Su área de influencia es aquella que debe regular las habilitaciones, las inspecciones y las potenciales clausuras de locales y empresas constructoras. Hace dos meses atrás habñian surgido varias sospechas de corrupción y sobornos a funcionarios del sector, para evitar profundizar en esas cuestiones.
Para explicar el accionar previo y posterior al derrumbe, se acercó Ibañez.
¿Qué explicó el funcionario?
En primer lugar, el funcionario aclaró, ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Isidori Madueña y las pérdidas materiales totales para los vecinos del edificio, que "Estamos ante un hecho sumamente lamentable”, y que “el accionar de la Agencia no es querer que se caigan los edificios" y sostuvo que evitar estas situaciones depende de "la suma del accionar del Estado y los ciudadanos". Destacó que " hay que establecer la responsabilidad de los constructores, arquitectos y la que a mí me cabe, pero para ganancia política algunos quieren confundir la responsabilidad de una agencia que no la tiene".
"Represento la voz de una agencia que tiene 3000 personas trabajando todos los días, para controlar a tres millones de personas que viven y más de dos millones que vienen todos los días, tenemos el concepto de mejorar continuamente", afirmó el funcionario.
Respecto de las críticas de algunos diputados, que afirmaron que en ninguna otra ciudad del mundo se derrumban edificios, respondió: "parece que este es el peor control del mundo pero en Nueva York hay 120 derrumbes por año y tienen 1188 agentes de inspección, diez veces más que nosotros. Entre 2008 y 2010, cuatro obras como estas se cayeron en Nueva York, también hay ejemplos en Barcelona, Valencia, Roma, infinidad de medianeras se caen en todo el mundo y aquí tenemos estos casos pero con una cantidad menor". "Hay que tener seriedad al informar", apuntó.
De todos modos, las comparaciones nunca son efectivas ni buenas.
Luego, el Director General de Fiscalización y Control de Obras, Mario Boscoboinik, que los planos presentados para la obra lindante con el edificio de Bartolomé Mitre derrumbado, incluye "tres subsuelos, una planta baja y un edificio de oficinas". Más adelante este funcionario relató que durante "2008 hubo cuatro episodios y este año siete episodios, de los cuales el 50% se producen en las medianeras, y durante las hormigonadas se produce el otro 50% de los casos". Finalizó diciendo que "entender estas causas permiten prevenir los hechos".
Ibáñez estuvo de acuerdo en la necesidad de generar nueva normativa y mantener un diálogo con la Legislatura para la elaboración de leyes: "Es necesario hacer cambios normativos", afirmó y más adelante anunció: "estoy armando un organismo que unifique las normativas, no hay un órgano técnico de consulta permanente para ustedes y para los asesores".
En cuanto a la reglamentación de la Ley 3562, afirmó que la misma "tiene muchas partes que son operativas y no necesitan reglamentación para aplicarse" y a continuación afirmó que fueron cumplidos los artículos operativos. Además agregó que "hay cosas puntuales que sí son para reglamentar", y que "hay algunas que son para replantear por parte del legislativo y que ello generó conflictos internos" y dio como ejemplo que no estaba claro en cuanto a los planos si deben registrarse o aprobarse. En este sentido reafirmó: "se va a reglamentar en lo que es posible y los sobre que generan mayor inseguridad se enviará un proyecto de ley complementario consensuado".
En cuanto a la obra de Bartolomé Mitre, aseveró que se hicieron 7 inspecciones en total y que "una obra de este tipo lleva un tiempo muy largo, como 5 meses de trabajo" (en esta etapa de excavación). Luego afirmó que las inspecciones se realizan según indica la ley, en función del avance de la obra. Además contestó que "la ley no manda a perito verificador de obra, manda a inspeccionar. Basándonos en lo que dice la ley nosotros estamos obligados a inspeccionar".
"Hay muchas acciones que habrán llevado a que se caiga el edificio", aseguró el funcionario. "Seguramente habrá habido una mala praxis, la antigüedad de los edificios, situaciones inadvertidas. Tendremos que saber si el arquitecto o el profesional en ese momento de crisis estuvo a la altura de ese minuto fatídico, y si hubiera podido evitar esto. Hay una responsabilidad profesional y hay hechos que tendrá que explicar en la Justicia", afirmó Ibáñez.
La Dirección de Fiscalización y Control tiene 126 inspectores, y el área de Obras, 65, aseguró, y luego explicó que los inspectores tienen distintas profesiones y capacidades y se encargan de inspeccionar distintas cosas: instalaciones contra incendio, elevadores, instalaciones eléctricas, calderas, entre otras. En tanto, aseguró que "el cuerpo más importante es para las obras". También afirmó que la proyección final de inspecciones para este año es de 26.600. "Hemos crecido muchísimo este año en cantidad de inspecciones; se realizaron 10.000 denuncias, y duplicamos ese número en la cantidad de inspecciones. Hemos mejorado la calidad inspectiva y los sistemas de programaciones de las inspecciones, tenemos un nuevo edificio para los inspectores.
Con respecto a la organización del trabajo del área que conduce, el funcionario afirmó: "tenemos nuestros controles efectivos, hemos unificado todas las denuncias, tenemos a un triage para repartir las denuncias a las dependencias que corresponden y tenemos un trabajo metódico respecto de adónde vamos y cómo vamos a inspeccionar". En tanto, a partir de una consulta del diputado Marcelo Parrilli (MST en Proyecto Sur), Ibáñez explicó que la designación de cargos de la AGC ha avanzado desde su llegada, y que "ya están los candidatos seleccionados, ahora resta que se sometan al plan del concurso".
En cuanto al resarcimiento a las familias afectadas dijo: "la indemnización es un tema que lo van a tener que tratar en la Legislatura, es un tema que lo está manejando el Ejecutivo y hay clara actitud de resarcir a quienes han perdido todo". Luego afirmó que "el Estado asumiría el rol de litigante contra la empresa".
Del otro lado se ubicó el diputado Fabio Basteiro (Buenos Aires para todos), quien, ante la presentación del funcionario, dijo que "Ibáñez ha manifestado un nivel de irresponsabilidad y soberbia que realmente nos preocupa, porque con una muerte y la situación que se ha vivido en estos días, lo primero que tendría que haber hecho es reconocer los errores".
"Todos los funcionarios del gobierno que tienen responsabilidades en esta tragedia deberían dar un paso al costado de forma inmediata y permitir que avancen las investigaciones y las medidas necesarias para dar respuesta a esta situación de emergencia".Basteiro afirmó que "los problemas técnicos surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones, y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley 3562 que fue sancionada en 2010".
"Este boom inmobiliario alentado por los gobiernos de la Ciudad y la Nacion, sumado a una cultura de negociados entre las grandes corporaciones de la construcción y la complicidad de funcionarios de diferentes niveles de gobierno que hacen la vista gorda, provocan esta situación que como en este caso y otros anteriores se termina pagando con vidas." "Ya hemos lamentado las tragedias del gimnasio de Urquiza, de Beara, de Pedro Goyena y el macrismo siempre responsabiliza a otros, nunca hay una responsabilidad directa del estado que está ausente y no tiene una política determinante respecto al control de las construcciones", finalizó Basteiro.
(Parte de la información detallada corresponde a www.tiempopyme.com)
