoca a participar a las fuerzas de seguridad que actúan en la ciudad, así como también a las organizaciones y redes comunitarias para que presenten inquietudes e informes.
Lamentablemente, este organismo ha sido llevado al olvido sin cumplir el papel que le corresponde en un área tan sensible como es la seguridad.
Este proyecto es acompañado por los bloques Coalición Cívica, Frente Progresista y Popular y Nuevo Encuentro. Las modificaciones propuestas pretenden relanzar un Consejo más operativo y eficiente, para que la ciudadanía pueda contar con un espacio para tratar los problemas de inseguridad de mediano y largo plazo.
Entre otros aspectos, el proyecto propone al Consejo de Seguridad como un espacio de evaluación, asesoramiento y coordinación entre la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y la Nación, así como para el control y seguimiento de políticas de seguridad pública y ciudadana con un sentido amplio que incluya la participación ciudadana, de las Comunas y la Defensoría del Pueblo, evitando que el sensible tema de la seguridad quede exclusivamente en manos policiales.
Complementariamente, el Consejo deberá establecer una política comunicacional frente a la sociedad para constituirse en un espacio de referencia en la materia. Deberá analizar las estadísticas oficiales y su correspondencia con lo que transmiten los medios de comunicación y tendrá la obligación de publicar informes de actividad y diagnósticos sobre el funcionamiento del sistema de seguridad pública.
