La semana pasada, Amnistía Internacional presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de un caso en el que se discute el potencial impacto discriminatorio de la política educativa de la Ciudad, impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
“La asignación de recursos destinados a escuelas primarias en los distritos más pobres, ha resultado en una oferta limitada en comparación con los distritos más ricos de la ciudad”, señaló Amnistía Internacional.
“La asignación de recursos destinados a escuelas primarias en los distritos más pobres, ha resultado en una oferta limitada en comparación con los distritos más ricos de la ciudad”, señaló Amnistía Internacional.
En un escrito de "amicus curiae" – una figura legal que permite a personas o instituciones ofrecer su opinión al tribunal, en casos de interés público – la organización aportó criterios relevantes y estándares regionales, internacionales y de derecho comparado sobre el reconocimiento del estatus socio-económico como motivo de discriminación y la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la educación para todas y todos.
El escrito presentado por Amnistía Internacional afirmó que debe garantizarse el derecho a la educación de todas las personas a través de la asignación de recursos suficientes, y que deben priorizarse aquellas personas en situación de mayor marginación y desventaja al momento de tomar decisiones de política pública presupuestaria.
Allí se indicó que “el principio de no discriminación va más allá de meramente prohibir prácticas y políticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas que tienen un impacto discriminatorio en contra de ciertas categorías de personas, incluso si no es posible demostrar su intención discriminatoria”, señaló Amnistía Internacional en su documento.
En tal sentido, recordó la obligación de los Estados de “asegurar que la asignación de recursos entre escuelas sea justa y equitativa y que las escuelas de las zonas marginadas y remotas reciban un apoyo adicional que les permita obtener mejores resultados”.
“Varios tribunales alrededor del mundo, incluso en países de América Latina, han subrayado el rol que puede desempeñar el poder judicial al pronunciarse sobre la asignación de recursos y política pública, para evitar situaciones de discriminación y exclusión”, indicó Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. (Web y Face)
El Tribunal Superior de Justicia tiene la oportunidad de reafirmar la progresiva tendencia en la jurisprudencia argentina de dotar a los derechos económicos, sociales y culturales valor jurídico y asegurar que tales derechos son garantizados sin discriminación, honrando los compromisos asumidos por Argentina a través de su Constitución y los tratados de derechos humanos.
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