En la sesión ordinaria de hoy, jueves 28 de noviembre, se aprobó finalmente, y por unanimidad la Ley de Reparación Integral a las
Víctimas de "Cromañón", presentado por los legisladores Laura
García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sanchez (ARI-Coalición
Cívica), y consensuado con Juan Cabandié (FPV) y Karina Spalla (PRO), quienes por separado habían presentado otros proyectos.
Este proyecto, el fruto de un arduo trabajo con la
participación de familiares y víctimas de Cromañón, brinda un subsidio mensual y vitalicio a las víctimas que hoy se encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia del impacto provocado en sus vidas por esta tragedia. Además, contempla atención médica, psicológica y social para las víctimas, pensando en la integralidad del daño sufrido.
La norma garantiza una asistencia económica mensual por el término de cinco años de $ 2.400 para los sobrevivientes y $ 1.200 para los familiares de víctimas fatales hasta el 1º grado por consanguinidad o afinidad, que será actualizada anualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña (IPCABA). Asimismo establece que la asistencia económica cesa en caso de cobro de alguna indemnización judicial o extrajudicial.
Laura García Tuñón, manifestó al respecto que "nos reconforta que después de
9 años de lucha el Estado se haga cargo de la masacre de Cromañón. Esta Ley es el producto del esfuerzo a través
de la organización de la Coordinadora Memoria
y Justicia por Cromañon".
"No es sólo una reparación económica
sino una integralidad de derechos, que incluye prestaciones de
salud y educación y acceso a
Ciudadanía Porteña, incluyendo a los que no viven en capital. Pero lo mas
destacable es la creación de la Comisión de
Seguimiento, como control ciudadano".
Serán beneficiarios de este subsidio aquellas personas que hayan
sufrido la pérdida de un familiar directo, o padezcan afecciones de salud
físicas o psicológicas permanentes, que guarden relación directa con los hechos
ocurridos el 30 de diciembre de 2004. Este subsidio se sustenta en el principio
de solidaridad social y en el convencimiento de que el estado debe atender las
consecuencias de un siniestro, que por omisión, ayudo a generar.