El martes 19 el diputado Alejandro Bodart (MST - Nueva Izquierda) presentó un proyecto de ley para crear el Cuerpo de Profesionales Verificadores en los sistemas de control. Esta iniciativa tiene como motor impulsor el conflicto que se generó cuando el Gobierno de la Ciudad, hace poco más de un mes, disolvió el cuerpo de verificadores porteños a través del decreto Decreto 271/14.
En ese texto, Mauricio Macri reemplaza al Cuerpo de Verificadores de obras (PVO), creado en el año 2000, por un grupo de inspectores que dependerían de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), liderada por su titular, Juan José Gómez Centurión.
La polémica surge al tratar de dilucidar como solo 20 agentes podrán acaparar el complejo trabajo que hasta ahora realizaban aproximadamente 1000 verificadores.
Este grupo de profesionales son quienes realizan los controles de obras y construcciones en la Ciudad de Buenos Aires. De ellos dependen las habilitaciones o inhabilitaciones de inmuebles. La Asociación de Profesionales Perito Verificadores (APPV) y otros diputados opositores al macrismo (Virginia González Gass, Pablo Bergel, Marcelo Ramal y la ex legisladora María José Lubertino) se adhirieron a la presentación de este proyecto de ley, el cual incorpora la figura de las comunas como fiscalizadores de sus tareas.
En las semanas que siguieron a la publicación del decreto en el boletín oficial, el diputado Bodart se sumó a la Arquitecta Lilian Rodríguez, presidente de la APPV, en la presentación de un amparo que anule la aplicación del decreto en cuestión.
"Persistir en esta medida es tentar a la corrupción y la delincuencia. La peor consecuencia es que habrá mayores niveles de riesgo, como desgraciadamente lo vimos con los últimos derrumbes.", se quejó Rodríguez.
"Los verificadores de obra damos mayor transparencia a los controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes asignados por sorteo. Nuestro registro nació ante la corrupción en las inspecciones y abarca a unos mil arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador es debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención y la seguridad de las personas.", concluyó la arquitecta.
Bodart destacó que "estamos frente a un plan sistemático del gobierno macrista para debilitar el control público"
El legislador recordó los tres derrumbes que se sucedieron en distintas partes de la ciudad en el último mes y que incluso ocasionaron la muerte de un obrero en Parque Patricios: "Menos control significa más derrumbes y más muertos. En lugar de eliminarlos como hace Mauricio Macri, hace falta fortalecer todos los controles públicos. El amparo apunta en esa dirección."
"El macrismo es responsable de estas tragedias por debilitar todos los controles. El subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor quiso vaciar el cuerpo de inspección laboral. Ahora por decreto liquidan la tarea de los verificadores de obras, que nacieron hace 14 años para combatir la corrupción porque son independientes del gobierno y adjudicadas por sorteo.”, continuó Bodart.
En un primer comunicado publicado por la APPV al inicio del conflicto, se aclaró el procedimiento que une el trabajo de los verificadores con la AGC y las cientos de denuncias que se archivan en contra del organismo encabezado por Centurión.
En ese texto, Mauricio Macri reemplaza al Cuerpo de Verificadores de obras (PVO), creado en el año 2000, por un grupo de inspectores que dependerían de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), liderada por su titular, Juan José Gómez Centurión.
La polémica surge al tratar de dilucidar como solo 20 agentes podrán acaparar el complejo trabajo que hasta ahora realizaban aproximadamente 1000 verificadores.
Este grupo de profesionales son quienes realizan los controles de obras y construcciones en la Ciudad de Buenos Aires. De ellos dependen las habilitaciones o inhabilitaciones de inmuebles. La Asociación de Profesionales Perito Verificadores (APPV) y otros diputados opositores al macrismo (Virginia González Gass, Pablo Bergel, Marcelo Ramal y la ex legisladora María José Lubertino) se adhirieron a la presentación de este proyecto de ley, el cual incorpora la figura de las comunas como fiscalizadores de sus tareas.
En las semanas que siguieron a la publicación del decreto en el boletín oficial, el diputado Bodart se sumó a la Arquitecta Lilian Rodríguez, presidente de la APPV, en la presentación de un amparo que anule la aplicación del decreto en cuestión.
"Persistir en esta medida es tentar a la corrupción y la delincuencia. La peor consecuencia es que habrá mayores niveles de riesgo, como desgraciadamente lo vimos con los últimos derrumbes.", se quejó Rodríguez.
"Los verificadores de obra damos mayor transparencia a los controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes asignados por sorteo. Nuestro registro nació ante la corrupción en las inspecciones y abarca a unos mil arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador es debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención y la seguridad de las personas.", concluyó la arquitecta.
Bodart destacó que "estamos frente a un plan sistemático del gobierno macrista para debilitar el control público"
El legislador recordó los tres derrumbes que se sucedieron en distintas partes de la ciudad en el último mes y que incluso ocasionaron la muerte de un obrero en Parque Patricios: "Menos control significa más derrumbes y más muertos. En lugar de eliminarlos como hace Mauricio Macri, hace falta fortalecer todos los controles públicos. El amparo apunta en esa dirección."
"El macrismo es responsable de estas tragedias por debilitar todos los controles. El subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor quiso vaciar el cuerpo de inspección laboral. Ahora por decreto liquidan la tarea de los verificadores de obras, que nacieron hace 14 años para combatir la corrupción porque son independientes del gobierno y adjudicadas por sorteo.”, continuó Bodart.
En un primer comunicado publicado por la APPV al inicio del conflicto, se aclaró el procedimiento que une el trabajo de los verificadores con la AGC y las cientos de denuncias que se archivan en contra del organismo encabezado por Centurión.
"Al GCBA tampoco parece preocuparle que existan 14.000 denuncias por obras con irregularidades pese a haber pasado la verificación. Esos datos precisamente la AGC los obtiene de la tarea de los Profesionales Verificadores de Obra, que a su vez desconocen qué hace luego ese organismo con sus informes. Los PVO constatan y declaran las irregularidades observadas en obra y hoy Juan José Gómez Centurión (Titular de la AGC) intenta mostrarlas como 14.000 actos de corrupción".
De este modo se intenta evitar cualquier tipo de confusión, dado que los vecinos en general pueden pensar que aquellas personas que chequean edificios y construcciones son los responsables antes potenciales posteriores catástrofes.
De este modo se intenta evitar cualquier tipo de confusión, dado que los vecinos en general pueden pensar que aquellas personas que chequean edificios y construcciones son los responsables antes potenciales posteriores catástrofes.
