Palabras del diputado porteño Julio Raffo
Esta ley ha sido redactada y aprobada para seguir "recomendaciones" del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacionalsobre el Blanqueo de Capitales) que es un organismo propiciado por los Estados Unidos e integrado por 29 países. En este "Grupo" no participan la India, Venezuela, Rusia, Bolivia, Ecuador ni Costa Rica, entre muchos otros.
En su primer artículo se establece que:
"Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo."
"Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional."
En buen romance, esto quiere decir que si los argentinos volvemos a salir a la calle para condenar la invasiónnorteamericana a un país hermano, como lo fue la invasión a Santo Domingo en 1965, o para condenar la Guerra del Líbanoen 1982, podríamos ser acusados de querer "obligar a un gobierno extranjero a realizar un acto (irse del país invadido) o abstenerse de hacerlo (dejar de seguir invadiendo), y con ello estaríamos alterando las relaciones amistosas con el invasor, por lo que nos sería aplicable el Art. 219 del Código Penal, con el agravante de la Ley Antiterrorista.
Si en lugar de repudiar la invasión realizada por una potencia, salimos a la calle a exigir aumento de salario, la libertad de un compañero preso o la renuncia de un funcionario o de un presidente (como lo hicimos en el 2001) quedará al arbitrio de un Juez el determinar si tenemos o no el "derecho constitucional" de hacer lo que estamos haciendo porque, en rigor de verdad, en ninguna parte de la Constitución se habla expresamente de ninguno de esos derechos, por lo cual la salida que parece brindar el segundo párrafo no garantiza nada en materia de preservar la protesta social o política de la represión del Estado.
En este caso, como en el caso de la protección a la Barrick en su depredación y saqueo de la Cordillera, de la invitación al presidente -ilegítimo- de Honduras, de la prórroga de las concesiones petroleras, de la reciente alianza con Vila, Manzano y Menem, del pago a libro cerrado de la deuda externa, entre muchas otras lindezas, el kirchnerismo muestra su verdadero rostro de sumisión a los Estados Unidos y a los negocios auspiciados por el "Amigo Obama".
Con la Ley Antierrorista el Gobierno busca reprimir la protesta social con los instrumentos legales que le exigen los Estados Unidos. Por eso la combatimos y exigimos su derogación.
En su primer artículo se establece que:
"Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo."
"Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional."
En buen romance, esto quiere decir que si los argentinos volvemos a salir a la calle para condenar la invasiónnorteamericana a un país hermano, como lo fue la invasión a Santo Domingo en 1965, o para condenar la Guerra del Líbanoen 1982, podríamos ser acusados de querer "obligar a un gobierno extranjero a realizar un acto (irse del país invadido) o abstenerse de hacerlo (dejar de seguir invadiendo), y con ello estaríamos alterando las relaciones amistosas con el invasor, por lo que nos sería aplicable el Art. 219 del Código Penal, con el agravante de la Ley Antiterrorista.
Si en lugar de repudiar la invasión realizada por una potencia, salimos a la calle a exigir aumento de salario, la libertad de un compañero preso o la renuncia de un funcionario o de un presidente (como lo hicimos en el 2001) quedará al arbitrio de un Juez el determinar si tenemos o no el "derecho constitucional" de hacer lo que estamos haciendo porque, en rigor de verdad, en ninguna parte de la Constitución se habla expresamente de ninguno de esos derechos, por lo cual la salida que parece brindar el segundo párrafo no garantiza nada en materia de preservar la protesta social o política de la represión del Estado.
En este caso, como en el caso de la protección a la Barrick en su depredación y saqueo de la Cordillera, de la invitación al presidente -ilegítimo- de Honduras, de la prórroga de las concesiones petroleras, de la reciente alianza con Vila, Manzano y Menem, del pago a libro cerrado de la deuda externa, entre muchas otras lindezas, el kirchnerismo muestra su verdadero rostro de sumisión a los Estados Unidos y a los negocios auspiciados por el "Amigo Obama".
Con la Ley Antierrorista el Gobierno busca reprimir la protesta social con los instrumentos legales que le exigen los Estados Unidos. Por eso la combatimos y exigimos su derogación.
